Pablo de Lora: «Los brotes de ira populista traen consecuencias legislativas perniciosas»

Pablo de Lora (Madrid, 1968) en catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de decenas de artículos académicos y varios ensayos. Los más recientes son Lo sexual es político (y jurídico) (Alianza, 2019) y El laberinto del género (Alianza, 2021). Próximamente estarán en librerías dos nuevas obras, un ensayo sobre los derechos humanos titulado Los derechos en broma (Deusto) y la que será su obra más personal hasta el momento: Recordar es político (Alianza). Además, Pablo de Lora escribe cada sábado una tribuna en THE OBJECTIVE.

PREGUNTA.- Háblanos del problema de la suerte moral.

RESPUESTA.- El problema de la suerte moral es endiablado, porque como muchos otros problemas filosóficos, presenta dos intuiciones morales que son contradictorias hasta cierto punto. También plantea un dilema jurídico muy interesante y debatido. Es una de esas cuestiones persistentes según algunos filósofos, que se refiere a si el azar o la suerte pueden justificar o no una conducta, y si esta debe ser castigada o no. Es un tema que ha dado muchos quebraderos de cabeza, especialmente en el ámbito penal, entre los subjetivistas y los objetivistas, entre otros.

La primera intuición es que la suerte no debería justificar determinadas cuestiones. Por ejemplo, si alguien intenta matar a alguien y no lo logra solo por suerte, eso no debería ser un motivo de justificación. En ese caso, lo que realmente importaría son las intenciones del individuo. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta nuestras reacciones y nuestra psicología moral cotidiana, a pesar de haber hecho todo correctamente, como en el caso que mencionó Bernard Williams en su día: «He hecho todo lo que uno debe hacer. He seguido el estándar de diligencia adecuado. Cuando revisé el coche, los frenos estaban perfectos. Soy un conductor totalmente responsable. Pero esa noche, un niño cruzó de manera imprevista y lo atropellé». Claro, no lo he matado intencionalmente. Y mi conducta no era imprudente. Sin embargo, lamentaré eso toda mi vida. Esa es la dimensión de la suerte moral, que también es problemática porque es ineludible. No consideraríamos humano a alguien que no sufre por ese hecho, porque no se trata de una tormenta o un rayo, sino de algo que él o ella causó. Estas son las dos dimensiones de la suerte moral que plantean estos dilemas o rompecabezas.

P.- ¿Cómo relacionarías el problema de la suerte moral con la meritocracia?

R.- El problema radica en que existen circunstancias aleatorias que complican el asunto. He aquí otro rompecabezas difícil de abordar. No queremos que estas circunstancias influyan a la hora de obtener ventajas sociales, sean cuales sean. No estamos abogando por una igualdad liberal total. Creemos que el poder público debe intervenir precisamente porque la suerte no justifica tus ventajas ni la mala suerte justifica tus infortunios, ni las limitadas oportunidades o posibilidades de prosperar como agente moral. Así que tenemos esta idea de que la carrera debe comenzar en igualdad para todos. Es lo más cercano que podemos lograr para nivelar el campo de juego. Sin embargo, también existen circunstancias puramente aleatorias en las que debemos intervenir. Parece algo inasumible y genera una tensión difícil de resolver. Algunos libertarios astutos han planteado esto relacionándolo con nuestra propia salud, o incluso más directamente con nuestro cuerpo que nos ha sido dado por la naturaleza. Ahí es donde surgen límites a la intervención del poder público, límites que no podemos justificar más que diciendo que si a alguien le ha tocado tener unos riñones que funcionan mejor que a otra persona, no voy a hacer ninguna redistribución y dejaré las cosas como están. Y aunque haya mencionado riñones como ejemplo, podría ser cualquier otra cosa. Esto tendrá consecuencias en la distribución de cargas y beneficios, entre otros aspectos.

P.- Para aterrizar el debate en algo más concreto, podemos considerar el caso de una persona que tiene la suerte de nacer en una familia con recursos que puede costearle no solo los estudios, sino también clases de refuerzo y una academia de idiomas, de tal manera que se incorpora a la vida laboral más preparado que alguien con las mismas capacidades, pero con menos suerte. El poder público puede intervenir para asegurar garantizar que quienes no tienen la misma suerte puedan tener las mismas oportunidades, pero no puede hacer mucho frente a la desigualdad que no es circunstancial sino constitutiva: no todas las personas nacen con la misma inteligencia.

