España bate su récord en autoconsumo solar con 1.300 MW desplegados en 2021
Dicha cifra supone la más alta registrada hasta la fecha y más del doble que la de 2020, cuando se desarrollaron 623 megavatios
Los consumidores españoles tienen claro que el autoconsumo fotovoltaico es una de las mejores alternativas para depender menos de las grandes eléctricas y tener un mayor control energético —y así lo demuestran los datos—.
En España se pusieron en marcha el año pasado entre 1.200 y 1.400 megavatios (MW) de potencia en instalaciones de autoconsumo, según adelanta a THE OBJECTIVE la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa). Dicha cifra, que incluso podría estar por encima una vez se recaben los últimos datos, supone la más alta registrada hasta la fecha y más del doble que la de 2020 —623 MW—.
El director general de la asociación, José María González Moya, señala a este medio que se conectaron a la red alrededor de unos 2.965 MW, que sumados a los de autoconsumo dan como resultado 4.265 MW instalados. Aún está por definir cuántos MW correspondieron a consumidores domésticos e industriales.
La tecnología solar fotovoltaica es la que mayor grado de desarrollo está teniendo en España entre las instalaciones de autoconsumo, sobre todo desde que se eliminara el denominado impuesto al Sol en 2018. No obstante, una de sus principales barreras es el volumen de inversión inicial que tiene que realizar el usuario. En este sentido, los fabricantes de paneles sonares se quejan de que el sistema actual sobrecarga a una administración pública ya saturada y que alimenta la inflación en un sector donde ya se están produciendo fuertes incrementos de precio.
Ayudas a la instalación de placas
La Unión Europea (UE) plantea un IVA que se sitúe entre un 0 y 5% para paneles solares de uso residencial y en edificios públicos con el fin de acelerar la transición energética y reducir las emisiones de CO2. Por su parte, en España, el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha ayudas enfocadas específicamente a autoconsumo y almacenamiento, además de energías renovables térmicas para el sector residencial.
Dichas ayudas se articularán a través de seis programas que se dirigen tanto a los diferentes sectores económicos (servicios y resto de sectores productivos) como a residencial, sector público y tercer sector. El programa, financiado con fondos europeos, cuenta con una dotación inicial de 660 millones de euros, ampliables hasta 1.320 millones, que se regionalizan a través de las comunidades y ciudades autónomas por todo el territorio nacional hasta 2023. Algunas comunidades ya han comenzado a activar las comunidades autónomas.
La cartera que dirige Teresa Ribera ha fijado una hoja de ruta de autoconsumo que plantea alcanzar los 9 gigavatios (GW) de potencia instalada en 2030. No obstante, se podrían alcanzar hasta los 14 GW si se da un escenario «muy favorable de alta penetración». Bajo dicho contexto, las grandes superficies se han lanzado a conquistar el mercado de las placas solares. Ikea comercializa los suyos bajo una alianza con Contigo Energía, mientras que El Corte Inglés unió fuerzas con la portuguesa EDP. Otras empresas que luchan por hacerse con un pedazo del pastel son MediaMarkt, Leroy Merlin o Fnac.
Otra de las variantes que se presentan como alternativa a las eléctricas convencionales son las comunidades energéticas. Estas pueden llevar a cabo múltiples actividades: producir, consumir, almacenar, compartir o vender energía. En España, el 70% de la población vive en edificios y ahí es más difícil disponer de la superficie suficiente para la instalación de placas solares o ponerse de acuerdo con los vecinos. En este contexto, el director general de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Pedro Fresco, señala a THE OBJECTIVE que las comunidades energéticas permiten el autoconsumo colectivo a menores costes que el individual gracias a la economía de escala.
Marco legislativo para las comunidades energéticas
Fresco subraya que desde su departamento se ha propuesto al Gobierno central que se establezca un marco legislativo en el que se recoja que las instalaciones de un máximo de 5 MW y situadas a menos de cinco kilómetros de la referida comunidad energética dispongan de une exención parcial o total de peajes y cargos. En la actualidad, las comunidades energéticas se basan bajo la regulación del autoconsumo colectivo y el radio de actuación se limita a 500 metros.
Por otro lado, instan a que disfruten de un cupo especial tanto en las subastas de renovables como en los concursos a nudos de acceso. Por su parte, tras el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, el autoconsumo colectivo también se pueda realizar en media y en alta tensión, algo que también demandaban.
Según el Gobierno, estas comunidades son entidades jurídicas de participación totalmente voluntaria y abierta, donde el control efectivo lo ejercen miembros que pueden ser personas físicas, pymes o autoridades locales. En este sentido, utilizan los recursos locales que tienen a su alcance y de los que pueden disponer, por lo que consiguen ser aún más autónomas y disminuir la dependencia de energía externa.
«El empoderamiento del ciudadano se hace poco a poco más visible y protagonista con las Comunidades Energéticas, organizaciones en las que sus miembros se implican de una forma concienzuda para gestionar su propia energía y generarla de forma eficiente y a base de fuentes de energía renovables, así como en desarrollar medidas de eficiencia energética y movilidad sostenible», indican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.