La SEPI duda de que el Estado pueda recuperar los 3.000 millones empleados en rescates

Esta semana bajará el telón el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la SEPI, tras dos años analizando expedientes de empresas en situación crítica por el impacto de la covid-19. Casi siempre bajo la sospecha de injerencias políticas y con rescates judicializados, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que dentro de la sociedad pública hay dudas de que el Estado pueda recuperar los más de 3.000 millones de euros concedidos en estos últimos 24 meses.

La mayoría de préstamos concedidos a las empresas tiene un plazo de pago que va de los cinco a los siete años desde su adjudicación, sin embargo la situación de muchas de ellas -donde incluso se han agravado los problemas económicos tras la concesión de las ayudas- hace muy difícil que se recuperen con la suficiente velocidad como para poder devolver las ayudas en los plazos establecidos.

Este fondo ha dejado sin adjudicar al menos el 60% de los 10.000 millones en ayudas convocadas. El balance al cierre del viernes -y a seis días de que expire el Fasee- indica que se han aprobado 24 operaciones por valor de 2.534,8 millones, el 47,22% de los 5.367,5 millones solicitados. A la primera de estas cifras hay que sumar el rescate aprobado de Celsa por 550 millones que será ratificado este martes en el Consejo de Ministros. Por otro lado, se han rechazado 27 expedientes correspondientes a solicitudes no elegibles por valor de 1.151,85 millones.

Plus Ultra y Duro Felguera

Este diario ya ha explicado que la lentitud y la excesiva burocracia del fondo de la SEPI a la hora de tramitar los expedientes ha generado que muchas empresas hayan desistido de presentarse y muchas otras hayan retirado su solicitud a medio camino. El tiempo de resolución era de seis meses, pero la mayoría de los expedientes más complejos han tardado más de un año en resolverse. Incluso hay algunos, como el de la filial de Abengoa, Abenewco, que se estudiaron 16 meses. 

Sin embargo, el rescate más sonado fue la concesión de 53 millones a Plus Ultra. De hecho, a comienzos de junio el juzgado de instrucción número 15 de Madrid citó al representante legal de la aerolínea para que responda en calidad de investigada en la causa sobre las presuntas irregularidades en la concesión de estas ayudas.

Otro de los casos emblemáticos ha sido la concesión de 120 millones de euros a Duro Felguera. La compañía asturiana recibió las ayudas en marzo del año pasado en medio de fuertes presiones políticas del Ejecutivo central y del Principado de Asturias gobernado por el PSOE. Sin embargo, poco más de un año después ha reconocido que este dinero no ha sido suficiente y que está estudiando la posibilidad de obtener una línea de financiación adicional para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania, el alza generalizada de los precios de los materiales y energía o la actual situación de conflicto entre Argelia y España.

Air Europa y la SEPI

Del mismo modo, en la información remitida por la compañía para cumplir con los requisitos de la concesión de estas ayudas, reconoce que el 69% del rescate se ha destinado a costes operativos, es decir, a mantener el día a día de la compañía y no a generar nuevos negocios como se pedía originalmente. Por otro lado, la empresa sigue sin encontrar un socio industrial que pueda ayudar a aumentar su cartera de proyectos, otro de los requisitos que impuso la SEPI al conceder las ayudas.

Air Europa es otra de las empresas rescatadas en problemas y que a día de hoy tiene difícil devolver el rescate de 475 millones de euros concedidos. En septiembre la propia compañía reconocía en sus cuentas que necesitaría más ayudas públicas para mantenerse a flote, tras registrar unas pérdidas récord en 2020 de 427,7 millones frente a los beneficios de 27,7 millones del año anterior. Pese a que las cuentas han mejorado este 2022 todavía está lejos de una situación de equilibrio.

La aerolínea ha retomado formalmente las negociaciones para integrarse en IAG y la banca acaba de aprobar el préstamo de 100 millones de Iberia, antesala de la toma del 20% del capital por parte de la aerolínea anglocatarí. Un momento en el que el Gobierno se ha decidido a dar un golpe de timón sustituyendo a Valentín Lago por el ex CEO de El Corte Inglés, Nuño De la Rosa. El cambio se produjo solo un año después del nombramiento de Lago tras el desembarco del Ejecutivo en la gestión.

Rescates rechazados

La SEPI ha aprobado los rescates en la mayoría de las ocasiones con la condición de que pudiese nombrar parte del equipo gestor, algo que le hace directamente responsable de la marcha de las compañías una vez que son rescatadas. Es por eso por lo que la posibilidad cierta de que no puedan cobrar muchas de las ayudas solicitadas, recae directamente en su gestión.

Por otro lado, otra losa con la que deberá cargar la sociedad pública es el rechazo de otros rescates emblemáticos que han dejado a compañías al borde de la quiebra. En este punto, la más afectada es Abengoa que se expone a una quiebra de 6.000 millones de euros, la mayor en la historia de España.

La SEPI rechazó un rescate de 249 millones tras el dictamen negativo de sus asesores ya que la compañía no cumplía con ninguno de los requisitos para recibir estas ayudas. Sin embargo, otras fuentes apuntan a que no existió la voluntad política de rescatarla ante la negativa de la Junta de Andalucía -gobernada por el PP- de participar en el rescate. Lo cierto es que a la andaluza todavía le queda la última bala: presentar el convenio del concurso de acreedores con el que espera realizar una quita superior al 80% a los acreedores.

Room Mate y Ezentis

Dentro de este grupo de empresas cuyo rescate fue rechazado por la SEPI también encontramos a Room Mate. La hotelera presentó este viernes la solicitud de concurso de acreedores voluntario con venta de unidad productiva, acompañada de una oferta vinculante por parte de un inversor que plantea la continuidad del negocio y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Había solicitado 52 millones a la sociedad pública, pero fue rechazada por no cumplir con los requisitos exigidos.

Este viernes también se conoció la negativa de la SEPI al rescate de Ezentis. La tecnológica presentó una solicitud por 70 millones de euros a finales de mayo, pero no fue suficiente para forzar su rescate. La compañía y los sindicatos consideraban «fundamental» esta ayuda para solventar su delicada situación patrimonial, con un saldo negativo de 160 millones de euros, y su deuda.

Ezentis había conseguido que sus acreedores suspendieran algunas obligaciones hasta que se determine el futuro del rescate y el lanzamiento de un plan estratégico. Adeuda más de 150 millones de euros, con el grueso de vencimientos situado este año. Entre las entidades acreedoras se encuentran los fondos Arcano y Muzinich, así como un sindicato bancario formado por BBVA, Banco Pichincha, Banco Santander, Caixabank y EBN.