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Cultura

La tentación totalitaria

Anticipamos un fragmento del libro ‘Libertad de expresión. Una historia global’ publicado por la editorial Ladera Norte

La tentación totalitaria

Adolf Hitler saludando a soldados nazis en marcha, Braunschweig (Alemania), 1931. | JT Vintage (Zuma Press)

El crack de Wall Street en 1929 golpeó duramente a la vulnerable economía alemana, y la tasa de desempleo creció rápidamente hasta superar el 30 %. Un número cada vez mayor de alemanes anhelaba la llegada de un hombre fuerte que los sacara de la crisis, y el porcentaje de voto a favor de los nazis pasó de un mísero 2,6 % en las elecciones federales de 1928 a un impresionante 37,2 % en julio de 1932. Aunque nunca obtuvieron la mayoría absoluta, el NSDAP era, con diferencia, el partido con más representación del Reichstag. Después de muchas maniobras políticas y vacilaciones, el presidente Hindenburg nombró canciller a Hitler el 30 de enero de 1933.

En cuanto juró el cargo, Hitler apuntó contra la libertad de expresión, cerrando el periódico comunista Die Rote Fahne y el socialdemócrata Vorwärts. A continuación, el 4 de febrero, el Gobierno aprobó un decreto de emergencia «para la Protección del Pueblo Alemán», que otorgaba a la policía la potestad de prohibir reuniones y manifestaciones políticas y declaraba ilegal que los periódicos publicaran «noticias inexactas», según la expresión del ministro del Interior nazi. Goebbels apenas podía contener su alegría: «Ahora también tenemos un arma contra la prensa, y las prohibiciones surgirán por doquier […]. Todos esos órganos judíos que tantos problemas y tristezas nos han causado desaparecerán de golpe de las calles de Berlín».

En ese momento, la ofensiva de Hitler iba simplemente un paso más allá respecto a la severísima política de prensa que los líderes democráticos habían puesto en marcha durante la República de Weimar, y que la prensa mayoritaria había respaldado antes de convertirse en el blanco de los ataques. Pero al igual que Lenin, Hitler no tenía intención de abrir la mano. El 27 de febrero, el comunista Marinus van der Lubbe incendió el Reichstag, brindándole el pretexto perfecto para eliminar de una vez por todas los obstáculos constitucionales que aún quedaban. Aunque los historiadores todavía debaten si los nazis estuvieron o no implicados en el incendio, lo que sí es indudable es que supieron sacar partido de la situación. «¡Es una señal divina!», bramó Hitler, prácticamente echando espumarajos por la boca. «Si este incendio es, tal como creo, obra de los comunistas, no hay nada que nos impida aplastar a esta plaga asesina con puño de hierro». Al día siguiente, Hitler presionó a Hindenburg para que emitiera dos decretos de emergencia. Como «medida defensiva contra los actos de violencia comunistas que ponen en peligro el Estado», suspendieron inmediatamente siete derechos constitucionales, entre ellos el habeas corpus y las libertades de expresión, prensa y reunión, «hasta nuevo aviso».

En cuestión de días, el régimen arrestó a 4.000 comunistas, hacinándolos en prisiones improvisadas en fábricas destartaladas, bares y sótanos. Según la reinterpretación nazi de la ley de Schutzhaft, o de «prisión preventiva», esos presos políticos podían ser detenidos indefinidamente y sin orden judicial. Los siguientes objetivos fueron los socialdemócratas, los sindicalistas y los «desviados», como por ejemplo los homosexuales. La brutal represión de Hitler contra la izquierda fue muy aplaudida y contribuyó a que creciera su popularidad entre los muchos alemanes que veían el marxismo como una amenaza existencial para su nación. Un editorial de un periódico bávaro concluía: «Este decreto de emergencia no encontrará oponentes a pesar de sus medidas más bien extremas […]. Por fin se han asumido las consecuencias de una lucha más intensa contra el comunismo».

El 20 de marzo, Heinrich Himmler anunció la apertura del primer campo de concentración de Alemania; con sede en una antigua fábrica de pólvora cerca de Dachau. Estaba destinado a aquellas personas «que amenazan la seguridad del Estado». Alrededor de 100.000 personas fueron detenidas preventivamente durante 1933. La mayoría de ellas fue liberada en un plazo de dos años, pero se estima que unas 600 —es probable que fueran más— murieron a causa de torturas y malos tratos.

