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Bruselas propone compras conjuntas de gas, pero voluntarias y sólo en caso de emergencia

Esta medida es una de las peticiones que España lleva haciendo a Bruselas desde el mes de octubre

Bruselas propone compras conjuntas de gas, pero voluntarias y sólo en caso de emergencia

Kadri Simson, comisaria de Energía. | Europa Press

La Comisión Europea ha planteado este miércoles formalmente la posibilidad de que un grupo de Estados miembros se coordinen para realizar compras conjuntas de gas ante situaciones de perturbación grave del suministro.

Esta medida es una de las peticiones que España lleva haciendo a Bruselas desde el mes de octubre, en su campaña por tejer alianzas en Europa para una respuesta común europea al problema del precio de la electricidad, que este jueves romperá todas las barreras en España superando, por primera vez, los 300 euros el megavatio hora (MWh).

La propuesta se enmarca dentro del segundo paquete del plan climático del Ejecutivo comunitario Fit for 55. No obstante, la idea es que el mecanismo sea voluntario y se ponga en marcha «en casos de emergencia», una situación que la Comisión Europea vincula a problemas de suministro y no vería justificado en el contexto actual.

Además, los Estados miembros interesados tendrían que notificar a Bruselas la operación para su posterior autorización, tras verificar que respeta las reglas de competencia y mercado interior. En esta segunda batería del Fit for 55, el Ejecutivo europeo abre la puerta también a crear reservas de gas conjuntas, aunque pedirá los países interesados aportar análisis sobre sus niveles de almacenamiento y posibles riesgos aparejados al suministro. Así, tendrán que estudiar posibles contramedidas para corregir esos riesgos, entre los que se encuentran obligaciones de almacenamiento mínimo, licitaciones y subastas de gas.

Por otro lado, y por primera vez en Europa, se obligará a las empresas importadoras de petróleo, gas o carbón que identifiquen posibles fugas de metano en el Viejo Continente y a que las reparen en el menor tiempo posible. En la misma línea, todo importador de combustibles fósiles tendrá que dar cuenta al ciudadano de cuál es el país de origen y si este tiene reglas climáticas similares a las europeas.

Las medidas pasan ahora a negociarse en el Parlamento y Consejo Europeo. El proceso puede alargarse entre uno y dos años. «Un año es muy optimista», indican fuentes comunitarias.

Nada sobre reformar el sistema eléctrico

Como ya publicó THE OBJECTIVE, desde la CE han dado carpetazo final a la propuesta de España de reformar el mercado mayorista al no incluir nada sobre esta cuestión en lo presentado este miércoles. «Los reguladores de la energía hicieron una primera valoración y concluyeron que otros sistemas alternativos no iban a solucionar el problema. Lo que mejor considera la CE es que haya un libre mercado», indican desde la Comisión, subrayando que este sistema está ideado para ayudar al desarrollo de las renovables.

Fue la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien impulsó en Bruselas el debate sobre una una reforma del mercado eléctrico en Europa para proteger a los consumidores. España defendió una iniciativa conjunta con Francia, Italia, Grecia y Rumanía, que fue rechazada por Alemania y otros ocho países del norte.

En un informe preliminar solicitado por Bruselas, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) señaló que medidas como establecer un precio máximo al gas o impulsar un precio medio entre todas las tecnologías del mix energético «representan una desviación significativa» con respecto al sistema vigente.

Potenciar el hidrógeno

El nuevo paquete legislativo incluye también medidas que buscan reducir la presencia del gas natural en el mix energético y potenciar el desarrollo del hidrógeno, que se potenciará dándole una mayor presencia en sectores como en el de transportes, ya sea por tierra, mar o aire. Para ello se fijará una regulación de las tarifas de hidrógeno y también se separará los productores de los comercializadores. La Comisión fijará un periodo transitorio hasta 2030 para no caer en la sobrerregulación, según explican fuentes de la Comisión.

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