Castilla y León es una de las regiones más perjudicadas por la nueva reforma laboral
Cuatro autonomías del PP son las más vapuleadas por el nuevo régimen normativo, debido a la alta exposición de su fuerza de trabajo a la agricultura
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. | Europa Press.
El próximo domingo, 13 de febrero, los votantes de Castilla y León acudirán a las urnas tras recibir un duro varapalo para la economía regional, debido a que la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz deja a Castilla y León como la gran perjudicada por el nuevo marco de contratación, que castiga especialmente a dos sectores clave para esta autonomía: la agricultura y la automoción.
Ambos ramos precisan de una flexibilidad en la contratación que la nueva norma viene a cercenar, explican a THE OBJECTIVE expertos en relaciones laborales y fuentes patronales. Castilla y León recibe, por tanto, un doble impacto en los pilares de su estructura económica.
Las economías autonómicas más expuestas a la evolución del sector agrícola son -junto a Castilla y León- Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. Son las autonomías donde más puestos de trabajo dependen de la agricultura. Andalucía cerró con 295.600 ocupados en este ramo; Murcia, con 73.200; Castilla-La Mancha, con 66.300; Galicia, con 65900 y Castilla y León, con 65.100.
Por tanto, cuatro autonomías gobernadas por el PP y una liderada por el PSOE serán las que más acusen el impacto de la obligación impuesta al empresario de contratar como indefinidos a trabajadores cuya actividad es temporal por cuestiones estacionales inevitables.
Con la nueva normativa laboral, cuya aprobación este jueves en el Congreso está en tela de juicio, y una vez transcurridos los tres primeros meses de este año, los trabajadores sin dedicación continua habrán de ser contratados bajo la figura del fijo-discontinuo, que enmascara la naturaleza temporal del contrato subyacente y depara mayores costes para el empresario en materia de cotizaciones y coste del despido.
De ahí que organizaciones agrarias, como Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) pusieran las espadas en alto en el último tramo de la negociación de la reforma, el pasado diciembre, llegando a erigirse en una voz discordante frente al aval de la patronal CEOE a la reforma de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz.
En el mismo sentido actuó la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), desmarcándose del apoyo a la nueva normativa laboral, ya que las circunstancias de su producción y exigencia de entregas demandan el uso flexible de los contratos, las jornadas y los descansos para poder cumplir los plazos de fabricación.
Ramas de actividad perjudicadas
No en vano, como desgrana el informe La Economía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León: Diagnóstico Estratégico, de CaixaBank Research, «la automoción es el macrosector, motor económico de la región y que más proyección económica proporciona. Castilla y León colidera junto con Cataluña la producción de vehículos del país, con una cuota en los últimos años en torno al 20%. La región también destaca con el 16,1% de las exportaciones españolas del sector de automoción».
Grandes instalaciones como la FASA Renault de Valladolid, la de Palencia, y multinacionales como Grupo Antolín han de calibrar ahora cómo adaptarse al nuevo marco derivado de la reforma laboral de Díaz que nace señalando a Castilla y León como perjudicada por partida doble: en agricultura y automoción, los sectores que apuntalan su economía.
Además, la conversión del centro abulense de Nissan en una fábrica de componentes y recambio de chapa -desestabilizada por la pandemia- ha de afrontar ahora la adaptación de la compañía nipona a la eventual inseguridad jurídica que cause la nueva normativa laboral, que trastoca los planes inicialmente trazados y deja en vilo el futuro definitivo de 450 trabajadores. De entrada, el retraso en la reconversión final ya se cuantifica en dos años, de 2024 a 2026.
Alza de costes laborales
Como explica a este periódico la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, la reforma laboral adolece de un problema técnico y de voluntarismo: «El tratamiento de la temporalidad de la reforma de Díaz es teórico, de laboratorio», lo cual será un obstáculo a la hora de poner en práctica el nuevo régimen de contratación.
Recalca Rodríguez que la agricultura y la ganadería serán dos de las ramas de actividad más afectadas por la nueva normativa y añade que las empresas instrumentales que trabajan para las Administraciones terminarán por subir las tarifas a los organismos públicos para los que trabajen, ya que sus costes laborales aumentarán.
Como desgrana el economista Javier Santacruz en un informe sobre la estructura económica de Castilla y León, el peso de la agricultura, la industria y el comercio en esta comunidad es superior al que representan estos sectores en la media nacional. Ello ahonda la debilidad adicional que le comunicará la cruzada contra la temporalidad de Yolanda Díaz, ya que también el comercio se encuentra entre los sectores que más recurren al contrato por obra o servicio que desde el 1 de abril habrán de realizarse bajo la figura del fijo discontinuo. Es decir, un contrato indefinido pero de duración temporal.
El sector público agrava la temporalidad
Más difícil lo tendrá la reforma para rebajar la temporalidad del sector público, que supera a la del privado desde hace 11 trimestres, como viene reivindicando THE OBJECTIVE. También el sector público tiene mayor peso en Castilla y León que el que ostenta en el resto del país. La tasa de contratación temporal llega al 31,6% en las Administraciones Públicas, rebasa en siete puntos la ratio del sector privado y duplica la meta del 15% que se fijó como objetivo Yolanda Díaz al iniciar las negociaciones de la reforma laboral con los agentes sociales.
