Iberdrola amplía su querella contra Del Olmo y le acusa de «robo de facturas y revelar secretos»
El exdirectivo de la energética ya tiene una condena en el juzgado mercantil 1 de Bilbao por este motivo
Imagen de archivo de Iberdrola | Iberdrola
Iberdrola ha decidido ampliar su querella contra José Antonio del Olmo, su ex director de Control de Funciones Corporativas desde 2001 hasta 2016, acusándole ahora de «robo de facturas y revelación de secretos de empresa».
Según informan fuentes de la compañía a THE OBJECTIVE, la eléctrica ha presentado este lunes en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional una nueva querella adicional a la que interpuso el 20 de enero de 2020.
Según el escrito de la querella, al que ha tenido acceso este medio, Iberdrola mantiene que Del Olmo «se apoderó de una extensísima serie de documentos que recogen secretos empresariales de Iberdrola y datos reservados que afectaban no solo a los intereses de la compañía, sino también a la intimidad de personas físicas vinculadas con ella, sustrayéndolos ilegalmente de donde estaban depositados en la empresa y conservándolos a su disposición para ulteriormente revelarlos».
La empresa considera que el asunto tiene consecuencias penales y piensa que «la documentación robada se está utilizando indebidamente como prueba» en la Audiencia Nacional. Del Olmo ya tiene una condena en el juzgado mercantil 1 de Bilbao por este motivo.
«Difusión, revelación o cesión ilícita de documentos»
El grupo que preside Ignacio Sánchez Galán alega que durante periodos que abarcan como mínimo el año 2004 y de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, Del Olmo «realizó diversas actividades de difusión, revelación o cesión ilícita de esos documentos, en perjuicio de la compañía». «Estas conductas son constitutivas de delitos de revelación de secretos de empresa y de revelación de datos reservados de persona jurídica», sostiene el escrito.
Iberdrola también solicitó el viernes pasado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que investigue si el informe aportado Del Olmo –prueba clave de esta pieza separada del denominado ‘caso Villarejo’– es falso, tal y como argumenta la compañía eléctrica, antes de tomar declaración como investigado al presidente de la misma, Ignacio Sánchez Galán, el próximo 18 de enero.
La empresa reclama así al juez instructor que acuerde las diligencias pendientes antes de que entre el 17 y el 20 de enero interrogue como imputados a Sánchez Galán, al ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker, al ex consejero-director general de Negocios (Business CEO) Francisco Martínez Córcoles, al ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo y a Iberdrola Renovables como persona jurídica.
El titular de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordó el pasado 23 de junio la imputación de Sánchez Galán y el resto de directivos. Les imputa un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.
En el marco de la pieza 17 de Tándem, García-Castellón explicaba que los directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.
Daño reputacional
En concreto, la mercantil pone el foco sobre el informe elaborado por Del Olmo en diciembre de 2004 donde reflejaría presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por Cent, el grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo. Iberdrola se querelló en 2020 contra su antiguo directivo asegurando que se trata de un dossier falso.
En general, reprocha al instructor que «la presente investigación penal se impulsa solo en un sentido» que iría «en claro perjuicio de Iberdrola», denunciando en este sentido que viene sufriendo un daño reputacional y económico por la forma de dirigir estas pesquisas.
En este contexto, mencionó el rechazo del regulador de Nuevo México de la compra de PNM Resources por parte de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, debido a la implicación de la compañía en el caso Villarejo. La operación estaba valorada en más de 8.000 millones de dólares y supone un duro golpe para la expansión de Iberdrola en Estados Unidos, aunque desde la empresa han asegurado que recurrirán la decisión al considerarla «injusta».
