El Gobierno aprueba el tope al gas y espera el respaldo definitivo de Bruselas en dos semanas
Se abordará una reforma del PVPC para que pueda aplicarse a inicios de 2023
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Alberto Ortega (Europa Press).
El Gobierno ha aprobado en un Real Decreto-ley el límite al precio del gas que se usa para la generación eléctrica un mes y medio después de que lograra arrancar en Bruselas lo que se ha denominado la ‘excepción ibérica’ junto con Portugal. El mecanismo incluirá un límite de 48,8 euros el megavatio hora (MWh) durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes que se trata de «una medida muy extraordinaria» con la que el Ejecutivo «logra un objetivo muy importante» para abaratar el recibo de la luz a todos los consumidores.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que «el mensaje más importante» de esta medida es que lo logrado «tiene pocos antecedentes», por lo que ha considerado «muy significativo» que «Europa haya entendido» la situación de España y Portugal.
Bruselas cambia de opinión
Hay que recordar que la ‘excepción ibérica’ todavía no ha recibido el respaldo definitivo de la Comisión Europea, aunque ahora Bruselas se plantea aplicar el tope en toda la Unión Europea (UE) como consecuencia de la crisis de suministro provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, lo que sorprende tras mostrar varias reticencias a España y Portugal.
Ribera ha apuntado que el aprobado definitivo de Bruselas podría retrasarse «unas dos semanas». De esta manera, el mecanismo todavía no cuenta con la autorización formal de la Comisión Europea, aunque se publicará este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «Debemos esperar la notificación formal de las autoridades de España y Portugal para tomar después una decisión formal sobre este asunto, así que estamos a la espera», ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas la portavoz comunitaria de Competencia, Arianna Podesta.
A la par, las empresas eléctricas tendrán que informar sobre sus contratos fijos y variables, al objeto de aplicar la medida inicialmente solo a los segundos, y OMIE y REE tendrán que adaptar sus sistemas y la operativa del pool. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encargará de supervisar de que se cumpla el mecanismo y las empresas que no cumplan se enfrentarán a infracciones «muy graves», que conllevan multas que van desde los seis hasta los 60 millones de euros, de acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
El mecanismo durará unos 12 meses y establece un precio de referencia del gas de 40 euros/MWh durante seis meses, que se incrementa en 5 euros/MWh al mes a partir de entonces, terminando en 70 euros/MWh para que haya una convergencia a la normalidad, frente al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh —como en el caso del TTF holandés, de referencia en Europa—.
Según los cálculos del Gobierno, permitirá reducir la factura de los consumidores del mercado regulado —doméstico e industriales— en torno a un 30%. Para los consumidores del mercado libre, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero obtendrá precios más bajos porque la medida reduce los precios mayoristas que sirven de referencia. Este efecto reductor en cascada también ayudará a contener el IPC, afectado por las tensiones en los costes energéticos.
Bajo la configuración actual del mercado mayorista, el gas determina el precio global de la electricidad cuando se utiliza, ya que todos los productores reciben el mismo precio por el mismo producto, la electricidad, cuando entra en la red. Ahora, se podrá desacoplar temporalmente los precios del gas y la electricidad en la península ibérica, que se beneficiará así de una excepción, tal y como se acordó en el Consejo Europeo de marzo.
Fuentes de Transición Ecológica aseguran que gracias al tope el precio de la electricidad en el mercado mayorista pasará de los 200 euros/MWh actuales a entre 120 y 130 euros. También han aclarado que recibirán una compensación económica por este límite al gas las centrales de ciclo combinado y de carbón, así como la cogeneración que no esté sujeta a una retribución renovable.
Las encargadas de sufragar dicha compensación las comercializadoras que acuden a comprar electricidad al mercado mayorista —las que ofrecen la tarifa regulada y que previsiblemente trasladarán a los clientes— y los consumidores directos en mercado, que son aquellos que compran en el pool para su propio consumo y que deben cumplen una serie de condiciones. Los clientes del mercado libre también lo notarán conforme les toque actualización de sus tarifas.
La denominada ‘excepción ibérica’ estaba pendiente de aprobarse desde que a finales de abril los gobiernos de España y Portugal arrancaran el acuerdo político con Bruselas para establecer el mecanismo de manera temporal. Fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera apuntan que aumentarán las exportaciones de electricidad a Francia, lo que quiere decir que el país galo se beneficiará de los precios más baratos que se darán en el mercado ibérico sin tener que contribuir al mecanismo de compensación señalado anteriormente.
Gobierno y eléctricas chocan en el efecto que tendrá el mecanismo. El Ejecutivo defiende que a términos netos será positivo para todos los consumidores y que «reduce los beneficios extrardinarios de las empresas», mientras que el sector asegura que tendrá más perjuicios que beneficios. Según cálculos «preliminares» de Endesa, la medida tendrá un impacto para los consumidores de 6.000 millones de euros.
Modificar la tarifa regulada
Por otro lado, el Real Decreto-ley también incluye el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. Se combinará así la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023, según ha informado Transición Ecológica.
El tope al gas se suma a la rebaja fiscal que se aplica sobre la electricidad desde el año pasado con un coste acumulado superior a los 7.000 millones de euros y una rebaja del 55% de los cargos eléctricos, según el Ejecutivo, en parte gracias a una revisión extraordinaria de lo que cobran las renovables.
En la actualidad, se aplica un IVA reducido a la electricidad del 10% para todos los consumidores con potencia contratada de hasta 10 kW, ya sean particulares o empresas y siempre que el precio en el mercado mayorista se mantenga por encima de los 45 €/MWh. Asimismo, está suspendido el impuesto a la generación del 7% y está reducido al mínimo que permite Europa el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,11% al 0,5%).