«La mayoría de los diputados que habrían podido protestar contra la Ley Habilitante se encontraban en prisión o en el exilio»

Tres días después, el Gobierno de Hitler modificó la Constitución incorporando la Ley Habilitante, la cual permitía que las «leyes aprobadas por el Gobierno» no requirieran ser ratificadas ni por el Reichstag ni por el presidente. Con los votos del Partido de Centro Católico y del Partido Nacional del Pueblo Alemán, Hitler había preparado el camino para establecer una dictadura carente de oposición. La mayoría de los diputados que habrían podido protestar contra la Ley Habilitante se encontraban por entonces en prisión, en campos de concentración o en el exilio. Pero el socialdemócrata Otto Wels se mantuvo firme: «En esta hora histórica, nosotros, los socialdemócratas alemanes, nos comprometemos con la defensa de los principios de humanidad y justicia, de libertad y socialismo. Ninguna Ley Habilitante le da a usted el poder de erradicar ideas, que son eternas e indestructibles». Sin embargo, Hitler no solo tenía los votos, sino también la réplica perfecta con la que dio jaque mate a Wels. Si Wels era tan entusiasta de la igualdad de derechos y la libertad de expresión, ¿por qué no había defendido a los nazis cuando estaban en la oposición?

«Debería haber reconocido el poder beneficioso de la crítica cuando estábamos en la oposición […]. En aquel entonces nuestra prensa fue verboten, y verboten, y verboten de nuevo; nuestras asambleas fueron prohibidas; no se nos permitía hablar, y a mí no se me permitía hablar, ¡y eso duró años! ¡Y ahora dice que la crítica es beneficiosa!»

Hitler nunca tuvo la intención de permitir la disidencia política. Lo había dejado claro ya en 1920. Pero los numerosos ejemplos de represión antinazi sirvieron para dar una pátina de legitimidad a las sistemáticas medidas represivas de Hitler y ayudaron a desviar las críticas, ya que podía usar la potente arma del «y tú más» y acusar a los socialdemócratas de hipocresía y doble rasero. Así, pudo justificar su popular política de mano dura y hacer que pareciera menos autoritaria.

Los camisas pardas de las SA y los camisas negras de las SS se encargaban de aterrorizar, humillar y agredir físicamente a los socialdemócratas que no habían sido deportados a campos de concentración. Obligaron a beber una mezcla de aceite y orina a un destacado socialdemócrata de Colonia, mientras que al ministro-presidente socialdemócrata de Mecklemburgo lo torturaron hasta matarlo, metieron su cadáver en un saco y lo arrojaron a un río. A finales de mayo de 1933, los escuadrones de asalto nazis habían destituido por la fuerza a unos 500 administradores municipales y 70 alcaldes. El Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata fueron prohibidos en junio. Tras la prohibición, se estima que unos 3.000 destacados socialdemócratas fueron arrestados, agredidos e incluso asesinados.

«En menos de seis meses, Hitler había transformado Alemania en una dictadura de partido único»

Los miembros de las formaciones de derechas que habían posibilitado que Hitler llegara al poder no tardaron en arrepentirse de haberle dado su apoyo cuando, tras haber amordazado a la izquierda, dirigió su atención al resto del espectro político. Uno por uno, coaccionó a los partidos restantes para que se disolvieran en una sucesión de «suicidios políticos». Como puntilla, el 14 de julio prohibió por ley todos los partidos políticos excepto el NSDAP. En menos de seis meses, Hitler había transformado Alemania en una dictadura de partido único a la que ninguna protección significativa de las libertades constitucionales ponía límites.

Una vez que los peores enemigos del Estado habían sido enviados a «prisión preventiva», deportados a campos de concentración o silenciados a base de golpes, el régimen formalizó su control de la conversación pública a través de medios legales que también servían para disfrazar sus duras medidas bajo una apariencia de legitimidad: se seguían los procedimientos tal y como marcaba la ley. Comprensiblemente, asociamos el terror de la Alemania nazi con la Gestapo y los campos de concentración. Pero según el historiador Richard J. Evans, la legislación fue igualmente importante para consolidar el poder de los nazis. Los tribunales ordinarios y el aparato estatal ya existentes podían convertirse en armas poderosas contra la disidencia una vez liberados de las restricciones que imponían las libertades constitucionales. De 1932 a 1937, el número de prisioneros en Alemania aumentó de 69.000 a 122.000, de los que unos 23.000 fueron identificados como presos políticos. Solo en 1937, los tribunales alemanes dictaron la asombrosa cifra de 5.255 condenas por alta traición.

