El varapalo de la UE a Hacienda obliga al Gobierno a reformar tres leyes tributarias

El Gobierno tendrá que reformar la Ley del IRPF, la Ley General Tributaria y la Ley del Impuesto de Sociedades. Es una de las principales consecuencias del varapalo propinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al Ministerio de Hacienda. Una sentencia que ha declarado ilegal el régimen sancionador aplicado en España por el modelo 720 de la Agencia Tributaria, que obliga a los contribuyentes desde 2013 a declarar sus bienes en el extranjero.

«Lo que se ha declarado contrario a derecho son las multas que se aplican, por ser absolutamente desproporcionadas. Pero el modelo 720 no se ha declarado ilegal. La declaración de bienes en el extranjero está aquí para quedarse», explica Almudena Medina, directora del área tributaria del despacho de abogados Ceca Magán. «Ahora Hacienda tiene que modular las sanciones en el Parlamento, mediante una reforma de las leyes existentes», añade.

En concreto, el Gobierno tendrá que modificar el artículo 39 de la Ley del IRPF, la disposición adicional decimoctava de la Ley General Tributaria y el artículo 121 de la Ley del Impuesto de Sociedades, coincide Enrique Benavente, socio director de Garrido Abogados. En esas leyes se sustenta el régimen sancionador que la Justicia europea ha considerado «contrario a derecho» y que obliga a los contribuyentes a declarar los bienes en el extranjero con un valor superior a 50.000 euros.

Multas «extremadamente represivas» de Hacienda

Por un lado, la Justicia europea considera «extremadamente represivas» y «desproporcionadas» las cuantías de las sanciones aplicadas por Hacienda, que pueden llegar hasta el 150% del valor de los bienes no declarados. Esas multas «establecen una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales» y, por tanto, contravienen el Derecho de la Unión.

Por otro lado, el TJUE considera ilegal la «imprescriptibilidad» de los impuestos correspondientes al patrimonio declarado en el extranjero. Una medida que ha permitido a la Administración «proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado», mientras que en España esos impuestos prescriben a los cuatro años. Sanciones que establecen «una diferencia de trato entre los residentes del país en función del lugar de localización de sus activos», según la Justicia europea.

«Llevábamos años diciendo que era una aberración que los impuestos aplicables a los bienes en el extranjero no prescribieran, mientras en España prescriben a los cuatro años. Ahora el Gobierno va a tener que hacer una nueva orden que regule el modelo 720», indica Enrique Benavente, experto en fiscalidad internacional.

Una medida del PP que Sánchez mantiene

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le corresponde ahora llevar al Congreso las reformas correspondientes para subsanar una medida aprobada por el PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba este jueves que el modelo 720, puesto en marcha por Cristóbal Montoro en 2013, no está en cuestión. Se deberá seguir presentando en tiempo y forma. «Tenemos que corregir el sistema de sanciones y el tiempo de prescripción de las mismas, que ahora no tenía límite», ha indicado.

«El modelo 720 fue fruto de las prisas. Se buscaba una reacción a la poca acogida que estaba teniendo la amnistía fiscal de Montoro. Nació con el ánimo de que las personas que tenían patrimonio no declarado en el extranjero se vieran obligadas a acogerse a la amnistía y trajeran su dinero a España», señala Benavente. «Para ello se cargaban la prescripción, que es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho», añade.

230 millones recaudados

«Lo que da pena es que tengamos que esperar diez años para conseguir cambiar una situación que desde el origen sabíamos que era desproporcionada y contraria a derecho. También es triste que tenga que ser la Justicia europea la que obligue a corregir esto», indica por su parte Almudena Medina.

«Es un varapalo para España y algo que el Gobierno tenía en el horizonte como altamente probable. Por esa razón se ha estado sancionando muy poquito en los últimos años las declaraciones de bienes en el extranjero», concluye la directora del área tributaria de Ceca Magán.

«El Gobierno actual sabía también que esto era contrario a derecho. Nadie ha querido asumir el coste de eliminar el modelo 720 para no parecer que se está favoreciendo a las grandes fortunas con patrimonio en el extranjero», apostilla Enrique Benavente.

El Estado ha recaudado un total de 230 millones de euros como consecuencia de las multas cursadas por la Agencia Tributaria en relación a la declaración de bienes en el extranjero. Además, desde la puesta en marcha del modelo 720 se han declarado bienes por valor de 223.000 millones en otros países, según la ministra Montero.