El Gobierno alerta de la fuga de inversores en el sector ferroviario en plena liberalización

El Gobierno alerta de un posible «efecto de expulsión» del transporte ferroviario, ya sea de viajeros o de mercancías, como consecuencia del incremento de los costes de las empresas del sector derivado del alza de precios de la energía y los carburantes, y en un contexto en el que la liberalización del sector comenzó hace tan solo dos años.

Un efecto de expulsión o de desplazamiento (crowding out en inglés) es una situación en la que la deuda pública desvía la inversión del sector privado. Así lo admite el Ejecutivo en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Además, el Gobierno señala en el texto que esto «implica por sí solo graves dificultades en orden a la consecución de la sostenibildiad en la cadena de transporte y, por tanto, de la economía nacional en su conjunto, reduciendo la cuota actual de este modo de transporte e impidiendo alcanzar los objetivos planteados de cambio modal hacia el ferrocarril y, en consecuencia, dificultando la imprescindible descarbonización de la economía».

En este contexto, pondrá en marcha un plan de ayudas directas para operadores ferroviarios privados con una dotación de 1,81 millones de euros, atendiendo al alza de los precios de los productos petrolíferos como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

15.000 euros por locomotora diésel

En concreto, según el Real-Decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el importe de la ayuda para cada empresa se determinará en función del número de locomotoras de tracción diésel explotadas por cada beneficiario, a razón de 15.000 euros por unidad y sin que en ningún caso el importe resultante pueda superar la cantidad de 400.000 euros por compañía.

Los operadores dispondrán de 30 días para solicitar las ayudas una vez entre en vigor la norma —este mismo jueves—. Lo tendrán que hacer a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargado de gestionar los 18 millones.

Asimismo, como medida de carácter «urgente y extraordinaria» habrá una compensación a las empresas ferroviarias privadas que realicen servicios de mercancías por el sobrecoste de la energía de tracción de los trenes, que se realizará a través del administrador público de infraestructuras Adif.

El importe será repartido con la misma distribución mensual que la factura por el consumo de tracción que se les realiza, con una repercusión máxima por operador de dos millones de euros al mes. Para ello, Adif deberá realizar mensualmente un informe que servirá para determinar el importe señalado, así como du reparto entre las operadoras. Esta medida tendrá validez desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Para la financiación de las ayudas se ha aprobado un crédito extraordinario por importe de tres millones de euros.

Suministro eléctrico

En febrero del año pasado, Adif adjudicó el suministro de energía eléctrica para la red ferroviaria por un importe máximo de 489 millones de euros durante un periodo de 24 meses, con posibilidad de prórroga de 12 meses más. La eléctrica portuguesa EDP consiguió la mayor parte de los lotes en puja. Endesa Energía, Gas Natural Comercializadora y Factor Energía también se llevaron alguno.

En los contratos no se incluyen los costes de acceso a las redes de transporte y distribución, cuya gestión es íntegramente realizada por Adif con las compañías distribuidoras de cada punto de suministro. El sector reclama a Adif que establezca grupos de trabajo participativos con los operadores privados para desarrollar «soluciones innovadoras», como puede ser la compra de la electricidad en un contexto de costes tan altos de la energía.

Por otro lado, el Gobierno también indica que es «necesario» abordar una reforma de la Ley del Sector Eléctrico que permita reducir el incremento de costes. Pone de ejemplo la posibilidad de que se habilite la implantación de plantas de generación de energía renovable que alimenten la demanda de la energía de tracción, posibilitando a los administradores de infraestructuras ferroviarias la prestación de los servicios de suministro eléctrico mediante la conexión por parte de las empresas a sus puntos de frontera.

Fuera de las ayudas las operadoras de pasajeros

De su lado, se quedan fuera de las ayudas y de la compensación por los costes energéticos las operadoras de pasajeros. Hay que tener en cuenta que el Gobierno advierte del posible «efecto de expulsión» en plena liberalización del sector. Según el Ejecutivo, la coyuntura actual «motiva que se adopten las medidas necesarias que permitan continuar con el proceso de liberalización del sector ferroviario en un marco competitivo que no se vea distorsionado por ineficiencias en la estructura de costes de los distintos agentes implicados».

El proceso de liberalización ferroviario europeo arrancó el  14 de diciembre de 2020, lo que ha traído una mayor competencia a España. Ouigo, que pertenece a la empresa pública francesa SNFC, comenzó a operar en el país en mayo de 2021 y se erigió como primer competidor de Renfe —con las marcas AVE y Avlo—.

Por su parte, Iryo —participada por Air Nostrum y Trenitalia— comenzará a operar en el segundo semestre de 2022 y prevé crear 2.600 empleos directos e indirectos. La empresa aspira a representar el 30% del mercado de alta velocidad en el país y conectará en una primera fase Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cuenca, Valencia, Alicante, Córdoba, Sevilla y Málaga. También explorará su internacionalización en Europa a medio plazo.