Ribera se une a un foro 'secreto' con políticos y empresarios para impulsar la política verde de la UE

Distintos actores del sector energético europeo han creado un foro informal con el fin de impulsar la política ambiental que plantea la Unión Europea (UE) bajo su plan Fit for 55 y lograr el objetivo de reducir las emisiones un 55% para 2030 respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. 

Entre ellos destaca la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; su homóloga francesa, Barbara Pompili; el ministro luxemburgués de Energía, Claude Turmes, y el secretario de Estado de Economía y Clima de Alemania, Patrick Graichen.

Además, también participan «grandes nombres» del Parlamento Europeo, funcionarios de alto nivel de la Comisión Europea y líderes de la sociedad civil y la industria comunitaria. El objetivo del foro, que se creó en diciembre, será ofrecer un «intercambio regular y confidencial» sobre los aspectos clave del paquete climático Fit for 55, según ha explicado Matthias Buco, director de política energética europea de Agora Energiewende, el instituto de política climática a raíz del que surge todo.

El Agora Energiewende fue fundado en 2012 como un think tank (laboratorio de ideas) para centrarse en la transición energética alemana y ahora se expande más allá de Berlín, con nuevas oficinas abiertas en Bruselas, Tokio y Pekín a lo largo de estos últimos años.

De este modo, el intercambio de ideas está pensado para ser lo «más libre e informal posible» y se rige bajo la regla de Chatham House, que en periodismo se conoce como off the record e impide revelar la fuente, según avanza Euractiv y confirman a THE OBJECTIVE fuentes políticas. La agenda de reuniones estará marcada por el Agora Energiewende, que se ha asegurado de que estén representados diversos intereses, desde los del sector de las energías renovables hasta los de la industria pesada.

Además de los políticos citados anteriormente, el grupo incluye a la Asociación Europea del Cemento (Cembureau) y a la ONG conservacionista WWF, así como a la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés) y al Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic, por sus siglas en inglés). Por su parte, de entre los grandes países de la UE, solo faltan Italia y Polonia.

Desde el Agora indican que la iniciativa nace con el fin de «debatir opiniones de manera informal y profundizar en la compresión de problemas clave y las alternativas políticas». En la primera reunión de diciembre, los miembros debatieron la próxima revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), según un participante citado por Euractiv.

Próxima reunión el 23 de febrero

El consejo del Agora se reunirá de nuevo el 23 de febrero y en el orden del día no faltará así la propuesta de reglamento sobre un mecanismo de ajuste de carbono en frontera para abordar la fuga de carbono de las importaciones de aluminio, acero, cemento, fertilizantes y generación eléctrica. Esto se debe a que, a medida que aumenta el precio de los derechos de emisión de co2 en Europa —en máximos actualmente—, los políticos temen a una deslocalización de las empresas a países con normas medioambientales menos estrictas.

Otro de los puntos más significativos del paquete legislativo es la revisión del reglamento sobre estándares de emisiones de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros, con el fin de que estos emitan un 55% menos en 2030 y sean cero emisiones a partir de 2035. También se plantea la introducción en el comercio de emisiones al transporte por carretera y a los edificios (consumo por calefacción). 

Asimismo, se contemplan las propuestas de revisión de las directivas sobre energías renovables, eficiencia energética y fiscalidad de la energía. A través de esta última se busca promover tecnologías limpias, eliminar exenciones obsoletas y los tipos reducidos que fomentan los combustibles fósiles.

La Comisión Europea también baraja la posibilidad de que un grupo de Estados miembros se coordinen para realizar compras conjuntas de gas ante situaciones de perturbación grave del suministro. Esta medida es una de las peticiones que España lleva haciendo a Bruselas desde el mes de octubre, en su campaña por tejer alianzas en Europa para una respuesta común al problema del precio de la electricidad.

Etiquetado de importación de combustibles fósiles

La idea es que el mecanismo sea voluntario y se ponga en marcha «en casos de emergencia», una situación que la Comisión Europea vincula a problemas de suministro y no vería justificado en el contexto actual. Por otro lado, y por primera vez en Europa, se obligará a las empresas importadoras de petróleo, gas o carbón que identifiquen posibles fugas de metano en el Viejo Continente y a que las reparen en el menor tiempo posible. En la misma línea, todo importador de combustibles fósiles tendrá que dar cuenta al ciudadano de cuál es el país de origen y si este tiene reglas climáticas similares a las europeas.

La segunda parte del Fit for 55 también recoge medidas que buscan reducir la presencia del gas natural en el mix energético y potenciar el desarrollo del hidrógeno, dándole una mayor presencia en sectores como el de transportes. Para ello se fijará una regulación de las tarifas de hidrógeno y también se separará a los productores de los comercializadores. La Comisión establecerá un periodo transitorio hasta 2030 para no caer en la sobrerregulación, según explican fuentes de la Comisión.