Las eléctricas denuncian el «oscurantismo» del Gobierno en sus negociaciones con Bruselas
Desde que se dio a conocer la intención de topar el precio del gas, el mercado a plazos ha reducido su volumen de contratación en más de un 70%
Imagen de un tendido eléctrico. | EP
El sector privado no está contento con cómo ha gestionado el Gobierno la limitación temporal para España y Portugal del precio del gas en el mercado eléctrico. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha denunciado el «oscurantismo» con el que está llevando el Ejecutivo las negociaciones en Bruselas para alcanzar la denominada ‘excepción ibérica’, el mecanismo para topar el precio del gas natural a un precio medio de 50 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses.
«Las compañías eléctricas, hasta ahora, han tenido muy poco conocimiento de lo que se pretende aprobar, más allá de lo que aparece en los medios de comunicación. Tenemos una desinformación muy elevada y desconocemos los términos en los que se está negociando en la actualidad», ha señalado el director de Regulación de la asociación, integrada por Iberdrola, Endesa y EDP España, Pedro González, en declaraciones al programa Els matins de TV3.
En concreto, González se ha cuestionado sobre «quién va a pagar la compensación que se tiene que dar a las gasistas por esa intervención en el precio». «No lo sabemos. Desconocemos los términos de la aplicación de esta medida y los impactos de detalle que pueda tener. Así, es bastante complicado», ha asegurado.
En este sentido, el representante de las grandes eléctricas ha alertado de la posible reducción e incluso eliminación de la oferta de tarifas eléctricas si el Ejecutivo decide intervenir en su precio. «Si se hace, lo que puede crear es una falta de liquidez en los mercados a plazo, y tenderán a desaparecer las transacciones de este tipo. A lo mejor, la única solución que le quedará al cliente es la de una tarifa vinculada al mercado diario. Podrían encontrarse que no hay una oferta como la de ahora», dijo.
Por otro lado, González ha subrayado que la «gran incógnita» es cómo se pagarán esas compensaciones a las empresas gasistas. «Parece complicado que aquellos consumidores que no se benefician de la medida tengan que pagarla», ha advertido, precisando que cuando se mira al conjunto del consumo de energía de España, «más o menos, tres de cada cuatro unidades energéticas están contratadas a plazo y, por lo tanto, no se van a beneficiar de manera directa».
Asimismo, ha denunciado que desde que el Gobierno dio a conocer su intención de topar el precio del gas, el mercado a plazos, que permite la contratación de la energía en un periodo largo, ha reducido su volumen de contratación en más de un 70%.
La ‘excepción ibérica’ genera incertidumbre
En su opinión, el trato especial a España y Portugal dentro de los mercados energéticos europeos provoca «un aislamiento que lo que hace es crear condiciones distintas». «Conlleva una incertidumbre porque los agentes no saben lo que va a suceder. Se van a exponer a un funcionamiento del mercado distinto y a unas condiciones de contratación, previsiblemente, distintas. Es una fuente de incertidumbre muy elevada que ya la estamos viendo, ya la estamos sufriendo», ha asegurado.
Finalmente, la patronal eléctrica sostiene que «no tiene ningún sentido que las personas vulnerables estén expuesta a la volatilidad de un mercado que no entienden ni tienen por qué entender», ya que el bono social se integra en la tarifa regulada, la que fija su precio por horas, la sujeta a las fluctuaciones del mercado.
«Habría que buscar fórmulas para cubrir a los consumidores vulnerables ofreciéndoles productos a precios estables y con los descuentos que correspondan para hacer frente a un consumo vulnerable. Es necesario reformar esa tarifa regulada pensando, sobre todo, en los consumidores más vulnerables», ha concluido.
