La Guardia Civil registra la Autoridad Catalana de la Competencia por el caso 3%

La Guardia Civil ha registrado este martes la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia y ocho empresas de Barcelona y 13 despachos profesionales en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional del caso 3 %, sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC). La operación se centra en investigar a un grupo de personas que supuestamente amañó al laza los contratos de las administraciones públicas.

Los registros se están llevando a cabo, además de en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia, en la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultorías independientes de Cataluña, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL.

El juez De la Mata, del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha ordenado el registro de la Agencia Catalana de la Competencia y de Infraestructuras Gencat y llamará a declarar a una quincena de empresarios con empresas con sede en Cataluña, Vizcaya y Sevilla.

La Guardia Civil ha explicado que «se ha entregado un mandamiento judicial» a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte «cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados recursos». Por su parte, la Autoridad Catalana de la Competencia ha explicado que la Guardia Civil se ha presentado en sus instalaciones para hacer un «requerimiento de información» y que no ha habido un registro formal.

En las actuaciones de la ‘operación Colosorium’, se ha procedido al requerimiento de diez expedientes objeto de la investigación que están en poder de la empresa pública Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos.

La investigación comenzó con el análisis de varios correos electrónicos de los investigados fechados entre los años 2008 y 2011. «De estos emails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas», explica la Guardia Civil.

El caso del 3% se refiere a las supuestas comisiones que el CDC, partido dirigido por Jordi Pujol que gobernó en Cataluña desde 1980, salvo en el período desde 2003 hasta 2010, percibió de forma ilegal a cambio de contratos públicos.