Esta situación fue propiciada por una batería de leyes contra los delitos de expresión cada vez más vagas y de mayor alcance. La Ley de Prácticas Maliciosas de marzo de 1933 prohibía los «chismes maliciosos», las declaraciones despectivas, los chistes y los rumores sobre el régimen y sus funcionarios. La ley, de hecho, prohibía cualquier crítica al Partido Nazi, incluidas las opiniones subjetivas, ya fueran expresadas en público o en privado. Un pastor protestante fue procesado por condenar en sus sermones, por anticristiana, la violencia antisemita de la noche del 9 de noviembre de 1938, conocida como «la Noche de los Cristales Rotos», en la que miles de hogares, negocios y sinagogas judías fueron atacados simultáneamente. Una ley aprobada en abril de 1933 que regulaba los delitos de traición castigaba a todo aquel que «planeara» «alterar la Constitución» con largas penas de prisión e incluso la ejecución.

En la práctica, se convirtió en un acto de alta traición escribir, imprimir o distribuir panfletos que defendieran una alteración del orden constitucional como, por ejemplo, la vuelta a la democracia. Cualquiera que tuviese la más mínima relación con una persona que hubiera cometido tal delito podía ser acusado de participar en una conspiración. Para proteger la autoridad de los funcionarios nazis, una ley de diciembre de 1934 castigaba, incluso con la pena de muerte, el discurso de odio contra figuras destacadas del Partido o del Estado. En el apogeo de la guerra, en 1942, una peluquera de Múnich fue condenada a cuatro años de cárcel por sus «maliciosos, odiosos, subversivos y ruines comentarios», después de haber tachado a Hitler de «asesino de masas demente».

«Al comienzo de la guerra, había dos millones de alemanes espiando a sus vecinos»

Además de las leyes y la policía secreta, había informantes, conocidos como «jefes de manzana», que vigilaban sus barrios y lugares de trabajo y delataban a cualquiera que criticara al régimen, contara un chiste sobre Hitler u olvidara izar la bandera el día del cumpleaños del Führer. En 1935, el régimen contaba con unos 200.000 de estos informantes. Al comienzo de la guerra, había dos millones de alemanes espiando a sus vecinos. Una de las formas más siniestras de vigilancia se daba en las Juventudes Hitlerianas (Hitlerjugend), la organización juvenil a la que todos los jóvenes debían pertenecer, donde se presionaba a los niños para que delataran a sus propios padres. La vigilancia y el control social no eran llevados a cabo principalmente por sádicos oficiales de la Gestapo que irrumpían en los hogares de los ciudadanos de a pie. El grueso del trabajo lo realizaban estos últimos.

La tercera etapa tras la toma del poder fue la llamada Gleichschaltung de Alemania: la «sincronización» total de la vida política, social y cultural conforme a los objetivos nazis. Como declaró Hitler en un discurso en el Reichstag el 23 de marzo de 1933: «El Gobierno del Reich se propone emprender una profunda purga moral del Volkskörper [cuerpo del pueblo]. Todo el sistema educativo, el teatro, el cine, la literatura, la prensa y la radio se utilizarán como medios para este fin». Nombró a Joseph Goebbels Reichsminister de Instrucción Pública y Propaganda, con la responsabilidad de supervisar desde la prensa, el cine, la música y la radio hasta el arte.

El control nazi de la prensa y, por extensión, la capacidad de definir la verdad fueron un aspecto fundamental de la Gleichschaltung. Los periódicos socialistas o los abiertamente críticos ya habían sido erradicados por medio del Decreto del Incendio del Reichstag. Las publicaciones que habían logrado sobrevivir fueron sometidas a asfixiantes leyes que regulaban su propiedad o fueron estranguladas económicamente por las agencias de publicidad controladas por los nazis, que les negaban el acceso a los ingresos publicitarios.

