El Gobierno extiende el descuento de 20 céntimos a los carburantes a todos los consumidores

El Gobierno extenderá la bonificación en el repostaje de carburantes que pactó con los transportistas a todos los consumidores. En concreto, cada usuario recibirá un descuento de 20 céntimos por cada litro:  15 céntimos irán con cargo al presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos lo soportarán las petroleras.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un acto organizado por la agencia Europa Press y por McKinsey & Com. La medida será aprobada en el Consejo de Ministro de este martes y estará vigente hasta el 30 de junio.

En un desayuno de Nueva Economía Forum, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha advertido de que el organismo vigilará que la reducción de precios de los carburantes sea debidamente aplicada por las empresas y se traslade realmente a los consumidores.

El Gobierno busca paliar la subida de precios como consecuencia de la crisis energética, que se ha agravado fuertemente por la invasión de Rusia a Ucrania. Esta propuesta ya había sido pactada por el Gobierno con los transportistas para poner fin a los parones que pusieron a España en una situación crítica durante la semana pasada.

Sánchez ha avanzado un plan de choque con ayudas directas por valor de 6.000 millones de euros para permitir una bajada de los impuestos a familias y empresas y otros 10.000 millones en créditos ICO para «repartir los sacrificios» de manera equilibrada y rebajar así el daño que «la invasión de Putin» y el aumento en el coste de vida ha tenido en los ciudadanos más vulnerables.

Extensión del bono social eléctrico

El plan también recoge una limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables.

Asimismo, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohíben los despidos, como ya sucedió durante la pandemia.

En la actualidad, está vigente un IVA reducido a la electricidad del 10% para todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, ya sean particulares o empresas y siempre que el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 euros el megavatio hora (MWh). Asimismo, está suspendido el impuesto a la generación del 7% y está reducido al mínimo que permite Europa el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,11% al 0,5%). 

Propuesta conjunta de España y Portugal

Sánchez también ha dicho que esta misma semana España y Portugal presentarán a Bruselas una medida «excepcional y temporal» para fijar un precio de referencia del gas tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una ‘excepción ibérica’ que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países.

El presidente del Gobierno ha aclarado que esta medida «no supone subvencionar el gas» y que tampoco rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países. En su opinión, permitirá a ambos países a «rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata» y sin «distorsionar» el mercado eléctrico europeo.

El Ejecutivo también está preparado para actualizar la retribución de las centrales del Recore (Renovables, Cogeneración y Residuos) que estaba prevista para 2023. Las empresas que pertenecen al Recore reciben una retribución especial, que supone una rentabilidad por su inversión del 7,1%. Sin embargo, con los precios actuales del pool esa rentabilidad se ha disparado y el sistema eléctrico podría ingresar alrededor de los 2.000 millones de euros.

Por otro lado, el Gobierno pretende obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales. En concreto, su idea es que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP oferten parte de su electricidad procedente de tecnologías inframarginales —nuclear, hidroeléctrica y algunos parques eólicos— de forma proporcional a su cuota mediante contratos a plazo con un periodo de liquidación igual o superior a un año.

El sector viene denunciando que dicha medida supone «quitar energía a unos para vendérsela a otros». El Ejecutivo también tiene  en cartera para rebajar la factura de la luz el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y  el mecanismo por el que se actuará sobre la retribución del C02 no emitido del mercado eléctrico, aunque no se prevé que entren en vigor hasta la segunda parte el año. 

Beneficios caídos del cielo

También se alargará hasta el 30 de junio el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés). Hay que recordar que el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, incluía una minoración de los ingresos extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Tras el revuelo de las grandes eléctricas, el Gobierno rectificó y dejó exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo.

La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que el Ejecutivo está en el momento de la definición adecuada de cómo conseguir rebajar los beneficios extraordinarios de las eléctricas «con todas las garantías». 

La Comisión Europea dijo que los Estados miembro podrán redistribuir los ingresos de los altos beneficios del sector energético y el comercio de emisiones hacia los consumidores. Para financiar todas estas ayudas, podrán considerar medidas fiscales para gravar temporalmente los windfall profits.

El recorte no se puede aplicar con retroactividad, debe ser tecnológicamente neutral y estar vinculado a una situación de crisis específica. «El Gobierno trabaja en el modo en el que se pueda reducir el precio de la electricidad a través de la regulación […] Estamos trabajando desde hace meses», ha apuntado Ribera.

Presión a las eléctricas

Tras que Repsol, Cepsa y BP anunciaran la semana pasada descuentos tanto para consumidores profesionales como particulares, el Gobierno ha elevado la presión sobre las eléctricas para que bajen sus tarifas de la luz. La propia vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que «sería un gesto muy apreciado» y les ha exigido que «aporten más» para contribuir en mayor medida al confort de los consumidores.

A mediados de septiembre del año pasado, Naturgy lanzó una tarifa liberalizada que asegura un precio de mercado mayorista de 60 euros el megavatio hora (MWh) durante dos años, que podían contratar tantos sus clientes actuales como nuevos, y que estén acogidos a la tarifa regulada o al mercado libre. 

Luego se comprometió a ofrecer a sus clientes residenciales, comerciales e industriales una tarifa fija durante tres años con un precio de 65 €/MWh. Endesa respondió días después mejorando la que denomina su «tarifa única», que pasó a calcularse sobre 58 €/MWh y que se mantendrá fija y sin variaciones también durante dos años. Iberdrola tiene en cartera planes personalizados para evitar la volatilidad de precios y garantizan una estabilidad de precios durante cinco años.

Descuentos de las petroleras

De su lado, Repsol bajará 10 céntimos por litro el precio de sus combustibles a aquellos clientes profesionales que paguen con la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España. El descuento se empezará a aplicar a partir del próximo sábado y hasta el 30 de junio.

Además, también ha ampliado hasta el 30 de junio la bajada de precio de 10 céntimos de euro por litro en todos sus combustibles -gasolinas, gasóleos, gas natural vehicular y AutoGas- a aquellos clientes particulares que paguen con la aplicación gratuita Waylet.

En la misma línea, Cepsa ofrecerá, entre el 1 de abril y el 30 de junio, un descuento directo de 10 céntimos por litro de combustible tanto a clientes particulares como a transportistas, y a otros profesionales del transporte, con el fin de paliar el impacto del incremento de los precios del combustible.  BP rebajará hasta 14 céntimos por litro a los transportistas profesionales y hasta 12 céntimos en el caso de los particulares.