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Economía

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Telecomunicaciones con un año de retraso

El Ejecutivo descarta cobrar un nuevo tributo a Google, Facebook, Amazon y las grandes tecnológicas, al no incluirles en la tasa de Telecomunicaciones.

El Gobierno aprueba la nueva Ley de Telecomunicaciones con un año de retraso

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez.|Gobierno de España

E

l Consejo de Ministros de este martes ha aprobado finalmente la nueva Ley General de Telecomunicaciones, un cuerpo legal que nace después de más de un año de retraso. El anteproyecto se presentó a audiencia pública en septiembre del año pasado, pero la preparación de las convocatorias para los fondos europeos ha retrasado la adaptación de la normativa europea ‘telco’ a la realidad española.

La idea del Ejecutivo es poder enviar el proyecto cuanto antes al Congreso y poder aprobarlo durante el primer semestre de este año. No obstante, al no tener carácter de urgencia cualquier modificación de los grupos parlamentarios podría retrasar un proyecto del que dependen ayudas por valor de 35 millones de euros a las operadoras de telecomunicaciones, como ya contó THE OBJECTIVE.

La nueva normativa mantiene una nueva definición de operadores de telecomunicaciones en la que se amplia el abanico a todas las compañías que presten servicios de comunicación digitales.

Esto significa que cuando el proyecto se apruebe empresas que presten servicios de correo electrónico o mensajería instantánea tendrán que pagar la tasa anual de Telecomunicaciones, un impuesto en el que hasta ahora solo estaban incluidas las operadoras tradicionales de telecos y las que prestaban servicios de redes.

Pese a que en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se resisten a hablar de empresas, originalmente estaban incluidos los servicios de comunicaciones digitales de Google (Hangouts), Facebook (Whatsapp), Apple (Facetime) y Amazon (Alexa), aunque en esta revisión se han quitado de esta tasa.

Ingresos por servicios

Han quedado sujetas a esta tasa solo las empresas que se den de alta en el registro de operadores, pero estos gigantes digitales no están obligados a hacerlo, dado que se ha calculado que su impacto en la recaudación sería mínima. En cuanto al montante, se pagaría el uno por mil de sus ingresos y siempre que sean superiores a un millón de euros en España. Y solo por sus servicios de comunicaciones digitales.

La nueva definición de operador de telecomunicaciones incluye tres tipos. Los primeros son los operadores que prestan servicios de acceso a internet (ISP), entre los que se encuentras las telecos tradicionales, luego incluyen las comunicaciones interpersonales -mediante el uso de numeración y sin numeración (comunicaciones digitales)- y los que prestan servicios de redes.

En las comunicaciones digitales se incluyen todas las empresas que proporcionen servicios de mensajería instantánea, videollamadas o correos electrónicos. 

El proyecto será una transposición de la directiva europea del sector, pero además incluirá elementos como qué se considera servicio universal, delimitará los nuevos servicios mínimos, facilitará los despliegues de infraestructuras y planteará las líneas maestras del plan para que la conectividad de fibra óptica llegue al 100%.

Velocidades de acceso

Por una parte, se eliminan ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. Por otra, se incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, para garantizar la asequibilidad y al mismo tiempo la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.

En lo relativo a los derechos de los usuarios, se realiza la armonización comunitaria prevista en el Código, al reforzar la transparencia de los contratos, limitar su duración y regular, por primera vez, los paquetes de servicios. También amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

La norma refuerza también las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia. Se amplían las posibilidades de actuación e información que facilitarán un servicio 112 más efectivo a las Comunidades Autónomas. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112.

También como novedad, se incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. La más importante de estas reformas es la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.

Bono de conectividad.- El Gobierno ha aprobado además este martes un paquete de ayudas que aportará 240 euros al año a conectivos vulnerables para que puedan contratar internet.

Una ayuda que se destinará exclusivamente a conectividad y que permitirá reducir la brecha digital con los ciudadanos con menos recursos.

Estos montantes se incluyen dentro de un nuevo paquete de 360 millones de euros procedentes del fondos europeos y que se pondrán a disposición a las comunidades autónomas. Además del bono de conectividad, este paquete busca reforzar la conectividad en sitios de especial interés como hospitales, ayuntamientos o polígonos industriales.

Un tercer eje de este paquete de ayudas tiene que ver con adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios que estuvieran construidos antes del año 2020.

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