El Congreso convalidará el jueves la 'Ley 5G' y enviará al Senado la de Telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones se juega gran parte de su futuro en una sola mañana. Según consta en el orden del día del pleno del Congreso de los Diputados publicado esta semana, el próximo jueves se votarán las más de 100 páginas de enmiendas del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y se someterá a convalidación el Real Decreto-ley sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.

Las informaciones recopiladas por THE OBJECTIVE indican que en los grupos políticos hay cierta unanimidad respecto de los dos proyectos por lo que la Ley de Telecomunicaciones se aprobará y se enviará casi sin cambios al Senado, al mismo tiempo que la polémica ‘Ley 5G’ se convalidará sin que tenga que ser cursada como proyecto de ley.

De esta manera, las dos leyes claves para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones verán superados sus principales trámites parlamentarios sin mayores trabas ni cambios respecto de su redacción original. Se respeta así la legislación propuesta por el Ministerio de Asuntos Económicos dirigido por Nadia Calviño y por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Servicio universal

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones, tras la discusión de sus enmiendas será enviada al Senado y de allí volverá al Congreso. Un trámite que no se antoja demasiado extenso y que permite pensar en que se aprobará antes del verano y dentro de los planes que se ha impuesto el propio Gobierno.

Respecto de las enmiendas de la Ley de Telecomunicaciones la mayoría proponen vías para simplificar trámites administrativos, los partidos catalanes piden más competencias y Unidas Podemos insiste en temas de derechos de los usuarios, aunque sean asuntos que no se tratan en esta Ley.

Una de las pocas propuestas que pueden tener recorrido es la de Ciudadanos, que pide incluir como servicio universal una conexión de mínimo 100 Mbps y, «por sus características especiales y posibles necesidades específicas, una opción de aumentar el ámbito de aplicación del servicio universal o alguno de sus elementos u obligaciones en las zonas rurales y escasamente pobladas».

Ley de Telecomunicaciones

En esta nueva ley se eliminan además ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. También se incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, todos los operadores podrán prestar el servicio universal.

También establece una nueva definición de operador de telecomunicaciones que incluye tres tipos. Los primeros son los operadores que prestan servicios de acceso a internet (ISP), entre los que se encuentran las telecos tradicionales, luego incluyen las comunicaciones interpersonales -mediante el uso de numeración y sin numeración (comunicaciones digitales)- y los que prestan servicios de redes.

El proyecto será una transposición de la directiva europea del sector, pero además delimitará los nuevos servicios mínimos, facilitará los despliegues de infraestructuras y planteará las líneas maestras del plan para que la conectividad de fibra óptica llegue al 100%.

Críticas a la ‘Ley 5G’

En el caso de la ‘Ley 5G’ la situación será incluso más expedita, ya que al tratarse de un Decreto Ley ya está en vigor desde hace dos semanas y lo único que hará el Congreso el próximo jueves será convalidarlo. Con esto se evita que se realicen enmiendas y, por tanto, se respeta totalmente el texto original publicado por el Gobierno, pese a las críticas de las operadoras de telecomunicaciones.

Las compañías de telecomunicaciones creen que la nueva normativa es nefasta para el sector ya que encarecerá los costes y limitará de manera muy importante los futuros despliegues de las redes 5G, todo lo contrario de lo que busca el plan de digitalización del propio Ejecutivo. 

Este diario ya contó que el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño se preparan para vetar a Huawei y ZTE como suministradores de tecnología para las futuras redes de 5G que desarrollarán Telefónica, Orange y Vodafone. La nueva Ley de ciberseguridad establece un marco de obligaciones que allana el camino para tomar esta decisión que se ha precipitado tras el estallido de la guerra de Ucrania y la necesidad de crear unas redes con proveedores europeos y desmarcándose de aliados de Rusia.

Esta nueva normativa incluye la creación de un listado de proveedores de «alto riesgo» que deberá conocerse de aquí a tres meses -donde estarán estos proveedores chinos- y prohíbe que las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil utilicen a estos suministradores en sus redes, ya sea en infraestructura core -la más sensible- como en radio, transmisión de datos.