Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones por el cierre de Castor

El Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, «más los daños causados», informa Efe. Las tres entidades han formulado este viernes ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitan la devolución del dinero aportado, según han informado fuentes jurídicas. Las tres entidades han ofrecido que el Estado devuelva el dinero de modo gradual en los mismos términos y condiciones previstas de tipo de interés y plazo y no de forma inminente.

La reclamación llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por la constructora ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.

Santander, CaixaBank y Bankia recuerdan que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén, ubicado en el Mar Mediterráneo, después de que una serie de seísmos despertasen la alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. El Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en Castor. El Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, «hibernó» la instalación y reguló la compensación a la antigua concesionaria. De ese modo se podía indemnizar a Escal UGS con 1.350 millones con cargo al sistema gasista, es decir, a través de la factura del gas, lo que el Constitucional anuló parcialmente a finales de 2017.

Tras esta decisión judicial se dejaron de abonar los pagos a la empresa de transporte de gas Enagás por mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. Por eso ahora Santander, CaixaBank y Bankia reclaman su dinero y ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores.

Tras la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del real decreto-ley de 2014 que permitió a Escal UGS cobrar la indemnización por la paralización del almacén de gas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia. Con esa decisión del Tribunal Constitucional y la subsiguiente decisión del Gobierno de no adoptar ninguna medida compensatoria, se produjo una situación «ciertamente anómala», advierten los bancos.

Las entidades pagaron la deuda que el Estado tenía con la concesionaria con el compromiso de que recuperarían ese importe con intereses en 30 años y el Tribunal Constitucional anuló el real decreto-ley en el que se recogía esta compensación. A pesar de estos dos hechos, el Ejecutivo entiende que la deuda que tenía el Estado con la concesionaria de Castor está pagada y cree que no debe adoptar ninguna medida para compensar a Santander, CaixaBank y Bankia.