R.- Bueno, en ese caso, puede hacer mucho menos que si se tratara de reforzar con más horas a la persona que está socialmente desaventajada. Ahí nos encontramos con barreras que técnicamente no se pueden superar. Es decir, el costo de hacerlo sería completamente inasumible, o también podríamos tener resistencia normativa, especialmente si la intervención implica lo que los anglosajones llaman el leveling down. Algunos autores han señalado, por ejemplo, el impacto tremendo que tiene en el desarrollo y maduración de los niños el número de campos semánticos y vocabulario que escuchan en sus hogares. Si pones a un niño de cuatro años en una familia culturalmente privilegiada, ese niño escuchará diez descripciones diferentes de una casa o adjetivos que un niño nacido en una familia menos educada nunca escuchará. ¿Cómo se puede intervenir en esto? ¿Imponemos multas a los padres que usen un vocabulario rico? ¿Les restringimos el uso de su propio idioma para frenar este tipo de intervención? Hay autores, con los que seguramente estás familiarizado, que también hablan sobre las intervenciones del poder público en los cuentos que se leen antes de dormir. Dicen que una persona con más recursos y una buena biblioteca infantil no puede leerle más a su hijo o hija antes de dormir que una familia desfavorecida. Bueno, esto plantea dilemas difíciles de resolver.

«Es descabellado no ser consciente de que las agresiones sexuales tienen una gravedad que varía en función de su intensidad. Esas famosas horquillas deberían ser diferentes por razones de proporcionalidad penal»

P.- Es un problema endiablado: o bien aceptamos una intervención abusiva, o bien aceptamos que siempre existirán desigualdades. Aquí es donde Michael Sandel propone un remedio que no tiene que ver con esa intervención, sino con corregir el orgullo de aquellos que están en una posición privilegiada, que no confundan su suerte por mérito.

R.- Sí, creo que Sandel ha tocado una tecla bien afinada, ha abordado este tema de manera acertada. Se trata de no vanagloriarnos de esa suerte. Sucede que también existe una tercera intuición muy curiosa, y es que hay una dimensión de la suerte que también admiramos. Es decir, queremos ver esa dimensión, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Admiramos a Usain Bolt, no tanto por su entrenamiento, aunque se entrena mucho, y eso es esfuerzo y mérito, es cierto. Uno no puede correr como Usain Bolt a menos que se entrene mucho. Pero admiramos a los Usain Bolt por lo que la naturaleza les ha dado, por lo que es pura suerte. Y ahí también se presenta una tensión curiosa. ¿Qué puede hacer el poder público cuando se encuentra con barreras normativas o fácticas? Bueno, en ese caso, las políticas de redistribución tienden a mejorar la situación de aquellos que están peor en lugar de empeorar la de aquellos que están mejor, para igualar las oportunidades.

Ahí sí veo una reacción liberal justificada frente a ello. Y también hay un argumento instrumental que tiene que ver con lo que funciona mejor para la sociedad. Si una meritocracia, a pesar de tener estos componentes algo cuestionables que aumentan la desigualdad, funciona mejor para la sociedad y hace que aquellos que están peor estén mejor de lo que podrían estar, ¿no es eso preferible?

P.- ¿Crees que el debate sobre la meritocracia en la actualidad se plantea en términos honestos?

R.- No, en muchos casos no lo son. Aquellos que lo critican a veces lo hacen de manera espuria y, además, suelen ser tremendamente confusos. Tengo la sensación de que se mezclan muchas cosas que no tienen mucha relación, y deberíamos aclarar y deslindar bien esos conceptos, pero no se hace. Esa es al menos mi impresión.

P.- En 2019 publicaste Lo sexual es político (y jurídico), que aborda dimensiones filosóficas relacionadas con las libertades sexuales y el Código Penal. Recientemente, se ha reformado la llamada ley del solo sí es sí, que en sus orígenes fue una reacción a la primera sentencia del caso La Manada. ¿Qué objetivos tenía esa libro y qué añadirías a la luz de lo que ha sucedido después?

