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Detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su gestión del Canal Isabel II

Agentes del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a otras diez personas más en una operación contra una presunta trama para el desvío de fondos en el Canal de Isabel II.

Detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su gestión del Canal Isabel II

Agentes del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a otras once personas en una operación contra una presunta trama de corrupción para el desvío de fondos en el Canal de Isabel II.

La operación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y en ella participa la Fiscalía Anticorrupción. Ignacio González está acusado de compras de empresas fraudulentas en el extranjero, malversación, blanqueo de capitales y financiación irregular. Durante las próximas horas está previsto llevar a cabo 30 registros y no se descartan más detenciones, según medios.

Es el Juzgado número 6 quien dirige la operación que está llevando a cabo la UCO y que por ahora se salda con 12 detenidos por delitos por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. La investigación judicial se centra en personas vinculadas a la Administración Autonómica madrileña anterior y se investigan operaciones llevadas a cabo para desviar dinero de los fondos públicos en beneficio propio.

Estas diligencias se iniciaron a raíz de una querella que presentó la fiscalía Anticorrupción en julio de 2016, y desde entonces se ha llevado a cabo una investigación realizada por la UCO. Para este miércoles están citadas 5 personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrud, Cristina Cifuentes, según fuentes judiciales e informaciones recogidas por los medios.

El director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente del mismo medio, Mauricio Casals, están siendo investigados por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo, según han informado algunos medios españoles. El juez Eloy Velasco ha citado a Marhuenda y Casals por haber presionado a Cristina Cifuentes con la amenaza de publicar noticias falsas de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno.

Por su parte, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado este miércoles la suspensión provisional de afiliación de Ignacio González, y ha asegurado a través de un comunicado oficial que «el Partido Popular reitera su rechazo a cualquier tipo de corrupción, venga de donde venga, y tomará las medidas necesarias para atajar cualquier actuación que infrinja la ley» y que «recuerda su respeto a la presunción de inocencia, pero procede a la suspensión provisional de afiliación conforme a los Estatutos del partido».

Desde la oposición, las reacciones no se han hecho esperar con mensajes en Twitter denunciando la «corrupción» en el Partido Popular, del que Podemos dice que es el partido «más corrupto de la historia» de España. El secretario general, Pablo Iglesias no ha tardado en subir un tuit denunciando la trama de corrupción de los populares en Madrid.

«Han saqueado Madrid durante décadas, pero no han podido ocultar las pruebas. Hoy es Ignacio González pero el cerco cada vez se estrecha más», ha escrito por su parte el diputado de la formación morada, Íñigo Errejón.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, se ha hecho eco de la información calificando de «intolerable» que el PP, en vez de colaborar con la Justicia se dedique a criticarla «cada vez que investiga su corrupción».

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido este miércoles explicaciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras conocer la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que «el PP ha estado gestionando la Comunidad de Madrid como una organización criminal organizada» y que el partido va a seguir trabajando para que «el PP no vuelva a ganar las elecciones en la Comunidad», algo que también ha defendido el diputado por Ciudadanos de la Asamblea de Madrid César Zafra. Así mismo, el portavoz ha añadido que «el Canal de Isabel II está tan corrompido que lo único transparente es el agua» y que «el PP de Madrid se ha aprovechado de los madrileños en beneficio propio e Ignacio González lo constata».

Detenido Pablo González, directivo de Mercasa

La Guardia Civil también ha registrado esta mañana en Madrid la sede de la empresa pública Mercasa, donde ha detenido al directivo de la misma, Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Esta compañía gestiona los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercabarna o Mercamadrid, y a través de la empresa asociada semi pública Mercasa Incatema, ha llevado a cabo operaciones en países como Angola. El intermediario que trabajaba en este país africano para estas empresas era Guilherme Taveira Pinto el fugitivo buscado desde hace dos años por la Audiencia Nacional por otro caso de corrupción relacionado con la empresa pública Defex.

Agentes de la UCO han detenido a Pablo Gonzales durante en la mañana del miércoles y está siendo investigado por esta nueva causa de corrupción que afecta al Partido Popular.

Ramificaciones en América Latina

La presunta corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, que ha motivado la detención de doce personas, tiene ramificaciones en América Latina, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos por la Guardia Civil se encuentra Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica.

Rodríguez Sobrino fue destituido hace un año como presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, que gestiona contratos de agua en Latinoamérica. El detenido apareció vinculado a varias sociedades creadas en Panamá, por lo que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lo relevó del cargo.

El Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016, a cerrar diez empresas que el organismo tenía en Latinoamérica porque tenían poca actividad o porque la misma no era «razonable y compatible» con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable de la empresa pública, Ángel Garrido, quien sigue en el cargo. Entre las empresas con orden de cierre, Garrido destacó la radicada en Brasil: Emissao Engenharia e Construçoes, una compañía cuya compra supuestamente fraudulenta ya se estaba analizando por parte del Canal.

El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que lograron en 2015 casi 20 millones de dólares en beneficios, un 93 por ciento más respecto al año anterior, según afirmó Garrido hace unos meses.

Rajoy ante la Justicia

La detención de González, que además de presidente de la Comunidad de Madrid fue durante muchos años mano derecha de su antecesora en el caro, la dirigente popular y actual concejala en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, se produce un día después de que la Audiencia Nacional anunciar su decisión de llamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a declarar como testigo en la causa penal que investiga la trama de corrupción del caso Gürtel.

En un comunicado, el PP expresó su contrariedad a la decisión de dos de los tres jueces de la Audiencia encargados de la investigación del caso, indicando que «el Partido Popular respeta, pero no puede compartir la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal». Los populares consideran que la decisión «contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo Tribunal rechazó el testimonio Mariano Rajoy con el argumento de que no era “ni pertinente, ni útil” para la causa».

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