La banca ha extendido la carencia y ha aplicado los vencimientos a menos de la mitad de los créditos ICO concedidos a las empresas y las pymes después de que el Gobierno abriera esta posibilidad la pasada primavera ante el alargamiento de la pandemia en el marco de una flexibilización en los pagos de estas líneas de financiación y de nuevas medidas para recapitalizar a las firmas más ahogadas.
Según los datos recabados por THE OBJECTIVE, las principales entidades han permitido alargar la moratoria sobre el principal hasta abril o mayo del próximo ejercicio o han alargado los plazos para abonar las cuotas en torno a un 40% de los préstamos otorgados, que cuentan con una garantía estatal del 75%. En concreto, el Santander ha dado este oxígeno al 47% de los 32.400 millones inyectados al tejido industrial; BBVA, al 38% de los 13.000 millones dispuestos; y el Sabadell, 40% de los 8.800 millones.
Las entidades se muestran aliviadas por estos datos, que son menores a sus previsiones iniciales, ya que esto permitirá que buena parte de empresas y pymes paguen a lo largo de este año las cuotas también por el capital principal y no solo los intereses. Además, una de ellas, BBVA sostiene que ni uno de los titulares de sus créditos ICO ha solicitado una quita de la deuda, posibilidad que el Gobierno abrió el decreto de marzo. Entonces, decidió también aumentar de ocho a diez años el vencimiento de los mismos, elevar otros doce meses la carencia y acordó un Código de Buenas Prácticas para su ejecución, a la que la inmensa mayoría de entidades se han adherido.
Estas medidas están permitiendo que la morosidad se mantenga controlada, incluso a la baja, pero el sector espera que los impagos crezcan a partir de la próxima primavera, cuando decaigan todos estas facilidades. Será cuando se vean los efectos del coronavirus, unos impactos que a priori serán menos contundentes de lo inicialmente pronosticado. Ahora las entidades consideran que la insolvencia en su conjunto (incluyendo otros créditos, como al consumo e hipotecas) avanzará hasta el 6-7%, lejos del 12 o 13% estimado en marzo de 2020, cuando estalló el coronavirus.
Provisiones
Para asumir los créditos que entren en morosidad el sector ya ha acumulado, a su juicio, las provisiones necesarias. Es más, a lo largo de este ejercicio prácticamente ningún banco ha llevado a cabo dotaciones extraordinarias tras la hucha creada el ejercicio anterior. La mejoría de las expectativas, además, está provocando que algunos de ellos tengan ya sobre la mesa la posibilidad de liberar parte de ellas. El Santander, por ejemplo, tiene previsto ‘recuperar’ entre 700 y 1.000 millones de unos 2.500 millones aún no asignados en el cuarto trimestre, aunque por deterioros en otros mercados, no en España. Para estos, confía en poder hacer una operación similar ya en 2021.
El resto de entidades mantienen aún una política más conservadora y declaran que tomarán decisiones al respecto una vez empiecen a decaer las medidas de flexibilización de los préstamos y a la evolución de los mismos, además de comprobar cómo discurre la economía después de la escalada de la inflación.
Pérdidas para el Estado
El Gobierno puso en marcha un mecanismo en abril de 2020 para ayudar a las empresas y movilizar más de 100.000 millones, una cantidad que fue creciendo a través de otra serie de programas con garantías estatales. A día de hoy se han financiado a más de 1 millón de empresas y pymes con un importe cercano a los 130.000 millones. Las mejores perspectivas no son solo beneficiosas para la banca, que es la que ha otorgado la financiación, sino para las arcas públicas, debido a los avales. Es decir, cuanta menos morosidad se registre en estos préstamos, menor será la pérdida para el Estado.
