El Gobierno ultima el Perte de microchips que tendrá ayudas de Estado «ilimitadas»
Contará con una inversión pública de 11.000 millones de euros pretende potenciar y atraer inversiones en torno a la industria de los semiconductores
La vipresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño. | EP
El Gobierno cierra los últimos flecos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de microchips que anunció a comienzos del pasado mes de abril. Las fuentes con las que ha hablado THE OBJECTIVE indican que su aprobación en el Consejo de Ministros se realizará «próximamente», probablemente antes de que termine el verano e incluso podría estar durante este mes de mayo, si se completan determinados procedimientos.
Dentro de las principales novedades que tendrá este proyecto -que contará con una inversión pública de 11.000 millones de euros y pretende potenciar y atraer inversiones en torno a la industria de los semiconductores y las tecnologías relacionadas- se encuentra la concesión de ayudas de Estado «ilimitadas» y la inclusión de recursos que van más allá de los fondos europeos Next Generation.
Otras de las novedades del proyecto, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, es el carácter de sus objetivos. De esta manera, la prioridad será desarrollar un ecosistema de diseño y fabricación de semiconductores basado en España, pero no solo creando microchips sino que también a partir del impulso de la I+D+i, «diseño y fabricación de tecnologías de fotónica, RISC-V y cuántica».
‘Chips Act’
La información a la que ha tenido acceso este diario indica que uno de los objetivos de España es poder convertirse en un suministrador de microchips de toda la Unión Europea y con una producción de «altas prestaciones», lo que justificaría una elevada inversión no solo del Gobierno, sino también la entrada de recursos que la propia Comisión destine para la elaboración de microchips dentro de sus fronteras.
De hecho, el Gobierno decidió acelerar la puesta en marcha de este Perte a partir de la propuesta de la Comisión de la Chips Act (Ley Europea de chips), anunciada el pasado 8 de febrero. En este documento, el Ejecutivo europeo se compromete a financiar parte de los esfuerzos nacionales en este sentido para reforzar a Europa como productor autosustentable de chips.
El Perte de los microchips o semiconductores ya tiene nombre: Perte chip. La idea es que España sea una eje de la producción que necesita Europa. A pesar de contar con ciertas capacidades para la producción de chips, la UE es dependiente de la producción extranjera, sobre todo de los de altas prestaciones (aquellos por debajo de 10 nanómetros).
Ayudas de Estado
De esta manera, la Unión Europea estableció en la Comunicación de la Década Digital el objetivo de lograr que la producción de semiconductores de vanguardia (de menos de 5 nm y con el objetivo de 2 nm) sea el 20% de la producción mundial en el año 2030, lo que implicaría cuadruplicar la producción actual.
Como respuesta a esta carencia, la UE está desplegando una serie de instrumentos dinamizadores de la inversión, entre los cuales destaca la reciente propuesta de la Chips Act, anunciada el 8 de febrero de 2022, que propone una adaptación del marco de ayudas de Estado para, por primera vez, «permitir apoyo público sin precedentes a instalaciones de producción» (first-of-a-kind)».
Esto supone que una sola empresa o consorcio podrá recibir ayudas de Estado sin límites fijos y «por importes equivalentes al déficit de financiación suficientemente probado». Esto es un gran avance, ya que hasta el momento todas las ayudas europeas estaban limitadas por Bruselas y, en el caso de los Perte españoles, eran una limitación para adjudicar grandes proyectos transversales.
Tipos de instalaciones
El límite a las ayudas de Estado es una de las normativas más inflexibles de la Unión Europea, ya que de su cumplimiento depende gran parte del delicado equilibrio que mantiene la Comisión para garantizar la igualdad de oportunidades y la competencia de las empresas dentro del continente.
Respetando el level playing field, la UE ha establecido una normativa que determina cuánto pueden ayudar los Gobiernos a las empresas. Dicho de otro manera, este sistema garantiza que los países no ayuden a sus propias empresas con excesivo dinero público descompensando el equilibrio continental.
España consiguió una moratoria para el Perte del coche eléctrico y ahora con el Perte chip podrá gozar de estas ayudas «ilimitadas». De esta manera, esta normativa ofrece la posibilidad a los países de establecer dos tipos de instalaciones: Fundiciones abiertas de la UE (Open EU Foundries), que dedicarán una cantidad significativa de su capacidad de fabricación a la producción para otros actores industriales; y Instalaciones de producción integradas (Integrated Production Facilities), que diseñan y producen componentes que atienden a sus propios mercados.
Fondos Next Generation
Del mismo modo, el Gobierno cuenta con que los 11.000 millones de euros que destine en ayudas no necesariamente cuenten solo con los 70.000 millones de los fondos Next Generation. En el caso del Perte del coche eléctrico se han usado diferentes ayudas y la aportación de los Next Gen ha sido solo del 70% de los 4.300 millones comprometidos.
Según Bruselas, la propia Ley de chips comunitaria debería dar lugar a inversiones públicas y privadas adicionales de más de 15.000 millones de euros. Estas inversiones complementarán los programas y acciones existentes en el ámbito de la investigación y la innovación en semiconductores, como Horizonte Europa y el programa Europa Digital y las contribuciones anunciadas por los Estados miembros.
En total, las políticas en este ámbito generarán unas ayudas de más de 43.000 millones de euros de inversión en apoyo a la Ley de chips hasta 2030, que se corresponderá en términos generales con la inversión privada a largo plazo.
