El déficit estructural de España se situará en el 4% en el año 2025 si nadie lo remedia antes
La Autoridad de Responsabilidad Fiscal critica que el Gobierno omita el impacto del Plan de Recuperación en los documentos enviados a Bruselas
El déficit estructural, aquel que no depende de los vaivenes del ciclo, alcanzará el 4% en 2025 sin una estrategia fiscal a medio plazo que lo revierta. Es el veredicto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su examen sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 que el Gobierno envió a Bruselas el pasado 29 de abril.
El hecho de que el déficit se enquiste en su componente estructural supondrá una trayectoria ascendente de la deuda pública a partir de 2025, según la Autoridad que preside Cristina Herrero. El nivel del 4% de saldo negativo estructural que AIReF vaticina para 2025 supone una elevación de seis décimas sobre los niveles anteriores a la pandemia y se sitúa lejos del objetivo del 0,4% del PIB.
El órgano fiscalizador advierte, además, de que «el margen para reducir el déficit sin adoptar medidas adicionales se agota estabilizándose en torno al 3% en 2024 y 2025», siendo este el límite fijado en su día por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Alerta AIReF de que el estancamiento en la reducción del déficit y la proyección del componente estructural en el 4% del PIB supondrán un freno a la reducción de la deuda pública, actualmente en el entorno del 120% del PIB, que escalará al 140% a partir del año 2025.
Falta una estrategia fiscal a medio plazo
AIReF avala las previsiones macroeconómicas del Gobierno, que ha rebajado el crecimiento del 7% anteriormente previsto al 4,3% para este año, pero detecta vulnerabilidades y afirma que los planes económicos del Gabinete económico que encabeza la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, «siguen sin ser una verdadera estrategia fiscal a medio plazo».
En este sentido el socio del despacho patrimonial Bernal & Sanz Bujanda, Miguel Ángel Bernal, explica que con un déficit estructural encaminado al 4%, y con una desaceleración ya reconocida por el Gobierno, la proyección de AIReF anticipa malas noticias porque a partir de este verano se acaban las compras del BCE, la mano compradora, y se afronta una previsible elevación de la prima de riesgo española -como adelantó este periódico-, lo que demanda la adopción de reformas y un plan de consolidación fiscal que tome responsabilidad sobre la contención del déficit y la deuda.
La solución está en el gasto público
En el mismo sentido, y en consonancia con el reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que apunta cómo el Gobierno podría reducir 60.000 millones de gasto público con medidas tendentes a su eficiencia, el profesor de Finanzas del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles refleja para TO que «el déficit estructural no se corregirá sin un plan de ajuste del gasto público. Es grave la situación, porque unido al encarecimiento de la deuda pública, circunstancia fuera de control del Gobierno, se disparará el déficit público en el futuro».
En consecuencia, Robles determina que «se puede considerar que las políticas discrecionales del Gobierno sitúan el déficit estructural por encima del rango que hace sostenibles las Cuentas Públicas y debería reducirse aplicando austeridad en el gasto».
No en vano, según la Autoridad, la ausencia de una estrategia fiscal a medio plazo que englobe todos los elementos esenciales de la política fiscal y económica resulta especialmente preocupante en el actual escenario macroeconómico con importantes riesgos a la baja derivados de la crisis energética, de materias primas, y de la duración incierta del conflicto bélico en Ucrania.
Riesgos a la baja
La situación requiere, según la AIReF, de capacidad para adaptar la política económica a la posible materialización de los riesgos derivados, entre otros factores, de la guerra en Ucrania, la inflación o la pandemia. Al mismo tiempo, debe contarse con una hoja de ruta que reduzca el déficit estructural sin perjudicar el crecimiento económico y permita llevar la deuda pública a niveles que mitiguen la vulnerabilidad de la economía española frente a futuras crisis.
En este último informe, la AIReF también ha elevado del 6,2% al 6,5% sus previsiones para el Índice de Precios al Consumo (IPC) para este año, en un contexto marcado por el alza del coste de la energía. En cuanto al Producto Interior Bruto (PIB), la AIReF mantiene en el 4,3% sus previsiones de crecimiento para la economía este año, en línea con las estimaciones del Gobierno y apunta a una recuperación del turismo en línea con los datos avanzados por este diario, en el 80% de los niveles prepandemia.
No obstante, el organismo avisa que, de materializarse los riesgos a la baja en un contexto de alta incertidumbre -la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y la amenaza de una interrupción en la cadena de suministros-, esto supondría un impacto negativo de 2,2 puntos en el crecimiento económico, de los que 0,7 corresponden al despliegue del Plan de Recuperación.
Sin noticias del plan de recuperación
Por último, la Autoridad Fiscal se une a las quejas sobre la falta de información sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que considera «muy sustantiva» y afea que su impacto sin estar integrado en la Actualización del Programa de Estabilidad del Ejecutivo. Así, la AIReF hace notar la falta de concreción del Programa de Estabilidad en torno al impacto macroeconómico del PRTR, un instrumento que cobra si cabe mayor centralidad como soporte del crecimiento económico en este entorno tan complejo.
De hecho, la institución que preside Herrero critica que no el Gobierno no ofrece una senda realista de ejecución de las inversiones en términos de contabilidad nacional ni tampoco su potencial impacto sobre el gasto estructural. Además, considera que aunque el PRTR enumera diversas medidas encaminadas, en principio, a reducir el déficit estructural como la reforma tributaria o de pensiones entre otras, la Actualización del Programa de Estabilidad enviada a la UE no las integra en su escenario presupuestario ni cuantifica sus potenciales impactos.