El ingreso mínimo vital solo llega al 40% de sus beneficiarios potenciales, según la AIReF
A 31 de diciembre de 2021, la medida alcanzó a 284.000 hogares, cuando su aplicación completa llegaría a 700.000 y tendría un coste de 2.800 millones
El ingreso mínimo vital (IMV) solo ha cubierto al 40% de sus beneficiarios potenciales, según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Así, a 31 de diciembre de 2021 la prestación alcanzó a 284.000 hogares, de los 700.000 a los que podría llegar, y para tal desempeño se ha destinado el 56% del presupuesto de la medida.
En consecuencia, y según la Primera Opinón sobre el IMV publicada por la institución que preside Cristina Herrero, esta prestación económica destinada a combatir el riesgo de pobreza tiene aún recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la consecución de sus objetivos, cuya consecución AIReF cifra en el 32%.
En este concreto ámbito, AIReF calcula que con ese alcance a 284.000 hogares, la ayuda cubre al 22% de los 1,3 millones de hogares en riesgo de pobreza. Con todo, la prestación deja fuera al 60% de potenciales beneficiarios y al 78% de las familias con más riesgo de pobreza.
De llegar a todo el espectro posible, la medida acogería a 700.000 hogares y supondría un coste anual de 2.800 millones de euros, sin contar en esta primera edición del informe con País Vasco y Navarra, ya que el primer estudio se ha enfocado en las autonomías de territorio común.
El número de solicitudes ha sido elevado, según la Autoridad Fiscal, superando los 1,5 millones, pero un alto porcentaje, el 73%, fueron rechazadas principalmente por incumplimientos de los criterios de renta o patrimonio o de los requisitos que la medida exige para el hogar solicitante.
Desigual cobertura según autonomías
En este sentido, AIReF propone analizar la naturaleza del patrimonio de los hogares en situación de pobreza, en particular, el grado de liquidez de sus activos reales, su valoración y, si fuera necesario, reconsiderar la definición del patrimonio establecida para ser beneficiario del ingreso mínimo.
El IMV busca garantizar un nivel mínimo de renta que aleje de la pobreza a los hogares más vulnerables. En esta meta, confluye con las rentas mínimas ya establecidas con anterioridad por las autonomías.
A este respecto, AIReF aventura que, de estar plenamente implementado el IMV y las rentas mínimas autonómicas, conjuntamente conseguirían subir a aproximadamente el 60% de los hogares en riesgo de pobreza, entendida ésta como todos los umbrales de ingresos que estén por debajo del 40% de los ingreso mediano.
Hogares en riesgo de pobreza no cubiertos
Con todo, de los 1,3 millones de hogares en riesgo de pobreza, quedarían sin cubrir unos 540.000 que por sus circunstancias no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos.
Por ello, AIReF anima a que los Gobiernos autonómicos rediseñen sus rentas mínimas para llegar a un espectro de población mayor, máxime cuando la implantación del IMV ha liberado recursos de sus programas de rentas. A tal efecto, AIReF señala que el porcentaje de hogares no cubiertos por ninguna de las prestaciones – ni el ingreso mínimo vital ni las rentas mínimas autonómicas- es diferente según el territorio.
Baleares, con el 13%; Aragón, con el 19%; y Asturias, con el 21% tienen la menor cuota de hogares no cubiertos, mientras que Galicia (52%), la Comunidad de Madrid (49%) y Castilla y León (48%) presentan la mayor proporción de hogares sin cobertura de ninguna de las dos prestaciones.
Una prestación que se active de oficio
A medio plazo, la AIReF propone que, a medida que se vayan conociendo los efectos que el IMV está teniendo sobre la reducción de la pobreza, el mercado de trabajo y la inclusión social, se valore avanzar hacia una prestación que se inicie de oficio por parte de la Administración y que integre al resto de prestaciones e impuestos que persiguen la misma finalidad que el IMV con el objetivo de mejorar la eficiencia.
En esta línea, contempla la AIReF que se estudie la posibilidad de integrar la medida como un impuesto negativo en el IRPF. Es decir, como una minoración en el tributo del tipo de las que ya se efectúan a través del mínimo personal y familiar.
Para ello, sería necesario incrementar la interoperabilidad y el intercambio de información entre Administraciones en torno a un repositorio común -explica el director de la División de Evaluación del Gasto Público del organismo fiscalizador, José María Casado- que contenga la información necesaria para su tramitación y que contemple en su diseño las necesidades para su posterior evaluación.
El pistoletazo de salida del ingreso mínimo vital tuvo lugar en mayo de 2020 y en la actualidad oscila entre un percepción mínima de 565 euros al mes y un máximo de 1.243 euros al mes, en función del número de personas que formen parte de la unidad de convivencia.
