El Gobierno admite que solo ha transferido un 11% de los fondos europeos de este año

Nuevo varapalo para las empresas españolas que aspiran a recibir fondos europeos. El Gobierno ha reconocido en su último informe de ejecución de los Next Generation que tiene obligaciones reconocidas por valor de 3.109,4 millones de euros, lo que supone apenas el 11% de los 28.246 millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. Estas cifras incluyen los cinco primeros meses del año, lo que vuelve a demostrar que la velocidad de ejecución sigue siendo extremadamente lenta y perjudicando a compañías que llevan meses esperando estos recursos.

El dato aportado por THE OBJECTIVE y al que el Gobierno no se refiere en sus convocatorias públicas es de suma importancia, porque es la cifra más cercana que el Ejecutivo ha publicado respecto de la ejecución de estos fondos europeos cuando se cumple un año y medio desde que se incluyesen por primera vez en los PGE.

Según el propio Gobierno, una obligación reconocida «es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente».

Obligaciones de 2021

El compromiso tiene lugar cuando se publica la lista de adjudicatarios y el reconocimiento llega cuando los adjudicatarios presentan la documentación necesaria para recibir la subvención. En teoría es cuando a una empresa o adjudicatario se le asigna el dinero público, y a falta de una cifra oficial sobre los recursos que las empresas ya tienen en su poder para poder ejecutar los proyectos, es lo más cercano al reparto de estos recursos al tejido productivo.

El problema con este dato es que tampoco refleja fielmente el dinero de fondos europeos que llega a las empresas, ya que estos pagos realizados incluyen además el dinero transferido a las comunidades autónomas, administraciones locales y otros departamentos de la Administración. En algunos de estos casos, este dinero ni siquiera se ha destinado a realizar convocatorias formales.

Por otro lado, parece difícil que el Gobierno gaste los 25.000 millones de euros que queda por adjudicar de aquí a final de año y solo con siete meses por delante, incluyendo el verano y el mes de agosto, inhábil en la mayoría de las Administraciones públicas. Durante 2021, el Ejecutivo indica que tiene obligaciones reconocidas por valor de 20.044 millones de los 24.198 millones de crédito total asignados en los PGE, aunque en esta cifra también se incluye el dinero gastado o transferido a las Comunidades Autónomas.

IGAE y los fondos europeos

Unos datos que sin embargo, no coinciden con los números más recientes aportados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Estas cifras reflejan que hasta abril la Administración Central ha realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 1.587,24 millones de euros, lo que supone apenas el 5,6% de los 28.246 millones de euros de fondos europeos consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Si a esta cifra se suma el dato anual de 2021 también aportado por la IGAE, vemos que se han realizado pagos por valor de 12.590 millones de euros desde enero de 2021, momento en el que los fondos europeos se incluyeron por primera vez en los PGE. Esto supone que 17 meses después de que se consignarán estos ingresos en la economía española, el Estado apenas ha transferido el 23,2% de los ingresos comprometidos en los presupuestos equivalentes a 54.267 millones de euros (26.634 millones en 2021). 

Pese a todo esto, el Gobierno sigue insistiendo en que los fondos europeos llevan una «velocidad de crucero». La propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, indicó la semana pasada en el Congreso que en el segundo semestre del año se lanzarán convocatorias de ayudas por valor de 11.000 millones.

Comparecencia de Calviño

Calviño indicó que las convocatorias de ayudas resueltas por la Administración General del Estado benefician ya a más de 28.800 proyectos de todo el país. Además, señaló que ya se han resuelto hasta la fecha más de 840 convocatorias de ayudas gestionadas directamente por la Administración, con una inversión superior a los 10.100 millones de euros, destinadas a empresas y entidades públicas de todo el territorio.

Del mismo modo, a 31 de mayo de 2022 el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado en la Administración General del Estado se acerca al 42% del crédito total aprobado, mientras que el crédito comprometido roza el 30%. Sin embargo, en todas estas cifras Calviño asume que el dinero autorizado, comprometido y adjudicado es equivalente a dinero repartido a las empresas.

Algo que se aleja de la realidad ya que solo los montantes adjudicados están en parrilla de salida de los fondos europeos, pero se estima que en este punto faltan todavía tres meses para que lleguen definidamente a las empresas. Unos plazos que todavía no se cumplen en casi la totalidad de estas convocatorias.

Lentitud de los Perte

Calviño también se refirió a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), indicando que hasta la fecha ya se han resuelto, están abiertas o en proceso de evaluación más de 60 convocatorias, que suponen el despliegue de 6.600 millones de euros de inversiones en marcha de fondos europeos. 

Nuevamente la vicepresidenta evita señalar que una convocatoria resuelta no es sinónimo de dinero entregado y que, en cualquier caso, solo se han resuelto 909 millones de euros de fondos europeos, apenas una mínima parte de estos 6.600 millones y de los 33.000 comprometidos en los once Perte aprobados hasta el momento por el Consejo de Ministros.

Recordemos que el propio Gobierno atribuye a estos proyectos la responsabilidad de transformar España y modernizar el tejido productivo y empresarial de la mano de los fondos europeos. Son los grandes ejes del Plan de Recuperación y Resiliencia y son los recursos que deberían llegar de manera más directa a las empresas dado su carácter transversal y capilar.