R.- En cuanto a la segunda parte, no estoy seguro de si tengo una respuesta inmediata. Creo que reescribiría algunas de las cosas que escribí de manera diferente. Es posible que alguno de los capítulos no encajara del todo bien. Pero yendo a la primera parte, ahí puedo responder mejor. Mi intención era abordar la teoría política feminista en lo que respecta a la moralidad y legalidad de las relaciones sexuales, no solo en lo que concierne al sexo como actividad humana tan fundamental e importante. Lo quería hacer principalmente porque el llamado feminismo de la tercera ola, encabezado por Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin, entre otras, había centrado mucho el enfoque en esa cuestión. Y me parecía que detrás de algunos excesos presentes en las obras de esas autoras, había una cuestión a la que, años antes, quizás no se había prestado tanta atención. También se había producido cierta revolución en el Código Penal de España, modificando de manera significativa, aunque quizás tardía, los delitos que ahora se llaman contra la libertad sexual. Entonces, desde un punto de vista filosófico, me parecía que esta cuestión de la licitud del sexo era muy interesante y sugerente. Además, quería estudiar y comprender mejor las justas críticas de ese feminismo. En ese contexto, de repente, aparece o se dicta la primera sentencia de La Manada. Y, por supuesto, todo eso influye. Dedico una parte importante del libro a abordar esta cuestión y al el movimiento en general, donde también hay otras cuestiones importantes como los límites o el alcance de la presunción de inocencia.

P.- ¿Dirías que el tiempo te ha dado la razón?

R.- Mucha gente se ha dado cuenta del extraordinario populismo punitivo que se vivió en los días previos y posteriores al conocimiento de la sentencia. Quiero pensar que en ese momento era muy difícil ir en contra de la corriente, pero en cualquier caso, era muy fácil esperar un poco. Se hicieron declaraciones públicas de manera inmediata, sin haber tenido la oportunidad de leer prácticamente la sentencia ni el famoso voto particular. Años después, quiero pensar que la mayoría reconoce, aunque sea en su fuero interno, que ese brote de ira populista, carente de reflexión, ha traído consecuencias legislativas enormemente perniciosas, las cuales, además, no se han superado con esta contrarreforma.

P.- ¿Qué haría falta para superarlas?

R.- En buena medida, creo que en los sectores más inclinados a la modificación de los artículos relacionados con la agresión sexual y el abuso late un afán antipunitivo. En ese sentido, creo que podrían haber sido honestos desde el principio y decir: «Bueno, esta reforma, en línea con el feminismo tal y como lo entendemos, tiene dos dimensiones». Una es la de no distinguir entre agresión y abuso, que, aunque no sea solo una cuestión nominal, porque los términos y los nombres no importan tanto, es descabellado no ser consciente de que las agresiones sexuales tienen una gravedad que varía en función de su intensidad. Es decir, si hay violencia e intimidación, si se actúa sin consentimiento o contra el consentimiento… Esas famosas horquillas deberían ser diferentes por razones de proporcionalidad penal. Además, si a esa justificación de la reforma se hubiera añadido otra, que yo también destaco en mi libro, sobre la desproporción de las penas en España para los delitos contra la libertad sexual en comparación con otros delitos que también afectan a bienes jurídicos fundamentales.

«Desde el primer momento en que se empezaron a conocer estas revisiones de condena, me pareció incomprensible la reacción de una ministra que decía que era un bulo machista. Esa osadía es incomprensible»

P.- ¿Puedes dar un ejemplo?

R.- Puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, el delito de lesiones graves cuando estas ocasionan la pérdida de uno de los sentidos o una función principal, como dejar a una persona ciega, puede recibir una pena mucho menor que una violación en la que haya habido intimidación. Creo que eso es muy llamativo. En la horquilla más alta de la violación, cuando hay penetración y violencia, las penas son equivalentes al nivel más bajo de homicidio. Entonces, en la izquierda tradicional, o al menos en la que yo he crecido o he podido observar durante mis estudios de derecho y con mis profesores, el antipositivismo era una señal distintiva. Creo que si eso se hubiera presentado desde el principio como una de las reformas necesarias, no habríamos experimentado lo que hemos vivido después. Lo que se ha demostrado es que, al menos en Podemos no parecen seguir ese principio antipunitivista. Durante las negociaciones sobre las enmiendas con el PSOE y otros partidos, incluso han apostado por aumentar las penas vigentes antes de la reforma, que creo que el Partido Socialista quería recuperar junto con el PP. Creo que eso se podría haber explicado desde el principio, diciendo que, efectivamente, como han advertido algunos juristas muy destacados desde que la ley entró en vigor, habrá revisiones de sentencias y algunas excarcelaciones. Si hubiéramos aceptado este desafío por estas razones, que considero atendibles incluso si uno mira el derecho comparado, hubiésemos estado en otra situación. Pero no se ha hecho así. Creo que se ha abordado de manera grosera y burda, y se debería haber insistido en ello en contra de la corriente. Desde el primer momento en que se empezaron a conocer estas revisiones de condena, me parece incomprensible la reacción de una ministra que dice que no habrá ni una revisión, que es un bulo machista, cuando hay expertos en derecho penal que te dicen todo lo contrario. Esa osadía es incomprensible. Pero después podríamos haber dicho: «Ustedes están poniendo un contador en los periódicos, y todo esto también es de un populismo atroz». Seamos claros: pederastas y violadores, a menos que se les haya impuesto una pena de prisión permanente revisable, salen en algún momento y no veo ningún contador en ningún lugar.

