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Economía

Bruselas pone trabas a la prórroga que España solicitó para los rescates de la SEPI

Se han autorizado 21 rescates por 2.224,8 millones y se han rechazado otros 15, lo que deja sin resolver 33 expedientes y solo seis semanas para resolverlos

Bruselas pone trabas a la prórroga que España solicitó para los rescates de la SEPI

Sede la SEPI en Madrid, en una imagen de archivo.|Agencias

La Comisión Europea no está dispuesta a aprobar una nueva prórroga al Gobierno de España para seguir analizando los expedientes de rescates a las empresas afectadas por la pandemia de covid-19. Según ha confirmado THE OBJECTIVE, no está previsto dar la autorización en los términos solicitados ni en las condiciones que Bruselas ha impuesto hasta el momento para la gestión de estas ayudas.

El Ejecutivo solicitó hace un par de semanas un extensión en el plazo para conceder ayudas a través del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI y el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Covid-19 de Cofides, ante la imposibilidad de responder a todas las solicitudes recibidas y con una treintena de empresas esperando una respuesta con menos de dos meses por delante hasta el 30 de junio, plazo límite fijado por la UE.

En noviembre la Unión Europea prorrogó el Marco Temporal que autorizaba ayudas extraordinarias a empresas afectadas por la Covid y que originalmente expiraba el 31 de diciembre pasado. Con este plácet el Gobierno español decidió extender seis meses más las líneas de avales del ICO y de los fondos de recapitalización de empresas gestionados por SEPI y Cofides, dotados con 10.000 y 1.000 millones de euros, respectivamente.

21 rescates resueltos

Sin embargo, el nuevo plazo no ha sido suficiente. Desde que el Fasee se aprobó el 3 de julio de 2020, 69 empresas han solicitado las ayudas que equivalen a 5310,5 millones de euros. El avance de los expedientes ha ido mucho más lento de la esperado, en parte por la burocracia administrativa propia de los organismos públicos, pero también por los temores generados tras la aprobación del rescate de Plus Ultra en marzo del año pasado.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) contrató una legión de asesores y colaboradores para agilizar los expedientes y analizar con rigurosidad cada una de las solicitudes, pero no han logrado cumplir con los expedientes dentro del tiempo asignado. Hasta la fecha se han autorizado 21 rescates por valor de 2.224,8 millones de euros y se han rechazado otros quince, lo que deja sin resolver 33 expedientes y solo seis semanas para hacerlo.

La versión oficial de la SEPI es que no todos estos expedientes deben ser resueltos por el Fasee ya que un puñado se han derivado a Cofides, sin embargo parece difícil creer que se resuelva la misma cantidad de rescates que se han aprobado en 21 meses y medio, solo en ocho semanas.

Nueva prórroga

En este contexto, el Gobierno ha solicitado una nueva prórroga. Según ha informado Cinco Días y ha confirmado este diario el Ejecutivo está a la espera de respuesta. En principio se han solicitado cuatro meses, aunque el objetivo inicial es poder extenderlo hasta finales de año. Sin embargo, THE OBJECTIVE ha confirmado que en Bruselas se recela de esta petición.

En primer lugar, para dar una extensión Bruselas tendría que prorrogar el Marco Temporal para todo el continente. De hecho, esta semana la Comisión Europea volvió a advertir que el 30 de junio empezará a retirar el programa que relajaba las normas de Competencia para que los gobiernos pudieran ayudar a empresas ante la emergencia sanitaria.

El argumento de Bruselas es que ya no hay Covid y que, por tanto, ya no son necesarias estas ayudas. Por tanto, cierra completamente la puerta a mantenerlas en los mismos términos gestionados hasta ahora. La UE no quiere generar una distorsión en el mercado, considerando que gran parte de los socios comunitarios no tienen interés en mantener estas ayudas.

Condiciones de Bruselas

Esto significa que la única forma de que se apruebe una poco probable extensión de los plazos es buscando una fórmula muy acotada en al que, por un lado, se prohiba que se sigan acumulando más expedientes -algo que todavía es posible en los términos actuales- y por otro que el plazo solo se utilice en cerrar los expedientes que quedan, y con el compromiso que el último plazo concedido sea el definitivo.

Como ya ha contado este diario, España teme una avalancha de procesos judiciales que podrían terminar en el pago de cuantiosas indemnizaciones a las compañías a las que les rechace la concesión de estas ayudas. Directivos que han negociado directamente con el órgano estatal y miembros de la sociedad pública han confirmado a este diario que si una empresa no es rescatada y luego entra en concurso de acreedores o quiebra, podría demandar a la SEPI y al Fasee por negarles las ayudas.

Estas compañías podrían justificar la quiebra por el hecho de no recibir el salvavidas de la SEPI, una situación que -de demostrarse- podría desembocar en el pago de importantes indemnizaciones. De hecho, las fuentes consultadas hablan de decenas de millones de euros, si es que se presentan demandas conjuntas.

Al tratarse de fondos públicos distribuidos como ayudas estatales, las demandas se tramitarían como contenciosos administrativos. Una situación que pondría al Estado como principal responsable de la quiebra de estas empresas, si es que pierden las demandas ante la Justicia. Es por ello que el Gobierno negocia esta prórroga en Bruselas aunque se conceda con las mínimas garantías.

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