El desastre de la 'Ley Rider': 10.000 parados, casi ningún contratado y escasez de repartidores

El balance de la Ley Rider no puede ser más desolador cinco meses después de su puesta en marcha. El proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo no ha logrado que los casi 30.000 repartidores del sector tuviesen un contrato por cuenta ajena con sus respectivas plataformas, sino que además ha sido la causante de que 10.000 riders se quedasen sin empleo durante 2021, según han confirmado THE OBJECTIVE diversas asociaciones del sector.

Las compañías han adoptado diversas fórmulas para esquivar la normativa, lo que ha generado que solo una mínima parte de ellas realmente haya mejorado las condiciones de sus repartidores. Los que han logrado mantener su trabajo siguen siendo mayoritariamente autónomos, el resto reparten a través de subcontratas y un porcentaje pequeño está contratado por la propia plataforma.

Una Ley de Plataformas Digitales (su nombre oficial) que además ha tenido una serie de efectos colaterales para el sector como la proliferación de los dark markets (supermercados fantasma) o que los pequeños restaurantes se queden sin servicio de reparto en horas punta, generando una pérdida de ingresos importante cuando más crece el sector del delivery o entrega de comida a domicilio.

El 12 de agosto entró en vigor la Ley Rider -tras meses de negociaciones con la patronal y los sindicatos- incluyendo en la normativa laboral la obligatoriedad de que las plataformas de reparto como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o la propia Amazon contratasen formalmente a sus repartidores autónomos.

Pérdida de empleos

Una normativa que se impuso tras una serie de fallos judiciales que decretaron la relación laboral entre los repartidores y sus empresas. La nueva ley se hizo contra el criterio de estas plataformas y de asociaciones que representaban mas de un tercio de estos repartidores: exigían libertad para trabajar en cualquier plataforma frente a las denuncias de precariedad del propio Ejecutivo.

La nueva normativa española fue puesta como ejemplo para el resto de Europa por Yolanda Díaz y, de hecho, ahora la Comisión Europea se plantea una legislación similar para el resto del continente. Sin embargo, los cinco meses de funcionamiento en España han generado el efecto totalmente contrario al buscado en el sector.

El balance realizado por la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) indica que durante estos cinco meses de funcionamiento al menos 10.000 repartidores han perdido su trabajo, un tercio de la fuerza laboral en un sector que en sus buenos momentos llegó a emplear a unos 30.000 riders.

Una cifra en la que se encuentran los 4.000 repartidores que se quedaron sin trabajar tras el cierre de Deliveroo el pasado 29 de noviembre. La empresa, que hasta el momento era el segundo actor del delivery en nuestro país, consideró que con las nuevas condiciones y con el coste de tener que asumir contratos formales no era rentable seguir en España. Paradójicamente, la empresa tuvo que contratar a todos sus repartidores durante unos pocos días para poder ejecutar su ERE de extinción.

Amazon y Uber Eats

Pero no son los únicos puestos de trabajo que se han perdido. Algunas asociaciones de riders indican que otros 2.000 repartidores autónomos de Amazon han dejado de trabajar con el gigante digital. En este caso, la compañía ha preferido romper toda relación laboral con ellos en vez de incorporarlos a su plantilla y ha concentrado sus repartos en sus propios empleados ya contratados con anterioridad.

A ellos habría que sumar los que no han sido contratados por Uber Eats. La compañía optó por un modelo intermedio de subcontratación de repartidores. Esto significa que solo trabaja desde agosto con empresas externas que les proporcionan el servicio de reparto.

Esto ha supuesto que otros 4.000 repartidores autónomos hayan dejado de trabajar con Uber ya que no han sido contratados en estas empresas externas que -al igual que Amazon– no han aumentado sus plantillas.

¿Y qué ha pasado con el resto? La mayoría siguen siendo autónomos. El mejor ejemplo es Glovo, el principal actor del sector y que da trabajo a unos cerca de 8.000 repartidores. La plataforma, que acaba de vender un porcentaje de control del 40% a Delivery Hero, ha creado un nuevo modelo en el que lejos de mejorar las condiciones de sus riders se ha centrado en intentar borrar toda presunción de laboralidad.

