Violencia en la Transición española (1975-1982)

Estamos viviendo con expectación el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. Las comparaciones con la Transición española están siendo abundantes, entre otras cosas, para referirse a la posibilidad de que exista violencia durante el cambio. El relato tradicional sobre la Transición en nuestro país ha hecho hincapié en el consenso entre las grandes fuerzas políticas y, por tanto, en el papel de la élite. Sin embargo, en las últimas dos décadas la investigación histórica se ha centrado en el ambiente social en el que se desarrolló la Transición, y esto ha desmontado esa imagen idealizada. Fue una época violenta. De hecho, hubo más muertes por motivos políticos en los primeros seis años del reinado de Juan Carlos I, que en los seis últimos años de la dictadura de Franco.

Bajo la superficie del consenso, España vivió entre 1975 y 1982 un periodo marcado por una violencia persistente, diversa y profundamente política. No fue un fenómeno marginal, sino un elemento estructural que condicionó la evolución del proceso democrático y el comportamiento de partidos, instituciones y ciudadanía. La Transición, lejos de ser un camino pacífico, estuvo atravesada por un clima de tensión, represión y terrorismo que condicionó cada decisión política y cada avance institucional. La violencia, en este sentido, actuó como un auténtico actor político con capacidad performativa, capaz de moldear comportamientos, discursos y estrategias.

Empecemos con algunos datos sobre la violencia política durante la Transición. La historiadora francesa Sophie Baby documenta alrededor de 3.200 hechos violentos y 714 víctimas mortales entre octubre de 1975 y diciembre de 1982. Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar elevan la cifra de muertes a 665, subrayando que la Transición española fue más violenta que las de Grecia o Portugal. Luis Miguel Sánchez Tostado, por su parte, habla de unos 700 asesinatos y cientos de torturados, describiendo el proceso como un cambio de rumbo dificilísimo marcado por tramas de guerra sucia. El baile de cifras no altera la conclusión: la violencia fue masiva, persistente y transversal. No se trató de episodios aislados, sino de un clima generalizado que impregnó la vida pública y privada.

Ese clima no solo afectó a las víctimas directas. Como recuerda Aparicio Rodríguez, las noticias sobre la violencia afectaron a la ciudadanía y alteraron su comportamiento. El miedo y la inseguridad, como señaló Raul Hilberg, influyeron en las aspiraciones y acciones de los españoles. Esa violencia fue performativa, en expresión de Charles Tilly, ya que fue capaz de modelar las percepciones que la gente tenía de la vida política e influyó así en sus decisiones. Esta circunstancia era un factor visible para los partidos, que quisieron deslegitimar la violencia como instrumento político; es decir, la respuesta a la violencia no podía ser la cesión a las demandas del violento, sino la exclusión y el olvido. Santos Juliá lo denominó «echar al olvido» aquellas prácticas negativas para la convivencia. Pero ese olvido no fue espontáneo: fue una construcción política forzada por la omnipresencia del conflicto.

Uno de los elementos más controvertidos de la Transición fue la persistencia de la violencia institucional. Historiadores como David Ballester, Pablo Alcántara o Sergio Carrasco Moraleda han afirmado que la ausencia de depuración en los cuerpos represivos permitió que funcionarios formados en la dictadura mantuvieran su modus operandi en la democracia. No hubo procesos de limpieza en el Ejército, la Policía o la Guardia Civil. La Brigada Político-Social, temida por el uso sistemático de la tortura, no solo no fue desmantelada, sino que muchos de sus agentes continuaron en sus puestos. Alcántara recuerda que figuras como Antonio González Pacheco, conocido como «Billy el Niño», fueron incluso ascendidas o condecoradas por gobiernos democráticos.

La continuidad institucional fue evidente también en el ámbito judicial. El Tribunal de Orden Público, pieza clave de la represión franquista, fue sustituido por la Audiencia Nacional mediante un decreto-ley que permitió que los mismos magistrados siguieran ejerciendo. La represión policial tampoco desapareció. Entre 1975 y 1982, las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de 178 muertes, según Sophie Baby, o de 162, según Ignacio Sánchez-Cuenca. Muchas de estas muertes se produjeron en controles policiales, manifestaciones o intervenciones en conflictos laborales. La «matanza de Vitoria» en marzo de 1976, donde cinco trabajadores fueron asesinados por disparos policiales, se convirtió en un símbolo de la brutalidad heredada del franquismo.