Muchos se vieron obligados a cerrar o a dejarse comprar a bajo precio por poderosos magnates nazis como Franz Eher, quien en 1939 poseía dos tercios de los periódicos alemanes. La Gleichschaltung de la prensa acabó totalmente con el vibrante panorama mediático de la República de Weimar. Cuando en 1933 los nazis llegaron al poder, Alemania tenía alrededor de 4.700 periódicos. En 1944, solo quedaban 977, de los cuales el 82 % estaban directamente controlados por los nazis.

«Se emitían directivas diarias sobre todo, desde el formato hasta la longitud y el contenido de los artículos»

Los periódicos que aún permanecían activos eran objeto de una minuciosa supervisión por parte de la Cámara de Prensa del Reich, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública y Propaganda de Goebbels. Se emitían directivas diarias sobre todo, desde el formato hasta la longitud y el contenido de los artículos. Quien no las cumplía podía ser castigado con una carta de despido o incluso enviado a un campo de concentración para su reeducación. Estas restricciones se formalizaron en la Ley de Editores de octubre de 1933, que prohibía cualquier material «que tienda a debilitar el poder del Reich tanto fuera como dentro de sus fronteras, el sentido de comunidad del pueblo alemán, la capacidad de defensa, la cultura o la economía alemanas». Al final, lo más sencillo para la mayoría de los periódicos era limitarse a reproducir las notas que les llegaban de la agencia de noticias gubernamental. El control nazi de la prensa había llegado a ser tan asfixiante que Goebbels afirmaría que «ningún periodista decente que tenga un mínimo de sentido del honor puede soportar la forma en que es tratado por el Departamento de Prensa del Gobierno del Reich […]. Cualquier persona que aún conserve un resto de honor evitará cuidadosamente convertirse en periodista».

Pero así como Lenin no se detuvo tras erradicar la prensa «burguesa», Hitler tampoco se conformó con acabar con los periódicos «bolcheviques» y liberales. La prensa tenía que ser «arianizada». Según la Ley de Editores, los miembros de la Asociación de la Prensa Alemana del Reich —una organización estatal que agrupaba a los editores profesionales— debían ser «racialmente puros», lo que se tradujo en una purga de periodistas y editores judíos.

Siguiendo un modelo ya bien ensayado por otros regímenes autoritarios, el Ministerio de Goebbels promulgó listas negras de autores y libros ilegales. El 10 de mayo de 1933, Goebbels orquestó la que quizá sea la quema de libros más infame de la historia. Aproximadamente 25.000 libros prohibidos fueron entregados a las llamas en una gran pira frente a la ópera de Berlín, y muchos otros fueron reducidos a cenizas en otras treinta y cuatro ciudades y pueblos alemanes. En el incendiario discurso que pronunció en la quema de libros de Berlín, Goebbels explicó que un revolucionario cultural nazi debía «ser tan bueno derribando lo reprobable como construyendo lo loable». Denunció el «intelectualismo extremista judío» de escritores como Karl Marx, Sigmund Freud y —lo que no era precisamente tranquilizador— Heinrich Heine, el escritor del siglo XIX que había advertido, como ya hemos visto: «Allí donde se queman libros, se acaba por quemar personas».

«Los estudios han demostrado que la propaganda nazi era más eficaz entre los jóvenes»

El objetivo final del Tercer Reich era asegurarse de que no solo las acciones de las personas, sino también sus pensamientos más íntimos, se ajustaran a la ideología nazi. El lingüista judeoalemán Victor Klemperer, que sobrevivió al Holocausto, observó que «la herramienta propagandística más poderosa del régimen de Hitler» no eran los discursos, los carteles ni las banderas. Era la erosión gradual de la lengua alemana:

El nazismo se infiltraba en la sangre y en la carne de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de estructuras sintácticas que imponía a base de repetirlas millones de veces y que eran interiorizadas de forma mecánica e inconsciente […]. Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las ingiere sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno pero, al cabo de un tiempo, la reacción tóxica termina por manifestarse.

Sin medios de comunicación independientes, partidos de oposición, sociedad civil, sindicatos ni tolerancia a la disidencia, el antídoto contra el arsénico lingüístico de la constante propaganda nazi se encontraba muy diluido.

