El vino de la discordia

In vino veritas. Mi profesor de Historia en el colegio decía que las fronteras del Imperio Romano coincidían sospechosamente con los límites de las tierras del vino: más allá, la barbarie. El emperador Juliano, por ejemplo, compuso un poema panegírico del vino, en el que, en contraste, semejaba la cerveza a la orina de cabra. El cristianismo le colgaría después el san benito de El Apóstata, con el que nos ha llegado a la actualidad, pero salvó su pasión por el vino, no en vano convertible en la sangre de Dios. Hoy, otra religión, la del nacionalismo, quiere su parte del milagro. La verdad del vino se sigue conjugando en términos de poder.

La delimitación de sus dominios ya no corre a cargo de los legionarios. La mezcla de tecnología agrícola y márketing marcan el paso. Sobre todo lo segundo. En un producto tan enraizado en la tierra, y no solo metafóricamente, la creación de una marca viene determinada por el territorio, y el invento de la denominación de origen calificada (DOCa) se ajusta a dicha relación como guante a la mano. Una región que consiga crear tal aura de calidad alrededor de su vino vive de lo que bebe. De la del Rioja, por ejemplo, depende la prosperidad de un área que incluye 63.593 hectáreas de viñedo en tres provincias: La Rioja (43.885 hectáreas), Álava (12.934) y Navarra (6.774). Un total de 144 municipios, con alrededor de 15.000 viticultores y 600 bodegas. De ahí el estremecimiento ante cualquier posible alteración del ecosistema.

El último ha corrido a cargo del PNV, empeñado en partir la DOCa con una subdenominación de Rioja Alavesa que contaría, por supuesto, con un órgano vasco regulador propio para controlar sus destinos. Incluso amagaron con una reforma legal ad hoc que tuvieron que retirar antes de su debate en el Congreso por el horror de una opinión pública que veía peligrar la gallina de los huevos de oro. Pese al paso atrás, los nacionalistas vascos insistieron la semana pasada en que seguirán con su plan, en un claro contraataque a la respuesta de los defensores de mantener las cosas como están.

Estos se reunieron un par de días antes en el Foro Social en Defensa de la DOCa Rioja, que bailó al ritmo de un mantra repetido hasta la saciedad: autonomía e independencia frente a «cualquier injerencia política». Aunque, paradójicamente, el foro lo convocó una política, la copresidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que se ha encontrado en una situación peliaguda: como miembro del PSOE, no quiere agraviar demasiado a los nacionalistas vascos, socios de Pedro Sánchez en el Gobierno nacional, pero sabe quiénes son las verdaderas fuerzas vivas de su comunidad autónoma.

Muy pendientes de sus palabras, en el foro estaba presente Fernando Ezquerro, por ejemplo, nexo clave del sector con sus dos cargos de presidente tanto del Consejo Regulador, que gestiona la DOCa, y de la Interprofesional del Vino de Rioja, que aglutina tanto a productores como a comercializadores, es decir, los dos pilares antes mencionados del negocio: tecnología agrícola y márketing. Ezquerro aprovechó el evento para rechazar cualquier injerencia, pero además dejó claro, en manifestaciones recogidas por RTVE, que el problema ya se veía venir: «Esta amenaza se empezó a fraguar en julio de 2020». 

Andreu tuvo, por lo tanto, que hacer malabares. Resumió las conclusiones que había sacado del foro hablando de «unanimidad» del sector vitivinícola de su región, y dejando claro, con un lenguaje marcadamente empresarial, que «las fórmulas con las que el sector se adapta al mercado las debe decidir el propio sector, nunca un agente político». Pero también dejó caer que no quiere «ningún tipo de crispación» y tiró de la palabra mágica, «diversidad». Las normas del consejo regulador, recordó, «no impiden que esta DOCa sea diversa» y subrayó que «una de sus fortalezas es que La Rioja, el País Vasco y Navarra comparten sus experiencias en ella».

Eufemismos aparte, la diversidad lleva tiempo creando conflictos peligrosos. Porque hay demasiado en juego. El año pasado, la pandemia también afectó al Rioja. Las ventas cayeron un 8,43% respecto al año anterior, según datos del Consejo Regulador. Pero al presentar este dato, Fernando Salamero, el entonces presidente del Consejo Regulador de la DOCa –Ezquerro lo sucedió en junio–, constató que la cosa había ido «sustancialmente mejor de lo que cabía esperar cuando empezó la pandemia». Probablemente porque, como el resto del sector vitivinícola español, estaban preparados. 

La anterior crisis, la financiera que empezó en 2008, se reveló como una auténtica mili, muy útil como prueba de esfuerzo, y el tiempo transcurrido proporciona perspectiva suficiente como para realizar un análisis concienzudo. Samuel Esteban Rodríguez y Julio Fernández Portela publicaron el artículo ‘La crisis económica en las Denominaciones de Origen Protegidas de vino españolas: un enfoque desde la teoría de los mundos de producción’ en Cuadernos Geográficos precisamente el mes pasado, una afortunada coincidencia con la actualidad, ya que el tempo de la producción académica es muy otro. 

