Las eléctricas contradicen al Gobierno: el plan para bajar la luz cuesta más de lo que ahorra
Endesa calcula que el mecanismo tendrá un coste de 6.000 millones
Paloma Sevilla, directora general de Aelec. | Aelec
La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, considera que el tope al precio del gas que se usa para la generación eléctrica que impondrán España y Portugal tendrá más perjuicios que beneficios. Asegura que el volumen económico que habrá que destinar para compensar a las centrales de ciclo combinado «será mucho más elevado que el ahorro en la factura de la luz».
Así lo afirma la directora general de la asociación, Paloma Sevilla, en una entrevista con THE OBJECTIVE. «Al final estamos hablando de una medida que genera unos costes superiores a los beneficios que se obtienen, en la que además unos actores van a compensar a otros. Además, hay un gran riesgo de distorsión e incertidumbre en los mercados financieros, lo que afectará a la confianza de los inversores», subraya.
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho en la junta general de accionistas de la empresa que, según estimaciones «muy preliminares», la ‘excepción ibérica’ costará unos 6.000 millones de euros, que «tendrían que ser asumidos por el conjunto de la demanda».
No obstante, Sevilla reconoce que el mecanismo podrá suponer una rebaja en la factura de los consumidores que estén acogidos a la tarifa regulada (PVCP), ya sean particulares o industriales y que son minoría en comparación con los que están en el mercado libre. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que estos verán bajar su recibo un 30%.
«En cualquier caso, hay que hacerse la pregunta de quién va a tener que asumir los costes para compensar a las centrales de ciclos combinados, a las que se les topa el precio del gas. Desgraciadamente, todo apunta a que serán los propios consumidores y, probablemente, los comercializadores o los productores», añade la directiva.
En opinión de la directora general de Aelec, la mejor opción para intentar abaratar la factura de la luz de los consumidores era actuar sobre el mercado del gas y sobre el precio en sí al que se vende esta materia prima para producir electricidad, en lugar de topar los precios en el mercado eléctrico. También destaca la idea de desvincular la oscilación diaria de precios en el mercado mayorista (pool) de la tarifa regulada, «algo que solo ocurre en España». «Provocaría importantes ahorros de forma inmediata en la factura. Desde luego, la solución no pasa por intervenir el mercado eléctrico», apunta.
En este sentido, reclama acabar con esta «anomalía». Denuncia que España es el único país europeo donde los consumidores de PVPC están «sometidos a la volatilidad diaria de los precios del pool». «Eso no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno. Por tanto, proponemos la supresión de la actual metodología del PVPC, que debería desvincularse de la volatilidad del mercado spot, lo que supondría una rebaja notable en la factura de los consumidores. Además, sería recomendable que la tarifa regulada pasase a ser una fórmula de contratación pensada solo para los consumidores vulnerables, naturalmente con los debidos mecanismos de protección», reitera.
Paloma Sevilla también critica la forma en la que ha actuado el Ejecutivo con el sector. Pese a la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Teresa Ribera con los primeros espadas de las eléctricas el 22 de marzo, señala que a las compañías les habría gustado conocer la propuesta de España y Portugal para poder analizarla, así como que se hubiera abierto un proceso de consulta.
De hecho, afirma que Aelec lleva tiempo realizando propuestas que considera que solucionarían mejor el grave problema de la subida de los precios de la electricidad sin generar otros que van a traer el acuerdo ibérico. En concreto, se establecerá un tope al precio del gas de 40 euros el megavatio hora (MWh). La medida se aplicará durante doce meses —dando cobertura hasta el próximo invierno— y a lo largo del periodo el límite se elevará hasta los 50 euros.
La intención del Ejecutivo español es llevar el mecanismo al próximo Consejo de Ministros y que así entre en vigor al día siguiente, una vez se publique el real decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, todos los consumidores se verán beneficiados de manera inmediata, especialmente los que están indexados al mercado diario.
Al ser preguntada si considera que hay demasiada regulación en materia energética en España como ha denunciado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, Sevilla opina que «la regulación en sí no es un problema si sirve para mejorar y facilitar la transición y solucionar problemas». «El problema puede surgir si no se hacen los suficientes análisis previos, profundos y maduros de tal forma que se llegue a impactar de forma injusta sobre un sector, en este caso el eléctrico, exponente de la descarbonización en nuestro país gracias a las renovables y que es generador de empleo y de grandes inversiones para, entre otras, la modernización de nuestras redes», argumenta.
Lo que sí tiene claro es que «intervenir el mercado no es la solución». En su opinión, el Gobierno parte de la «premisa errónea» de que el problema se encuentra en el mercado eléctrico, «cuando no es así». De este modo, manifiesta que una intervención del mercado y del sistema de fijación de precios es un «error que generará nuevos problemas». También indica que el sector sigue sin conocer la propuesta concreta de España y Portugal.
«Hemos venido reclamando que hubiese habido una consulta previa en España y en Bruselas para escuchar las opiniones y propuestas de todos los agentes del sector. En cualquier caso, sea cual sea el contenido final de la medida, pensamos que la solución no pasa por intervenir el mercado eléctrico», reivindica.
Por otro lado, sobre los denominados beneficios caídos del cielo (windfall profits en inglés), Sevilla es tajante: «No los hay». Defiende que las compañías eléctricas tienen firmados contratos a plazo con sus clientes «a precios mucho más bajos de los que se cotizan en el pool». También asegura que las grandes compañías eléctricas venden más energía de la que producen y que, por tanto, tienen que acudir al mercado mayorista a comprar a precios caros. «Insistimos, las grandes compañías eléctricas comparten la preocupación por esta gravísima escalada de precios de la electricidad provocada por el gas y quieren ser parte de la solución», resalta.
La pregunta del millón es cuándo se estabilizarán los mercados energéticos. La directiva explica que los precios de los mercados de futuros establecen en 2025 unos precios similares a los de la década pasada, aunque es consciente de que esta convergencia en los precios se puede acelerar o retrasar en función de las tensiones geopolíticas —ahora con la invasión de Rusia a Ucrania— o el escenario de recuperación económica.
