El Gobierno vigilará la temperatura de los edificios públicos con un 'comisario térmico'
El aire acondicionado no podrá bajar de los 27 grados centígrados y la calefacción deberá estar como máximo a 19 grados
Mando de aire acondicionado con la temperatura a 27 grados. | The Objective
El Gobierno se encargará de vigilar la temperatura de los edificios públicos mediante una especie de ‘comisario térmico’, según se pone de manifiesto en el plan de ahorro energético publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto no significa que se vaya a crear un puesto de trabajo específico para controlar la temperatura de los aparatos de aire acondicionado, sino que esa misión recaerá en los responsables de la gestión energética de cada edificio.
La misión de esta especie de vigilante del termostato es clara: cuando se tenga que utilizar el aire acondicionado, la temperatura tendrá que estar por encima de los 27 grados centígrados, mientras que cuando sea invierno la temperatura de la calefacción no podrá ser superior a 19 grados.
En concreto, el responsable de la gestión energética del edificio se encargará de comprobar que «la climatización de los locales se produzca con el menor consumo de energía, haciendo uso de los sistemas de free-cooling». Y también se instalarán elementos automáticos de encendido y apagado y de control de iluminación y temperatura.
Nuevo escenario
Así lo recoge el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal. Tal y como señala el texto, estas medidas se toman por elevado precio de los combustibles en Europa y por el nuevo escenario que ha supuesto la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Lihanna Castellano, consultora de Public Affairs Atrevia especializada en energía, explica a THE OBJECTIVE que una temperatura del aire acondicionado de entre 25 y 27 grados es «correcta», con la que se evita un gasto excesivo de energía y se ahorra en la factura de la luz. «Esta medida, junto con el aumento de las soluciones de eficiencia energética (aislamientos térmicos, sustitución de electrodomésticos a otros más eficientes) serán claves para la necesaria optimización del consumo energético en el corto, medio y largo plazo», subraya.
Además, indica que el plan llega en un momento en el que la Unión Europea (UE) plantea incrementar de un 9% a un 13% para 2030 el objetivo vinculante de ahorro energético propuesto en la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética —actualmente en fase de negociación por el Parlamento Europeo y el Consejo—.
Sánchez copia a Italia
Pero España no es pionera en esto. Italia aprobó a mediados de abril un decreto con «medidas urgentes» para contener el precio de la energía, entre las que figuraba limitar la temperatura en todos sus edificios públicos desde mayo. En concreto, en invierno la temperatura de la calefacción tampoco podrá ser más elevada de 19 grados, aunque con la excepción de subirla como mucho en dos grados. Para verano fijó en 27 grados la temperatura del aire acondicionado, con la posibilidad de disminuirla también en dos grados.
En cuanto a las medidas que hacen referencia al fomento de fórmulas organizativas que deben adoptar los empleados públicos, el plan contempla un refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia para reducir el impacto energético, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo.
De esta forma, cada Ministerio o entidad estatal deberá aprobar un plan de trabajo que incorporará una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumplan las condiciones para ello. Asimismo, el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal.
Otras medidas son:
- Racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático, así como del resto de los equipos consumidores de energía, de manera que se minimice su uso energético.
- Racionalización del uso de los edificios, a través del establecimiento de medidas que mantengan un nivel óptimo de ocupación de los inmuebles.
- Impulso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado.
- Regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso del alumbrado exterior de los edificios, infraestructuras y carreteras dependientes de la Administración General del Estado, y de las entidades del sector público institucional estatal con el objeto de reducir el consumo en alumbrado exterior.
- Seguimiento del uso de papel, plásticos y consumibles utilizados a diario en todas las oficinas administrativas y su repercusión en el consumo de energía, materias primas y agua.
- Siempre que resulte conforme con la legislación de contratación pública, en los expedientes de contratación administrativa se incluirán cláusulas que establezcan como criterios de valoración para la adjudicación de dichos contratos aquellas medidas que supongan ahorros en materia energética.
