Los grandes propietarios catalanes, obligados desde hoy a alquilar a los okupas por debajo de precio de mercado

Los grandes propietarios de vivienda (más de 10 pisos) estarán obligados desde hoy en Cataluña a renovar los alquileres sociales (por debajo del precio de mercado) cuando estos lleguen a su fin. Es solo una de las múltiples medidas que recoge la Ley catalana de ampliación de medidas urgentes de emergencia habitacional, que entra en vigor este martes. Una ley que desde el sector ven con mucha preocupación porque consideran que desprotege a los propietarios y genera un ‘efecto llamada’ a la okupación.

La medida, que cuenta con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En Comú Podem y el PSC, contempla también alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en casos de extinción de contrato. Una medida que preocupa a los propietarios, ya que consideran que «ampara la ocupación». Esta imposición tendrá que cumplirse durante cinco años si el gran tenedor es persona física, siete años si es persona jurídica y 12 años si se trata de un banco o un fondo de inversión.

Obligación de alquilar a okupas

La directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), María Andreu, ha pedido al Gobierno que recurra esta ley utilizando su prerrogativa presidencial para detenerla «por inconstitucional». La directora de la principal asociación de propietarios de viviendas en alquiler de España asegura que esta ley «obliga a los propietarios a dar alquiler social a ocupas ilegales».

Desde la asociación creen que se «continúa con el amparo de la Administración Pública a la ocupación ilegal, lo que convierte a España en el único país en la Unión Europea que protege esta actividad delictiva». 

Esto genera, consideran, un «efecto llamada a la ocupación ilegal». Un fenómeno que en los últimos años está afectando especialmente Cataluña, donde se registraron más del 50% de los casos totales de 2021. Con la nueva ley, se amplia además la definición de gran tenedor que ahora incluirá personas jurídicas con más de 10 viviendas (antes estaba en 15).

Andreu también ha alegado que «se establece una clara discriminación legal de propietarios en función del número de viviendas» y lo ha tachado de arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución.

Inseguridad jurídica

«Creemos que esta medida va a sumar una gran litigiosidad en el mercado», asegura María Matos, directora de estudios de Fotocasa. La experta explica a THE OBJECTIVE que todas estas modificaciones ya fueron tumbadas en enero por el Tribunal Constitucional, que decía que poner esos requisitos al propietario era ir contra la propiedad privada. Creen que, a pesar de las pequeñas modificaciones realizadas a la norma, la ley sigue vulnerando la propiedad privada. «Hay una clara interferencia entre las obligaciones que se ponen a los propietarios», insiste.

Desde Fotocasa se muestran de acuerdo con la protección que se pretende otorgar a las familias vulnerables pero creen que la responsabilidad es de la administración pública. «Son ellos los que tienen que solventar esta situación con acuerdos privados, construcción de viviendas asequibles, pero el problema real es que hay una gran escasez de parque público de vivienda», añade.

Una ley que «va a generar una gran inestabilidad jurídica y desamparo», lamenta Matos, que pronostica además que va a provocar una contracción de la oferta de alquiler y la paralización de la construcción de viviendas para este fin en Cataluña como ya ha ocurrido con la ley de precios. «Están hundiendo el gran atractivo del mercado inmobiliario con esta sensación de normativas cambiantes y ajenas a lo que dicta el Tribunal Constitucional», aseguran a este diario fuentes del sector.

Al igual que los propietarios, los promotores inmobiliarios también alertan del efecto llamada a la okupación que puede producir esta medida. Además, lamentan las sanciones a las que se pueden enfrentar los propietario (grandes tenedores) que incumplan las medidas que en el peor de los casos pueden acabar con la «expropiación de su vivienda».

Incertidumbre en el sector

Dudas que se añaden a las que ha venido generando estos meses la Ley de vivienda a nivel nacional. «Los grandes inversores, cuando ven algo tan convulso, al final no vienen. Van a invertir a un sitio donde las cosas estén mas claras asegura», explicada a raíz de la Ley nacional de vivienda Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona, especializada en derecho inmobiliario.

La experta considera que los inversores no buscan un país en el que no saben si las leyes que les van a aplicar son o no constitucionales y después de año y medio van a hacer modificaciones. «Es totalmente irracional lo que están haciendo», añade.