El caso de Glovo

Este nuevo modelo permite que los repartidores entren a la plataforma a trabajar en los precios que ellos determinen y se elimina el sistema mediante el cual estaban conectados más tiempo del disponible. En Glovo indican que este sistema se ajusta perfectamente a la ley actual ya que además respeta las sentencias judiciales que se han pronunciado en su contra.

Fuentes del sector indican que este sistema está bajo la sospecha de los sindicatos y que éstos ya se están planteando denunciarlo. En el caso del Ministerio de Trabajo todavía no mueve ficha de manera oficial, pero en privado reconocen que este tipo de contratación no es lo que se quería conseguir, ni está en el espíritu de la nueva Ley Rider.

El caso de Just Eat es lo más cercano a lo que quiere el Gobierno, pero el alcance de su modelo de contratación es escaso y apenas alcanza a unos 2.000 repartidores, menos según otras fuentes. De hecho, la plataforma firmó hace dos semanas un acuerdo laboral con los sindicatos CCOO y UGT.

Las partes pactaron establecer un salario base de 8,5 euros por hora, lo que supone 15.200 euros al año, si se trabaja a tiempo completo. Igualmente contempla dos pagas extra equivalentes a un mes de salario prorrateadas a lo largo del año. Además, se recompensa el trabajo en festivo pagando la hora al doble de su precio habitual, y se establece un complemento de nocturnidad.

Just Eat

No obstante, asociaciones de riders indican que una mínima parte de estos 2.000 repartidores efectivamente están contratados por Just Eat, lo que significa que la gran mayoría no se verán afectados por estas condiciones y deberán regirse por los convenios de las propias empresas en las que son subcontratados. Estas fuentes indican que muchos repartidores de Just Eat están contratados por los propios restaurantes con los que trabajan. 

Estos nuevos modelos de contratación que han nacido de la Ley Rider no solo han afectado a la realidad laboral de los repartidores, sino que han impactado en los pequeños restaurantes que han visto cómo la reducción en el número de riders ha dinamitado el reparto de sus pedidos en horas punta. El anterior sistema permitía adaptarse a estas situaciones debido a la flexibilidad en la asignación de los repartos, pero con menos riders en la calle esta demanda no se puede cubrir en situaciones críticas.

En febrero, un millar de restaurantes (943) que operan a través de las principales plataformas de delivery en España —Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats— firmaron el Manifiesto de restaurantes españoles sobre la Ley Rider en el que manifestaron su preocupación por la posibilidad de que una laboralización forzosa de los repartidores afectase a los ingresos de sus establecimientos, en su mayoría pequeños y medianos comercios, que -según las propias estimaciones de las plataformas de reparto-, podrían dejar de facturar unos 250 millones de euros solo en los primeros doce meses.

De hecho, un informe de la patronal Adigital recoge que los pedidos realizados a través de estas plataformas crecieron un 46,4% en 2019, alcanzando los 36,2 millones, gracias a los más de 64.500 acuerdos de colaboración que las plataformas digitales de delivery mantienen con restaurantes y comercios de diferentes ciudades españolas, esto fue 2,2 veces más que en 2018.

Supermercados fantasma

Pero hay una tercera derivada y es la proliferación de los dark markets, supermercados fantasma que han crecido de la mano de la nueva legislación. En el caso de Glovo, han contratado al 20% de sus repartidores precisamente para satisfacer el reparto de estos supermercados que operan solo para los pedidos a domicilio. Son supermercados gestionados por la propia plataforma y que no tienen venta al público de manera física, un modelo similar a las dark kitchen.

Empresas tecnológicas emergentes como Gorillas, Dija y Blok han desembarcado en los últimos meses con supermercados fantasma y la mayoría con modelos de contratación que están más cercanos a lo que quiere el Gobierno con su Ley Rider, aunque el impacto de estos contratos todavía es marginal en todo el sector.