El Gobierno crea con dos años de retraso el Comité Antifraude de los fondos europeos
Su creación y funcionamiento serán atendidos con los medios personales de Industria «sin que en ningún caso conlleve incremento del gasto público»
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. | Germán Lama (Europa Press).
El Gobierno ha creado, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Comité Antifraude que exige la Comisión Europea (CE) para supervisar la ejecución de los fondos europeos, pero lo ha hecho casi dos años después de que se lanzaran los Next Generation.
La creación de este comité, con naturaleza de órgano colegiado, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE), que en su reglamento establece que los Estados miembros, en cuanto beneficiarios o prestatarios de fondos, deben adoptar las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros del Viejo Continente.
Según recoge el BOE, su creación y funcionamiento serán atendidos con los medios personales, técnicos y presupuestarios de la cartera que dirige Reyes Maroto, «sin que en ningún caso conlleve incremento del gasto público». El comité será presidido por el subsecretario de Industria, Comercio y Turismo y celebrará, al menos, una sesión ordinaria anual.
La norma se ha tramitado con carácter urgente, al haber sido adoptada en el marco de la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Supervisar y aprobar
El Comité Antifraude se encargara así de realizar, o en su caso, supervisar y aprobar la evaluación de riesgo a los intereses financieros de la UE. También participará en la identificación de los indicadores de riesgo realizando una labor técnica, con el objetivo de concretar la planificación de controles a realizar en el ejercicio del control de gestión, primando los ámbitos en los que se observe un mayor riesgo.
Asimismo, conocerá de los casos en que la posible existencia del conflicto de interés se haya detectado con posterioridad a que haya podido producir sus efectos, alterando o pudiendo haber alterado el procedimiento de concesión de subvenciones o de contratación, o, de conformidad con la prestación o realización de la actividad subvencionada.
Por otro lado, tendrá que validar y aprobar los modelos de documentos necesarios para la «prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción», así como de la documentación de las actuaciones relacionadas.
La lentitud en la creación de éste Comité Antifraude está en línea con la también lenta ejecución de los fondos europeos Next Generation. Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha consignado 26.634 millones de euros en los PGE de 2021 y otros 27.633 millones en 2022, todos ellos a cuenta de los 70.000 millones asignados en concepto de ayudas a fondo perdido. Es así como ese organismo se crea después de que se consignaran más de 50.000 millones de ayudas directas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y 2022.
El Comité Antifraude llega además después del lanzamiento de once Perte por valor de 33.000 millones de euros del que ya se han adjudicado al menos 900 millones de euros. De estos 33.005 millones hay 949 millones que se mantienen en convocatorias no resueltas (el 3,5% del total del dinero) y otros 4.056 millones de euros en convocatorias abiertas (el 12,2%). Esto supone que hay 27.091 millones de euros de estos diez Perte que no han salido todavía a licitación.
Una oficina que debería verificar la ejecución de estos fondos y que nace después de que la Administración central ya haya realizado pagos por valor de 12.590 millones desde enero de 2021, según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Según estos datos, el Ejecutivo ya ha repartido el 18% de las ayudas totales -mayoritariamente a las Comunidades Autónomas- sin tener este organismo fiscalizador.
Segundo pago
Hace pocas semanas la Comisión Europea autorizó el segundo desembolso equivalente a 12.000 millones y ya se han transferido 10.000 millones correspondientes al segundo semestre del año pasado y otros 9.000 millones de prefinanciación recibidos el verano pasado. El cronograma indica que hasta finales de 2023 se recibirán 54.500 millones de la UE.
Este diario ya ha publicado además que el Ministerio de Asuntos Económicos trabaja para presentar durante el segundo semestre la adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para incluir las transferencias adicionales y los créditos asignados de los fondos europeos Next Generation.
Estamos hablando de 70.000 millones de euros en créditos y otros 7.700 millones que, en principio, serían transferencias. Si todos los plazos se cumplen, antes de fin de año el Gobierno debería acordar las nuevas condiciones y nuevos hitos con Bruselas para poder recibir estos fondos con, probablemente, un nuevo cronograma de pagos.