P.- El alarmismo ha cambiado de bando. Ahora es una parte de la derecha quien clama que las calles se están llenando de violadores.

R.- Sí, y creo que había un planteamiento liberal, en el sentido de preocupación por las consecuencias de una moralización excesiva del derecho penal. Esto no es consecuencia, en mi opinión, de planteamientos como el de definir el consentimiento con actos expresos. Si se invierte la carga de la prueba y tienes que demostrar que has tenido la diligencia suficiente para asegurarte de que había un consentimiento genuino, sería incoherente. Frente a eso, se ha traicionado un planteamiento liberal, por así decirlo, en reacción a la desastrosa reforma propiciada por Irene Montero.

P.- En 2021 publicaste El laberinto del género, un ensayo muy útil para comprender la ideología que sostiene la ley trans. ¿Cuáles son tus mayores temores respecto a esa ley que ya ha sido aprobada?

R.- La llamada ley trans, al hacer de la autoidentificación de género el criterio para modificar el sexo en el Registro Civil, socava muchas políticas públicas y diagnósticos que a veces, justificadamente, promueven acciones de discriminación inversa o positiva en favor de las mujeres. Se derrumba todo un edificio jurídico e institucional con un efecto de discriminación injustificada hacia los hombres cis, aquellos que no tienen incongruencia de género y no modificarán su sexo en el Registro Civil por esa razón. Ese sector de la población queda en una situación de discriminación injustificable, como intenté demostrar en mi libro. En cuanto a la ley, se ha dicho que satisface o respeta un supuesto derecho humano a la autoidentidad de género. El legislador, supuestamente, lo que ha hecho es satisfacer, respetar o hacer cumplir un supuesto derecho humano a la autoidentidad de género. Aunque en el Registro Civil no se registra el género, sino el sexo, lo que se busca es satisfacer ese derecho llevando al registro civil el género que uno siente. El género se refiere al conjunto de actitudes, expectativas y roles que se esperan de las personas según su sexo. Para los hombres, se esperan ciertas cosas y se les imponen tareas según su género. Esta construcción cultural o social es el opuesto al género femenino, en el que se espera que las mujeres sean cariñosas, cuidadoras, entre otras características. Esto ha sido mencionado por Irene Montero. Sin embargo, cuando personas como Roma Gallardo dicen públicamente que van al Registro Civil para cambiar su género a mujer por las ventajas que conlleva, estaríamos frente a un fraude flagrante. En mi opinión, es todo lo contrario, porque lo que Roma Gallardo y muchos otros están expresando es que sí se puede interpretar de la siguiente manera: la obligación de ir a la guerra, por ejemplo, recae únicamente en aquellos que tienen ciertos atributos biológicos, es decir, los hombres desde el punto de vista sexual. Pero yo no me siento un hombre en ese sentido porque me considero más bien una persona pacífica. Usted me hace ir a la guerra debido a mis características físicas, pero eso no coincide con mi identidad de género, por lo tanto, en esa medida, me considero una persona trans y decido modificar mi registro civil para reflejar mi identidad de género. No es un fraude, es simplemente ejercer mi derecho a la autoidentidad de género que se supone que Irene Montero ha consagrado con su ley, ¿no es así?

P.- En ese sentido, todos somos de género fluido. Lo contrario es reproducir los estereotipos.