A esta violencia institucional se sumó la ejercida por grupos de extrema derecha que buscaban desestabilizar el proceso democrático. Eran organizaciones como el Batallón Vasco Español, los Guerrilleros de Cristo Rey o los Grupos de Acción Sindical. Estos grupos actuaron con frecuencia bajo la permisividad o incluso la connivencia de sectores de las fuerzas de seguridad del Estado. Su objetivo era generar un clima de caos que justificara una regresión autoritaria. La Matanza de Atocha, en enero de 1977, fue el episodio más brutal de este terrorismo.

La estrategia de la tensión buscaba provocar miedo, polarización y un deseo de «mano dura» que facilitara un golpe militar, una involución política o un conflicto civil. Por eso, junto al terrorismo de la extrema derecha estuvo de la extrema izquierda y los nacionalistas vascos.

La mayor asesina de los años de la Transición fue la banda terrorista ETA, que fue responsable de 354 asesinatos, el 42% de sus víctimas totales, casi la mitad, según los datos recopilados por López Romo. Su violencia, que algunos sectores habían interpretado en los últimos años del franquismo como una forma de resistencia, se convirtió rápidamente en una amenaza directa para la convivencia y la democracia. El Grapo, por su parte, causó 71 muertes, según Carmen Ladrón de Guevara. Su actividad estuvo rodeada de sospechas sobre posibles vínculos con sectores interesados en provocar un golpe de Estado. Castro Moral ha señalado que el Grapo nació con la intención de ser la «chispa» de una revolución que destruyera el franquismo encubierto. El FRAP, aunque menos activo en la fase final, también contribuyó a la sensación de emergencia nacional. Entre 1978 y 1980, la combinación de terrorismo y «ruido de sables» en los cuarteles generó un clima de inestabilidad que condicionó profundamente la política española.

La violencia no solo afectó a las élites políticas: transformó la vida cotidiana. En muchas ciudades, como Madrid o las capitales vascas, la población vivía entre amenazas, atentados, controles policiales y funerales. La prensa de la época, sobre la que aún actuaba la censura, reflejaba un país en tensión permanente. Las manifestaciones podían terminar en cargas policiales; los mítines, en ataques de grupos ultras; los cuarteles, en rumores de conspiraciones. La sensación de fragilidad era constante. La democracia naciente parecía caminar sobre un suelo que podía quebrarse en cualquier momento.

Paradójicamente, la violencia no detuvo la Transición: la moldeó. El historiador Víctor Aparicio Rodríguez sostiene que la omnipresencia del conflicto obligó a los actores sociales a gestionar el miedo y el trauma de la Guerra Civil. El pánico fundado a un golpe militar y al desorden en las calles moderó a los partidos políticos, obligándolos a renunciar a pretensiones máximas para alcanzar acuerdos que apuntalaran el sistema. La izquierda se vio obligada a atemperar su discurso para evitar cualquier asociación con la violencia revolucionaria. La derecha democrática, por su parte, tuvo que distanciarse de los sectores extremistas. El centro político, representado por la UCD, se convirtió en un espacio de equilibrio inestable entre presiones militares, demandas sociales y amenazas terroristas. La violencia, en este sentido, funcionó como un mecanismo de disciplinamiento político: obligó a todos los actores a situarse dentro de los límites del consenso.

Esta concordia de la Transición, en consecuencia, no fue solo una estrategia política: fue una respuesta al miedo que generó la violencia. La memoria traumática de la Guerra Civil, estudiada por Paloma Aguilar, actuó como un poderoso incentivo para evitar cualquier escenario que pudiera recordar a 1936.

La democracia española no nació de un vacío pacífico, sino de la gestión política de un conflicto violento y constante. La Transición fue, por tanto, un proceso de pacificación forzada en el que la violencia estuvo presente de forma explícita y simbólica, obligando a los actores políticos a priorizar la estabilidad sobre la ruptura.

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