Los autores observan, primero, que «en las últimas décadas, el sector vitivinícola ha experimentado importantes cambios, empezando por  la  demanda  de  un  vino  de  mayor  calidad  entre  los  consumidores.  El  terroir,  la  adaptación  de cada variedad de uva a los factores ambientales y las prácticas culturales de producción local, vinculan  origen  geográfico  y  cualidades  del  vino.  Estos  elementos  han  favorecido  la  creación de  certificaciones  territoriales,  con  la  finalidad  de  garantizar  la  calidad  diferenciada  y  hacerla  reconocible en el mercado». En este contexto, la crisis económica de 2008 produjo «ajustes en términos de diferenciación de la producción y número de bodegas en un periodo muy corto de tiempo. El sector ha virado hacia una mayor diferenciación de sus productos y un aumento de la  escala  de  producción». Y una de las claves que revelan los ganadores de este producto, «dada  la  importancia  de  las  exportaciones  de vino», consiste en «cómo se están desenvolviendo en los mercados internacionales los diferentes tipos de DOP; esto es algo de vital importancia a la hora de comprender los ajustes que se han identificado». 

Los autores lo dejan ahí, reclamando un estudio académico en profundidad del asunto que desde el periodismo no estamos en condiciones de hacer. Sí podemos volver a los datos más actuales y echar un vistazo a cómo se está manejando la DOCa Rioja (una DOCa, por cierto, no es más que una especie de DOP que se ha ganado un extra de reconocimiento al cumplir una serie de requisitos durante un periodo prolongado de tiempo). Ya en 2020, en pleno coronavirus, el Observatorio Español del Mercado del Vino ganó un 0,2% de cuota en el comercio mundial de vino envasado para situarse en en el 2,4% del valor total del no espumoso. Y los datos de exportación del primer trimestre de este año son más que prometedores: aumentaron en crecimientos del 6% en valor, hasta los 124,3 millones de euros, y del 5,8% en volumen, hasta los 26,5 millones de litros, con precios medios ligeramente superiores (+0,2%), hasta los 4,70 €/litro.

El Rioja es un caso de éxito del que todos quieren beber. La cuestión es quién sirve las copas. Los movimientos de la parte vasca no son una novedad. Uno bien significativo se produjo en diciembre de 2014… justo cuando acaba ese lapso de estabilización de las DOP que propició la crisis de 2008.   

La bodega alavesa Artadi anunció entonces que abandonaba la DOCa Rioja por disconformidad con su modelo de negocio. El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, se apresuró a penetrar la brecha reclamando un mayor reconocimiento de la subzona de la Rioja alavesa, y la Asociación de Bodegas de la Rioja Alavesa (ABRA) se unió a la rebelión con una propuesta para que dicha subzona apareciera en el etiquetado de las botellas con el mismo tamaño que la denominación general, una reivindicación que el Consejo Regulador de la DOCa ya había cerrado (o eso creía) en 1999, cuando dictaminó que el techo máximo de la letra de la etiqueta para las subzonas fuera de dos terceras partes del de la denominación general. ¿Por qué volvían a la carga los alaveses?

González dijo entonces que, frente a lo que consideraba inmovilismo de las marcas históricas, a las que reconocía la decisiva contribución a dar conocimiento a los caldos de Rioja, había que dar una paso más para que bodegas de menor dimensión y sin marcas tan consolidadas, típicas de Rioja alavesa, tuvieran nuevas oportunidades y espacios comerciales. Los alaveses no veían lógico que en las tiendas convivieran una botella de Rioja de tres euros con otra de 200, cuando, decían, ambas estaban respaldadas por una misma contraetiqueta con el tiempo de envejecimiento como único elemento diferenciador. Por eso querían una zonificación que reflejara el origen de los viñedos, es decir, una distinción desde un punto de vista agronómico.

En frente se situó el grueso de la DOCa, que advertía que el vino, lejos de ser un nicho abierto, ávido de novedades, prefiere lo que ya funcionaba más que bien. Los experimentos, con gaseosa, nunca mejor dicho. Algunas voces intermedias reconocían que había que darle una vuelta a la categorización oficial de los vinos para darle más lustre a vinos de parajes concretos, en los que un mercado cada vez más conocedor venía ya tiempo fijándose. Pero ese es coto exclusivo del Consejo Regulador de la DOCa. Suya es la función de avalar el sello y la autenticidad de sus vinos, para que el consumidor pueda fiarse de que han pasado unos controles muy rigurosos, esos que les han dado la fama de la que viven. Pero, a partir de este mínimo,  se bifurcan las posibilidades de la gestión… y la polémica, 

El gran argumento de quienes piden cambios es que los más poderosos, los grandes grupos comerciales, mantienen un status quo que les favorece. Las resoluciones del Consejo Regulador de la DOCa Rioja se adoptan tras votación de un pleno de los asociados, que se divide en dos sectores con 100 votos cada uno: el de cooperativas y sindicatos, que se reparten los votos en función del número de hectáreas, y el de los bodegueros, que se los reparten por litros comercializados. Cada resolución necesita un mínimo de la mitad de los votos de cada uno de los sectores y un total de 150. 

Los que quieren continuar como hasta ahora recuerdan que, a diferencia de otras denominaciones más controladas por administración pública, en la riojana las mismas empresas toman sus propias decisiones con una visión empresarial, y que los resultados les dan la razón. Además, señalan el dato curioso de que las voces discordantes parten de la zona gobernada por el PNV, de lo que deducen cierto tufillo político. 

A lo largo de la historia de las denominaciones de origen se han producido bajas de bodegas que han querido emprender una aventura por su cuenta, como Raventós i Blanc.

(Cava) o Gutiérrez de la Vega (Alicante). Y no ha pasado nada. Pero el último episodio del Rioja parece indicar que el PNV prefiere para las bodegas de su zona estar en misa y repicando: tomar sus propias decisiones, bien penetradas por el aparato nacionalista, sin prescindir del paraguas de una marca consolidada y que, además, sube como la espuma en el aspecto clave de la internacionalización. ¿No percibe cierto aroma a déjà vu en el retragusto de esta copa?