R.- Sí, eso es lo que intentaba demostrar en El laberinto del género. En mi opinión, el sexo es binario. Las personas no binarias no tienen un sexo no binario, más bien tienen un sexo ambiguo y las llamamos intersexuales. El resto de las personas son hombres o mujeres. Es decir, esa es mi creencia, porque científicamente parece difícilmente refutable que el sexo se basa en el dimorfismo sexual, a pesar de las excepciones, ¿no? Esto ocurre con cualquier otra característica biológica. En cambio, creo que el género sí es un espectro y la mayoría de nosotros, como mencionaste, estamos en algún punto de ese espectro, incluso si somos hombres o mujeres biológicamente.

P.- Otro aspecto polémico de la ley trans tiene que ver con los menores.

R.- Sí, como ciudadano y padre de un adolescente, me preocupa. Quería decir preadolescentes, pero me refiero a aquellos en plena pubertad. No es justo decir que la ley trans promovida por Irene Montero permite directamente la administración de hormonas o tratamientos a los llamados menores trans. Más bien, lo que hay que reconocer, y también lo he mencionado por escrito, es que desde hace muchos años esas posibilidades terapéuticas y clínicas para tratar lo que antes llamábamos disforia de género se han implementado en las comunidades autónomas con entusiasmo. Un entusiasmo del cual muchos de sus promotores parecen arrepentirse hoy en día. Algunas de esas comunidades autónomas, por cierto, están gobernadas por el PP.

P.- Como la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

R.- Exacto. Y esas leyes no han sido modificadas ni reformadas, a pesar de que parece haber intentos de hacerlo. También he escuchado a algunos defensores decir que las facilidades que se brindan a los menores para el cambio registral podrían ser una estrategia indirecta para evitar que tengan que pasar por las horcas caudinas de los tratamientos farmacológicos. Bueno, es una especie de justificación instrumental que podría haber sido expresada de manera más rotunda, ¿no?

En mi opinión, excepto en casos clínicos, que según la literatura científica son muy pocos en menores trans prepúberes, no se deberían autorizar tratamientos hormonales que tienen efectos muy serios, y mucho menos tratamientos quirúrgicos.

«A veces, después de analizar un problema filosófico, debemos retroceder y volver a los fundamentos, a los orígenes, a nuestros primeros pasos, aunque el recorrido nos haya permitido aprender algunas cosas»

P.- Sin embargo, la ley trans debe ser beneficiosa para ese colectivo que tiene una genuina incongruencia de género y desea agilizar los trámites para cambiar su sexo en el registro y su nombre.

R.- La modificación del sexo en el Registro Civil estaba prevista en una norma de 2007, y solo ahora se está volviendo problemática debido a nuestro compromiso, abrazo o aceptación de la despatologización de la condición trans. Y ese es el origen de todos los problemas, porque no me parece del todo irrazonable el tipo de requisitos que se le exigían a esa norma. Un tratamiento de dos años, con excepciones en algunos casos bajo supervisión médica para las hormonas. Aquellos que tienen una condición genuina clínicamente diagnosticada por equipos multidisciplinarios, como se ha estado haciendo en España desde la primera unidad del Hospital de Málaga, que fue pionera en este campo, con la doctora Esteva y sus sucesoras endocrinólogas. De todos modos, si te fijas, hay dos cosas curiosas que han ocurrido con la aprobación de la ley trans. En primer lugar, el sexo sigue siendo binario en el Registro Civil, lo que significa que las personas no binarias o de género fluido que respaldan esta ley siguen siendo clasificadas como uno u otro sexo. No hay una tercera opción de sexo, ni una casilla donde pueda especificar mi identidad de género autodeterminada. Y la otra cosa curiosa que ha surgido en relación con el nombre es que ahora puedes modificar el sexo en el Registro Civil, y también tu nombre, si así lo deseas, pero puedes no hacerlo. No estoy seguro de si es recomendable en términos de seguridad y vida social. Imagina tener personas a las que se les ha concedido el cambio de sexo, que ahora son mujeres, pero siguen llamándose Rafael. Veremos cómo se desarrolla esto, pero intuyo algunas dificultades.

P.- Has mencionado antes el uso del término ‘derechos humanos’ por parte de Irene Montero. Desde hace algún tiempo, es común escuchar invocaciones de los derechos humanos para justificar iniciativas legislativas. Sé que estás terminando un ensayo sobre este asunto.

