Los expertos piden que pensionistas y funcionarios formen parte del pacto de rentas
El Consejo General de Economistas y Fedea se unen al Banco de España en su demanda de un reparto equitativo de los costes de la crisis económica
Ángel de la Fuente (Fedea), Valentín Pich (CGE) y Jordi Alberich (Instituto de Estudios Estratégicos). | CGE.
En la misma línea que viene marcando el Banco de España desde el pasado abril, los integrantes del Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recomiendan que el pacto de rentas -el reparto de los costes de la crisis económica, aún por definir- incluya a pensionistas y funcionarios, según han manifestado los representantes de ambos organismos, Valentí Pich y Ángel de la Fuente, respectivamente.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya avisó hace más de tres meses –en su discurso Un pacto de rentas en España: por qué y para qué– que el pacto de rentas que el Gobierno ha de cerrar con los agentes sociales ha de ser lo más amplio posible y llamó la atención sobre la necesidad de que todos los agentes económicos asuman sacrificios para no alimentar aún más la inflación y generar una distribución equitativa de los daños.
Así, y como adelantaba a este diario el profesor de Deusto Business School Mario Cantalapiedra, es necesario que el reparto de los costes sea lo más global posible para evitar que la economía española incurra en estanflación. Asimismo, el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles llamaba la atención en THE OBJECTIVE sobre la necesidad de que también el Estado aborde recortes de gasto público para no alimentar la demanda y, por ende, el alza de precios.
Evitar una espiral de salarios y precios
Son ahora el CGE y Fedea las nuevas voces que se unen al discurso y proponen que tanto funcionarios como pensionistas estén incluidos en las medidas de ajuste necesarias para capear la desaceleración económica y la subida de precios, ambas agravadas por la invasión rusa de Ucrania.
A juicio de ambos, Pich y De la Fuente, y del vicepresidente del Instituto de Estudios Estratégicos, Jordi Alberich, ese pacto de rentas de amplio alcance evitaría una espiral de precios y salarios que tendería a enquistarse la inflación y que se constituiría en un palo en la rueda de la recuperación.
El hecho de incluir también a funcionarios y pensionistas en el pacto de rentas se explica bajo el argumento de que sus remuneraciones se revisan en mayor grado que las de los trabajadores del sector privado. Concretamente, en el caso de los pensionistas, unos trabajadores que ven sus salarios revalorizados un 2,2% de media hasta marzo, según CaixaBank Research, van a sufragar que las pagas de los jubilados se actualicen en torno al 8%, según las últimas previsiones de mayor inflación.
Y si el temor a la espiral de salarios y precios es la justificación ulterior para no revalorizar con fuerza los salarios, se pregunta un economista a este diario, «¿por qué no se teme que la produzcan los 13 millones de consumidores que totaliza la suma de funcionarios y pensionistas?»
En cualquier caso, tanto el Consejo General de Economistas como Fedea abogan por demandar más protección para los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los sectores productivos más golpeados por el alza de precios.
Ajustes en el IRPF en función del poder de compra
A tal fin, proponen ayudas directas en forma de transferencias no condicionadas y recomiendan al Gobierno que deflacte -que ajuste los parámetros del IRPF al menor poder adquisitivo- el IRPF, ya que incorpora un alza tributaria encubierta. Piden, pues, que se leven los tramos de renta a los que se aplica cada tipo impositivo para que se compense la pérdida de poder de compra de las rentas de las familias.
En clave tributaria, los economistas e investigadores de Fedea, desaconsejan impuestos ad hoc, como los que anunció este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entidades financieras y compañías eléctricas. Consideran que este tipo de medidas introducen inseguridad jurídica y ahuyentan la inversión y deprimen la actividad económica.
Del mismo modo que las empresas señaladas por Sánchez como sujetos de gravamen adicional ensanchan sus ingresos en la actual situación de mayores precios energéticos y alzas de tipos de interés, también las arcas públicas marcan récords de recaudación derivados de la inflación, a los que no renuncia el Gobierno aligerando la factura fiscal, explica un analista a TO.
Desincentivo a la inversión
Consideran, además, los economistas del CGE y de Fedea que los impuestos a las eléctricas deberían ser diseñados con cuidado y cautela, porque ya existen vías para detraer posibles rentas extraordinarias del sector, y señalan que la Comisión Europea ya ha advertido de que «un exceso de celo en esta línea tenderá a desincentivar la inversión en nueva capacidad renovable».
Por otra parte, descartan que exista una ligazón tan férrea entre la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y el engrosamiento de los beneficios de la banca como la que Sánchez defiende. De hecho, los economistas y Fedea alegan que el sector financiero lleva años operando en un escenario complejo, caracterizado por «la estrechez de los márgenes» y que se enfrenta en un futuro inmediato a «significativos riesgo de morosidad».
Se trata de una morosidad que afrontan las entidades que en algunos casos, en el sector productivo, conlleva insolvencia empresariales de pymes que no pueden aguantar una crisis cuando todavía los estragos económicos de la pandemia siguen sin desaparecer. Según datos de la aseguradora de crédito y caución Solunion, las insolvencias empresariales crecieron un 25,5% en junio de 2022 tras tres meses consecutivos en decrecimiento y a pesar de la moratoria concursal, un termómetro de cómo la crisis va calando en todos los estratos de la economía.
