El impuesto estrella de Sánchez fracasa: la 'tasa Google' solo recauda una cuarta parte de lo previsto

La ‘tasa Google’ se ha convertido en uno de los grandes fracasos fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez. Las estimaciones del Ejecutivo a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE indican que los ingresos que se obtendrán por el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales apenas alcanzarán los 240 millones de euros en 2021 -su primer año de funcionamiento- una cuarta parte de los 968 millones estimados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este impuesto digital, conocido popularmente como la ‘tasa Google’ –el gigante tecnológico era uno de los principales destinatarios finales–, fue una de las medidas económicas estrella de Pedro Sánchez y de su administración económica al llegar al Gobierno a mediados de 2018.

El Ejecutivo incidió durante más de dos años en la necesidad de que las grandes corporaciones digitales internacionales debían pagar por su actividad real en España. Así, elevó la carga impositiva de compañías como Facebook, Amazon, Google o Apple, pese a que la norma iba en contra de los acuerdos internacionales y se hacia sin esperar un pacto en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Tras su aprobación en febrero de 2020 por el Consejo de Ministros, el Gobierno anunció que este impuesto supondría el 0,45% del total de los ingresos fiscales de España para este año y que era el mejor ejemplo de la modernización del sistema fiscal español. Recordemos que cuando el Gobierno comenzó a elaborar sus bases en 2019, se estimó que su recaudación anual sería de 1.200 millones de euros.

Sin embargo, la poca concreción respecto del objeto del impuesto sumado a la inexistencia de otro tributo similar en el mundo, hizo que el Ministerio de Hacienda fallase estrepitosamente en sus previsiones, tanto en las iniciales como las incluidas finalmente en los Presupuestos de 2021.

Reducción en PGE de 2022

Los datos del primer semestre publicados en octubre ya indicaban que las cosas no iban según lo esperado. Hasta junio solo se recaudaron 92 millones de euros tras las dos primeras liquidaciones trimestrales y en el balance de ingresos de Hacienda presentado hace una semana, se indicó que la recaudación se elevaba hasta los 166 millones de euros, a falta de la última liquidación del año.

De esta manera, las fuentes consultadas indican que la recaudación estimada para el último trimestre de este año (y que se conocerá en los datos de recaudación de marzo) es similar a la del tercer trimestre, es decir unos 74 millones de euros. Esto llevaría el total anual a unos 240 millones al cerrar el año fiscal.

El Ejecutivo ya preveía en octubre que los cálculos no iban a salir. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado de 2022 presentados en esas fechas ya rebajaron notablemente las previsiones de recaudación de este impuesto, desde los mencionados 968 millones hasta los 225 millones de euros.

El Gobierno se defendió indicando que las estimaciones de recaudación de este impuesto «se hicieron antes de la pandemia, lo que repercute en el número de contribuyentes comprendidos en los umbrales del impuesto». Ello pese a que el impuesto se aprobó en febrero de 2020 y se incluyó en los PGE que se presentaron en octubre.

«En paralelo, con posterioridad a la realización de las estimaciones, se han hecho públicos datos sectoriales sobre 2020 que han mostrado una caída tanto en el negocio de la publicidad como, por ejemplo, también, en materia de alquiler turístico con motivo de la pandemia», han indicado en una respuesta parlamentaria donde intentaron explicar las diferencias entre estimaciones de recaudación de 2021 y 2022 .

Culpa del cálculo de Bruselas

Hacienda también culpa a la sobreestimación que la Comisión Europea hizo de este tributo, un método de cálculo que el Gobierno utilizó para poner en marcha la tasa. «La estimación de la Comisión Europea sobreestimaba el potencial del impuesto, como se ha puesto de manifiesto en las recaudaciones de tributos similares en otros países», indicaron.

Este impuesto grava con un 3% servicios como la publicidad en línea, la intermediación online y la venta de datos generados por el usuario durante su actividad, y afecta a empresas con ingresos globales superiores a 750 millones y facturación en España de más de tres millones de euros.

Un tributo que no ha estado exento de polémicas desde su nacimiento. En 2019 se comenzó a consensuar la normativa generando una gran controversia en el sector digital que advirtió que solo las pymes y pequeños negocios se verían afectados ya que -como finalmente aconteció- los gigantes digitales repercutirían este coste en sus clientes.

A comienzos de 2020 el impuesto se aprobó en el Consejo de Ministros, pero no fue hasta entrado el cuatro trimestre del ese año que finalmente se aprobó en las Cortes. Esto permitió incluirlo en los Presupuestos de 2021, aunque ya con un tijeretazo del 20% tras pasar de los 1.200 millones prometidos inicialmente hasta los 968 millones. Todas las patronales digitales y organismos de estudios indicaron en innumerables ocasiones que era imposible conseguir unas cifras de esta magnitud .

En 2021 siguieron los problemas. La ‘tasa Google‘ entró en vigor a mediados de enero, pero el primer pago previsto para abril se tuvo que retrasar hasta el segundo trimestre por no estar listo aún su desarrollo normativo. Un desarrollo normativo que generó más incertidumbres al sector y que se completó en junio, a pocas semanas de que se produjese la segunda liquidación.

Polémica con EEUU

Paradójicamente, la puesta en marcha formal de la tasa se produjo en medio del debate mundial por el pago de impuestos de sociedades extranjeras. En febrero de 2021 los líderes del G-7 acordaron un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales que operan en diferentes países, un acuerdo apoyado por España y refrendado formalmente en octubre en el marco del G-20.

Este acuerdo invalida automáticamente cualquier impuesto unilateral como la ‘tasa Google’ de España, algo que el propio Gobierno ha reconocido comprometiéndose a sustituir la normativa cuando esté vigente el impuesto del 15%. De hecho, Sánchez y la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han reconocido siempre que esta tasa es transitoria a la espera de que una norma global la reemplace.

Una norma que también ha generado grandes problemas con Estados Unidos. Durante todo 2020 y parte de 2021, los gobiernos de Donald Trump y de Joe Biden amenazaron con aplicar aranceles a los países que mantuviesen impuestos sobre servicios digitales como el español. En octubre se alcanzó finalmente un acuerdo con España, Austria, Francia, Italia y Reino Unido para quitar estos gravámenes a cambios de suscribirse al acuerdo de tributación global.