R.- Sí, esta es una preocupación que ha sido discutida y analizada por los filósofos del derecho desde hace tiempo. Las causas están bien identificadas y se relacionan con el extraordinario prestigio que tienen los derechos humanos. Alguien ha dicho que los derechos humanos actúan como una especie de prueba básica sobre la legitimidad de nuestras democracias constitucionales, de manera similar a cómo el cristianismo lo hacía en Occidente con respecto a los regímenes del llamado Antiguo Régimen.

P.- Es decir, en lugar de presentar argumentos, se presupone el derecho humano y se llega a una conclusión.

R.- Exactamente. Uno clausura una conversación, como hace Irene Montero y como hacen, por ejemplo, muchos defensores de la educación inclusiva. Esta política educativa propone eliminar los centros de educación especial para niños con necesidades educativas especiales. Se presenta como la satisfacción de un derecho humano a la educación inclusiva. Pero, espera un momento… ¿no debería haber un proceso más gradual antes de eliminar por completo estos centros? Hay un camino en el que tenemos mucho que discutir, y eso es lo que se clausura con esta postura. A mi parecer, esto es enormemente pernicioso, ya que degrada la conversación pública y el ideal de los derechos.

¿Qué debemos hacer? Esto es lo que reivindico en mi ensayo. Como en la película de Garci, debemos ‘volver a empezar’. A veces, después de analizar un problema filosófico, debemos retroceder y volver a los fundamentos, a los orígenes, a nuestros primeros pasos, aunque el recorrido nos haya permitido aprender algunas cosas. Por lo tanto, creo que debemos regresar a la idea de que cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a derechos subjetivos, muy pocos y muy bien definidos, que tienen un efecto claro de proteger los intereses individuales frente a las pretensiones de una mayoría. Son necesidades muy básicas, incluso si se trata de un solo individuo. El noble ideal de los derechos humanos es un tipo de dique de contención.

P.- También estás trabajando en un libro sobre la memoria histórica, específicamente la memoria de tu abuelo. Quería preguntarte por qué te interesa su historia y qué has descubierto indagando en ella.

R.- Esto daría para mucho… Son cosas que también surgen por la suerte, el azar y lo no planificado, por supuesto. Una de ellas es el fallecimiento de mi padre, lo cual, como a cualquier persona, especialmente a medida que uno va cumpliendo cierta edad, te impulsa a mirar hacia atrás, a hacer una especie de evaluación retrospectiva sobre algunas cosas. Además, poco tiempo antes, supe que mi abuelo Cecilio de Lora, nacido en 1902, fue militar. Yo conocía los hechos básicos de su trágico final, como el de tantos otros en Madrid durante aquellos meses turbulentos. Mi abuelo era un militar que había pasado por la Academia de Infantería de Toledo y había servido en Marruecos, al igual que muchos otros. Luego se retiró por la ley Azaña. Y era una persona, al menos según mis conocimientos e intuiciones, muy católica y de derechas, sí, un prototípico miembro de la «quinta columna», si es que alguna vez existió, aunque los historiadores más serios lo nieguen.

P.- Fue fusilado en Paracuellos.

R.- Sí, el 28 de noviembre de 1936. Como te decía, pocos años antes de la muerte de mi padre, cuando su salud ya estaba muy deteriorada, supe que mi abuelo logró enviar unas cartas a la que luego fue su viuda, mi abuela, antes de su arresto. Esas cartas las pude leer. Las conserva una de sus hijas, mi tía Emi, la única superviviente de sus hijos. Son muy conmovedoras. Especialmente me afectó el hecho de que yo tenía muy poca información sobre quién fue mi abuelo, qué sucedió y cómo mi abuela, que enviudó con cinco hijos, logró salir de Madrid casi un año después.

