Los genocidios de México: apaches y chinos

Las palabras de Felipe VI han levantado mucha polémica. Decir que hubo abusos y exterminios en este país norteamericano no debería sorprender a los mexicanos, teniendo en cuenta que padecen de 30.000 a 35.000 homicidios al año, la gran mayoría vinculados directa o indirectamente con la delincuencia y el crimen organizado. Este contraste es un buen ejemplo de cómo los Gobiernos mexicanos usan el relato de la leyenda negra para tapar sus negligencias. De hecho, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo que las palabras de Felipe VI eran poca cosa. En general, el movimiento antihispanista, fuertemente arraigado en México, se fundamenta en la falsificación de una historia y el ocultamiento de otra, generando un victimismo utilitario. La parte más escondida de la historia de México son los genocidios cometidos sobre su población indígena y china, desde la independencia hasta bien entrado el siglo XX. Merece la pena recordar estas matanzas para situar a cada uno en su lugar en la historia.

La historia del México independiente es a menudo narrada como una epopeya de libertad y soberanía. Sin embargo, oculta episodios sistemáticos de violencia extrema que cumplen con los criterios de genocidio. Tras la independencia en 1821, México se sumergió en un caos político. Lejos de traer prosperidad, la antigua Nueva España se convirtió en un desastre para las poblaciones que no encajaban en el proyecto nacionalista de la élite criolla. A diferencia del periodo colonial, donde la monarquía española había mantenido cierto cuidado legal y tratados de paz con las tribus indígenas, el México independiente rompió estos acuerdos.

Lo primero fue el genocidio de las tribus indígenas del norte, particularmente los apaches, yaquis, pimas y mayos. Este exterminio no fue el resultado de una guerra, sino una política de Estado dirigida a la eliminación sistemática de estos grupos humanos. Durante el siglo XVIII, el comandante español Jacobo Ugarte había establecido un sistema de raciones de comida para evitar las incursiones apaches, basándose en la premisa de que una «mala paz trae menos perjuicios que una buena guerra». Sin embargo, el México independiente decidió dejar de distribuir estas raciones, empujando a las tribus al saqueo para sobrevivir.

La respuesta del Estado mexicano fue la «deshumanización» —la eliminación de las barreras morales para matar, esto es, dejar de pensar que son personas, clave para el genocidio—. Fue así que en 1849, el Estado de Chihuahua aprobó la primera «Ley de cabelleras» o «Contrata de Sangre». Esta norma institucionalizó el asesinato al ofrecer recompensas económicas: 100 pesos por cada cabellera de apache, 50 pesos si pertenecía a una mujer o un niño, y hasta 250 pesos si se entregaba al individuo vivo para su ejecución pública. Este sistema convirtió la violencia en un incentivo económico directo para matar personas.

Para dimensionar el incentivo para matar personas, en esa época una mula costaba 25 pesos, es decir: la cabellera de un apache podía pagar cuatro mulas. Este sistema fue tan «exitoso» que el Gobierno de Chihuahua se declaró incapaz de pagar todas las recompensas solicitadas por los cazarrecompensas. Eso sí: logró reducir la población apache en la Sierra Madre a apenas 300 personas para 1887. El resultado fue un colapso demográfico extremo de la población apache.

Este genocidio se extendió a Sonora y Coahuila mediante milicias civiles y expediciones militares. Un hecho representativo ocurrió en 1851, cuando un contingente de 400 soldados mexicanos atacó una aldea comercial indefensa en Janos, Chihuahua. En esta masacre murieron la madre, esposa y tres hijos de un hombre llamado Goyahkla, quien tras encontrar a su familia muerta y sin cabellera, juró venganza contra el «hombre blanco mexicano». Ese hombre se convertiría en el legendario guerrero Gerónimo.

Simultáneamente, el Estado mexicano dirigió su violencia hacia los yaquis en Sonora. En 1876 se declaró formalmente la Guerra del Yaqui, que se prolongó hasta 1929. Bajo el amparo de la Ley de Desamortización de 1856, que permitía la colonización de tierras comunales indígenas, el Gobierno inició un proceso de exterminio y deportación masiva de yaquis. Decenas de miles fueron asesinados o sometidos a trabajo forzado en condiciones equivalentes a la esclavitud.

