Escrivá plantea una rebaja del IRPF para los autónomos que acudan a su 'superfondo'
Los trabajadores por cuenta propia que aporten al fondo público de pensiones podrán rebajar la base imponible en 5.750 euros frente al límite general de 1.500 euros
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prevé ampliar la rebaja en la base imponible del IRPF para los autónomos que se adhieran al superfondo público de pensiones en su ahorro complementario para la jubilación.
Bajo el paraguas de fondo público, los trabajadores por cuenta propia podrán reducirse de la base imponible del Impuesto sobre la Renta hasta 5.750 euros, frente al límite actual de 1.500 euros. Así consta en el último borrador del Gobierno, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
De este modo, Escrivá pretende lanzar un cebo fiscal con el que pescar adeptos entre los 3,3 millones de autónomos que existen en nuestro país, según los últimos datos de Seguridad Social a cierre de enero de este año.
Acceso de los autónomos a los planes de empleo
El Gobierno busca incentivar el recurso al conocido como segundo pilar de la previsión social: los planes de empleo promovidos por las empresas. El primer pilar es el que constituyen las aportaciones a la Seguridad Social y el tercero, la previsión individual que contratan los contribuyentes con su entidad financiera o aseguradora.
Además, se prevé incentivar este segundo pilar en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial. En definitiva, la aspiración del Ejecutivo es atajar la escasa relevancia que los planes de empleo tienen en España en relación con otros países y su pérdida de peso relativo.
En la década de los 90, el patrimonio gestionado por estos vehículos de previsión para la jubilación representaban el 50% de la previsión social complementaria, frente al 25% actual. Algo que se explica por la preponderancia de la pyme y la micropyme en el tejido productivo español, ya que los planes de empleo proliferan con más intensidad en compañías de mayor tamaño.
Incentivos al ahorro complementario
Así, el espíritu del superfondo público de pensiones, a las puertas de su próxima aprobación en Consejo de Ministros, para pasar a su posterior tramitación parlamentaria, es generar una plataforma de fondos que permitan el acceso a planes de empleo a los autónomos y trabajadores de empresas de pequeño volumen con condiciones financieras favorables que por sí solas tendrían difícil alcanzar.
El Gobierno trata de ganar volumen con la creación del superfondo para poder brindar esta vía de ahorro previsional con mejores condiciones y disolver la dificultad de las pymes, los trabajadores de bajas rentas y los autónomos para generar una acumulación de capital complementaria a la futura pensión pública.
En el caso concreto de los autónomos, el Anteproyecto de Ley para el Impulso a los Planes de Pensiones de Empleo eleva en 4.250 euros, sobre los 1.500 euros actuales, hasta la cifra de 5.750 euros, la cantidad que podrán reducirse de la base imponible del IRPF los autónomos por sus aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados.
Descontento entre los autónomos
Pese a que el Gobierno avanza en el propósito de aligerar la factura fiscal de los autónomos para incentivar su ahorro a largo plazo, persiste el descontento en el colectivo. Los trabajadores por cuenta propia se sienten discriminados frente a los trabajadores por cuenta ajena en el nuevo tratamiento fiscal que prevé el Gobierno. Y es que los asalariados pueden mermar su base en hasta 10.000 euros al año (con el límite de 1.500 euros por la aportación del trabajador y hasta 8.500 de la aportación empresarial).
El Gobierno justifica esta discordancia en el hecho de que los asalariados, adicionalmente a su aportación de 1.500 euros descontable del IRPF, pueden igualar la que la empresa haya hecho por ellos hasta un tope de 4.250 euros, sumando igualmente 5.750 euros por su aportación y rigiendo el restante aportado por la empresa hasta el tope conjunto de 10.000 euros.
En cualquier caso, a la insatisfacción de los autónomos se une el hecho de que afrontan una subida gradual de sus cuotas a la Seguridad Social a partir de los 1.300 euros de ingresos mensuales, de prosperar los planes del Ejecutivo para modificar su esquema de cotización.
Objetivo del fondo público
El fondo público de pensiones se encuadra dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, concretamente la número 16, el impulso a los planes de empleo consagrado en los Presupuestos de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Gobierno comprometió con Bruselas la creación de un nuevo marco jurídico para el impulso a los planes de pensiones de empleo y la promoción pública de fondos de pensiones, con el horizonte de su aprobación en el segundo semestre de 2022, dentro del componente 30 del que deriva que España mantenga el calendario de recepción de fondos europeos prevista.
El fondo público será un instrumento de inversión de los ahorros previsionales de los trabajadores gestionado por entidades cualificadas. Se creará una Comisión Promotora y de Seguimiento que designará el Ministerio de Seguridad Social.
Proceso de selección de gestoras y depositarias
Este órgano fijará la constitución del superfondo y la estrategia de inversión y marcará el funcionamiento de las entidades gestoras y depositarias. Estas serán designadas tras un proceso de selección bajo los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.
A él podrán adherirse los planes de empleo de aportación definida que así lo especifiquen y los planes de pensiones de empleo simplificados que se creen al amparo del anteproyecto normativo. Podrán participar asociaciones, mutualidades, colegios profesionales, promotores autorizados, empresas incluidas en acuerdos sectoriales dependientes de la negociación colectiva, así como Administraciones y sociedades públicas.
Los activos serán invertidos valorando la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones, con la meta ulterior de abonar las finanzas sostenibles.