¿Cómo vivieron en Madrid durante ese tiempo? Ella sola, con cinco hijos, incluyendo a mi padre, que tenía cuatro años en ese entonces. ¿Cómo llegaron a San Fernando de Cádiz, de donde era mi abuelo y donde pudieron ser acogidos por sus suegros? Casualmente, un buen amigo, Pepe Teruel, el mayor experto en España en Carmen Martín Gaite, me pidió que participara en un curso de investigación sobre correspondencia española desde 1936. Me lo tomé en serio. Tan en serio que, de alguna manera, me convertí en historiador sin credenciales y he pasado mucho tiempo en archivos. He investigado todo lo que he podido sobre el hecho en mi familia, el famoso suceso de Paracuellos, aunque hoy en día no aporte nada nuevo. Por supuesto, probablemente ya se haya dicho casi todo lo que se podría decir por parte de personas que se han dedicado académica y profesionalmente a esto, como Julio Ruiz, entre muchos otros. Sin embargo, también me interesaba someter a un cierto escrutinio las llamadas leyes de memoria y las interpretaciones que se han hecho sobre la Transición española desde mi propia perspectiva, como uno de esos nietos del bando de los supuestos vencedores que no llegaron a vencer. Por eso en el libro los llamo «Los vencidos, mi abuelo». Mi abuelo hubiera sido un vencedor, creo, según lo que he podido descubrir en su biografía. Pero no tuvo tiempo porque lo mataron muy pronto. También me ha fascinado mucho la idea de la suerte. Él tuvo muy mala suerte, mientras que otros tuvieron más suerte debido a sus contactos y circunstancias fortuitas. Todo eso también está en el trasfondo del libro. Además, está el hecho curioso de la reacción de los hijos de los vencedores, que dieron lugar a un antifranquismo temprano, como fue el caso de mi padre. El fusilamiento de mi abuelo en Paracuellos era algo vergonzante, incómodo. Todo esto puede considerarse probablemente como psicoanálisis barato, pero es lo que está ahí.

P.- ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido al escribir este libro?

R.- Bueno, hay algunas cosas que he confirmado. Por ejemplo, que la llamada Transición española al régimen del 78, si bien no fue ideal, estuvo bastante cerca. Creo que no se ha insistido lo suficiente y debemos hacer hincapié en las enormes virtudes que tuvo ese proceso, que fue un acto de gran generosidad por parte de muchas personas, especialmente los antifranquistas y los vencidos en la Guerra Civil, aquellos que tuvieron que exiliarse o silenciarse para prosperar civilmente.

Esa generosidad se encuentra institucionalmente presente en el debate sobre la Ley de Amnistía. ¿Cómo podemos hoy en día cuestionar la postura de alguien como Marcelino Camacho, quien celebró la Ley de Amnistía de 1977? Una persona que sufrió torturas y años de cárcel. También hay generosidad por parte del otro bando. Estas son cosas que he confirmado. Y luego hay algo más que he confirmado de manera más tentativa, especialmente en el caso de Paracuellos. Contrariamente a lo que uno podría pensar, el régimen hizo muy poca propaganda al respecto, a pesar de que es un hecho terrible cuando se investiga y se comprende correctamente. Es absolutamente tremendo, ya que no se trata simplemente de víctimas de guerra arrojadas en fosas porque no hubo tiempo para enterrarlos. No es solo eso. Durante un mes y medio, desde el 6 o 7 de noviembre hasta principios de diciembre, autobuses conocidos como «londinenses» salían del centro de Madrid llevando a cientos de prisioneros que serían fusilados a unos 30 kilómetros de distancia. Desde nuestra perspectiva actual, se podría pensar que Franco habría explotado esto, pero no fue así. Y creo que llegará un momento, no sé cuándo, tal vez en la generación de nuestros hijos, en el que ese espacio, como el cementerio que actualmente está en manos de una asociación privada, será dignificado.

Nunca había estado en Paracuellos, nunca sentí la necesidad o el interés de ir hasta que llegó este momento. Mi padre nunca estuvo en Paracuellos. Creo que sus hermanos nunca estuvieron en Paracuellos. Y cuando uno va allí por primera vez, piensa que es el lugar de propaganda que podría haber sido explotado por el régimen. Pero no fue así. Quizás porque ya tenían suficiente con el Valle de los Caídos. Sin embargo, hay personas, incluso republicanos, que fueron asesinados y que todavía permanecen allí en condiciones que no considero apropiadas. Se trata de asumir nuestro pasado de la manera menos vengativa posible, con una genuina y justa intención de aprender, de conocer mejor y de dignificar a aquellos que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de ser vencedores.

P.- Para terminar, ¿a quién te gustaría que invitáramos a Vidas cruzadas?

R.- Te sigo mucho y tengo la sensación de que en este sofá no han comparecido muchos científicos. Voy a sugerirte dos nombres. Uno es el de un físico llamado Álvaro de Rújula, que también es muy efectivo en el ámbito divulgativo. Y el otro es Jerónimo López, un gran geólogo, que tiene un conocimiento excepcional de la Antártida y los problemas del cambio climático, además de ser un montañero y profesor extraordinario.