A principios del siglo XX, el nacionalismo mexicano era profundamente racista, alimentando la creencia de que México era una «raza acosada» por potencias exteriores y contaminada por grupos internos a los que consideraban humanamente «inferiores». En este contexto, la comunidad china fue catalogada como una «raza oriental pérfida» que impedía el progreso de la modernidad mexicana. Esta retórica culminó en una campaña genocida entre 1911 y 1944.

El punto de inflexión fue la Matanza de Torreón, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. Aprovechando el caos de la Revolución Mexicana, se extendió el bulo de que la comunidad china apoyaba al bando de Porfirio Díaz. La mentira desató el genocidio. La masacre se produjo cuando el ejército de Emilio Madero llegó a la ciudad de Torreón. Soldados y civiles masacraron a 303 chinos en tres días mediante extrema violencia.

Las víctimas, muchas de ellas nacidas en México, fueron desmembradas, decapitadas o asesinadas a machetazos, y luego sus propiedades fueron saqueadas. El trasfondo real incluía, además del racismo, un fuerte resentimiento económico. Los mexicanos envidiaban el éxito de los negocios establecidos por los inmigrantes chinos.

La persecución no se detuvo con el fin de las batallas revolucionarias. Bajo el mandato de Victoriano Huerta, el 24 de octubre de 1913, las tropas mexicanas ejecutaron a 600 chinos en el asedio de Monterrey. Posteriormente, el odio se institucionalizó mediante la creación de clubes antichinos. Estos grupos difundían propaganda que presentaba a los chinos como una amenaza sanitaria y racial.

Estos grupos sacaban comunicados que decían:

«Los chinos son la más terrible amenaza de nuestra salubridad, duro con ellos antes de que se crucen más con nuestra raza. Evitemos a nuestras compatriotas la peor de las vergüenzas: el tener hijos de físico chino»

No era solo matar, sino que a partir de 1915 se creó una estructura de guetos para confinar a la población china en barrios específicos y prohibir la salida después de la medianoche. Entre 1916 y 1925, miles de chinos fueron deportados a la isla María Magdalena. Este lugar funcionó como un campo de concentración donde la mayoría murió de hambre.

Como resultado de estas políticas, la población oriental en estados como Sonora y Sinaloa disminuyó hasta en un 97%. En 1923, el presidente Álvaro Obregón emitió decretos racistas similares a las leyes de Núremberg. Se prohibieron matrimonios mixtos para evitar la «contaminación» racial.

El racismo se extendió a gobiernos posteriores. Durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez se emitió una circular el 27 de abril de 1934 que ordenaba restringir la entrada de diversas razas. El texto reflejaba una política explícita de exclusión racial institucionalizada.

Literalmente decía:

«Evitar la entrada de la raza amarilla o mongólica, africana o australiana, indoeuropea, aceitunada o malaya, pues su sangre, cultura, hábitos y costumbres los hacen exóticos para nuestra psicología, y sus prácticas resultan perturbadoras para la idiosincrasia nacional»

La pregunta es si estos exterminios planificados fueron genocidios. Si aplicamos el modelo de las diez etapas del genocidio de Gregory Stanton, parece que no hay dudas. Hubo clasificación, discriminación, deshumanización y organización estatal. El proceso culminó en exterminio masivo y negación histórica posterior.

A diferencia del discurso que critica exclusivamente a Estados Unidos o España, los datos revelan que el México independiente fue responsable de genocidios contra sus propias minorías. Mientras que en la Nueva España existían mecanismos legales de protección, las políticas posteriores buscaron la uniformidad racial. Se impulsó la eliminación física de lo que se consideraban «razas inferiores».

El genocidio indígena y el chino no fueron hechos aislados, sino parte central de la construcción del Estado-nación mexicano. La falta de reconocimiento oficial impide comprender las raíces del racismo actual. Reconocer estos crímenes es clave para evitar repetir la violencia y desmontar el victimismo nacionalista.

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