Aun así, la eficacia de la propaganda nazi sigue siendo objeto de debate. Richard J. Evans sostiene que el incesante adoctrinamiento ayuda a explicar la espeluznante brutalidad de la maquinaria de guerra alemana una vez que se puso en marcha en 1939 y, por extensión, la todavía más sobrecogedora brutalidad del Holocausto. Los estudios han demostrado que la propaganda nazi era más eficaz entre los jóvenes —más impresionables, con escasa experiencia de lo que significaba vivir en una sociedad libre y sometidos al aleccionamiento institucional en las escuelas y en las Juventudes Hitlerianas— y en los distritos donde el antisemitismo ya era dominante antes de la toma del poder por parte de Hitler. Por otro lado, los efectos de la propaganda dirigida a la población en general desde la radio, el cine y la prensa parecen haber sido menos significativos, siendo la clase trabajadora y los católicos los más reacios a adoptar la ideología nazi. En el verano de 1940, el servicio de inteligencia nazi, el Sicherheitsdienst, informaba de críticas generalizadas a la propaganda, un interés menguante por la prensa y una creciente desconfianza en los informes militares oficiales.

En otras palabras, la propaganda nazi no logró lavar el cerebro a todos los alemanes hasta el punto de convertirlos en nazis o antisemitas comprometidos con la causa, aunque es cierto que la mayoría de los no comprometidos optó por una resignación pasiva en lugar de por una oposición activa que hubiera puesto en peligro sus vidas. Como observó en 1936 Aldous Huxley, autor de la novela distópica Un mundo feliz:

«Lenin y Stalin construyeron un despiadado Estado de partido único que combinaba una estricta censura con una incesante propaganda»

La propaganda da fuerza y dirección a las fluctuaciones sucesivas de los sentimientos y deseos populares; pero no influye mucho en la creación de esas fluctuaciones. El propagandista es un hombre que canaliza una corriente ya existente. En una tierra donde no hay agua, cava en vano.

Los delirios megalómanos de Hitler de crear una superpotencia racialmente pura que dominara Europa terminaron en una derrota total. Sin embargo, la cuestión de cómo prevenir el surgimiento de nuevos regímenes genocidas sigue siendo un desafío.

Sería peligrosamente simplista explicar el colapso democrático de Alemania y la toma del poder por parte de los nazis atendiendo únicamente a la libertad de expresión y a la censura. Estos fueron únicamente algunos (y probablemente no los más importantes) de los muchos y complejos factores que condujeron al desastre del Tercer Reich. Pero el hecho de que la República de Weimar intentara sin éxito frenar el avance del totalitarismo con leyes iliberales cada vez más represivas debería, como mínimo, hacer reflexionar a quienes exigen que las democracias de hoy en día también sacrifiquen la libertad de expresión para contrarrestar las campañas organizadas de odio. También debería hacerlo el modo en el que Hitler se valió de esas medidas iliberales preexistentes para destruir la democracia que se suponía debían proteger.

Si se concluye que lo que ocurrió con el Tercer Reich justifica que en nuestros días se promueva una intolerancia institucional hacia la intolerancia, la postura actual frente al comunismo nos hace plantearnos una pregunta incómoda. Existen diferencias ideológicas obvias e importantes entre el comunismo y el nazismo. Para empezar, el racismo biológico y genocida de este último fue una condición necesaria para que se diera la perversidad propia del Holocausto. Aun así, también existían sorprendentes similitudes entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Al igual que Hitler, Lenin y Stalin construyeron un despiadado Estado de partido único que combinaba una estricta censura con una incesante propaganda que demonizaba a determinados grupos, a los que tachaba de «enemigos del pueblo», señalándolos y castigándolos con la deportación a campos de concentración o incluso con la «liquidación». De hecho, la difusión del comunismo, su duración y el número de muertes que causó superan a los del fascismo y el nazismo. Si la mayoría de las democracias liberales han demostrado que es posible combatirlo sin recurrir a la censura ni a la represión de épocas pasadas, ¿no podrían las democracias consolidadas ser capaces también de resistir la amenaza del resurgimiento del nazismo y de la extrema derecha sin renunciar a la libertad democrática más esencial de todas?

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