El Gobierno eleva en 55 millones el gasto en publicidad institucional previsto para 2022
Se han aprobado 13 campañas institucionales de contratación anticipada para el año 2023 con la precampaña electoral a la vuelta de las vacaciones
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, cartera encargada de la planificación publicitaria del Gobierno central. | AGENCIAS
El Gobierno ha aprobado 13 nuevas campañas de publicidad institucional por valor de 55,08 millones de euros en concepto de Campañas institucionales de contratación anticipada para el año 2023. Una cifra que se suma a los 158,34 millones de euros que ya se aprobaron en febrero de este año y que representaron el mayor gasto en esta partida en 14 años. De esta manera, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dirigido por Félix Bolaños, ha aprobado en solo cinco meses un montante histórico de 213,42 millones.
El Ejecutivo justifica la publicación de estas nuevas campañas de publicidad institucional –que representan un tercio adicional de lo que ya se había aprobado– porque la mayoría de ellas deben comenzar a ejecutarse el próximo 1 de enero y el Plan de Comunicación y Publicidad Institucional no estará aprobado hasta febrero de 2023. Sin embargo, sorprende que este anexo al Plan de 2022 se apruebe antes del verano, con intención de contratar las campañas antes de que finalice este año y con el comienzo del curso 2022-2023, fecha marcada en el Gobierno para comenzar la precampaña electoral.
Este Plan de Comunicación y Publicidad Institucional es el dinero que la Administración Central se gasta en campañas publicitarias como las de la DGT, la igualdad de la mujer y la de la Renta. Es el dinero que el Estado paga a los medios para publicitarse y siempre suele ser cuestionado porque su reparto se hace con criterios poco claros y apostando por medios que suelen están más vinculados al Gobierno de turno.
Campañas por ministerios
En el caso de la contratación anticipada de 2023, se incluyen las históricas campañas de publicidad de la Renta, por nueve millones de euros y la de la DGT por 11,1 millones, aunque también se ha dado el visto bueno a otras no tan conocidas como el la concienciación de la ciberseguridad, con 8,1 millones de inversión o la concienciación contra las distintas formas de violencias contra las mujeres, por siete millones de euros.
Por ministerios, Interior se lleva 11,1 millones de euros; el de Igualdad se lleva casi 10 millones; Hacienda, otros nueve millones; Asuntos Económicos, 8,1 millones; Agricultura, 6,9 millones; Transportes y Transición Ecológica, cuatro millones y Derechos Sociales se queda con dos millones de euros.
En términos comparativos, si se suman los 55 millones de contratación anticipada a los 158 millones ya aprobados en febrero, vemos que la cifra solo está por debajo de los 268 millones de euros que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, el año anterior a la gran crisis financiera de 2008 y que precipitó la caída del gobierno socialista.
Publicidad institucional en 2022
En el caso del Plan de 2022, el objetivo más buscado de entre los previstos por la Ley 29/2005 de publicidad institucional será el de anunciar medidas preventivas de riesgos, o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o para el patrimonio natural, puesto que este es el principal propósito de 66 de las 167 campañas previstas, que suponen un 39,5% del total.
En términos de presupuesto, el objetivo más buscado es el de comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social, que corresponde al 42,16% de la inversión del plan en 2022. En cuanto a las prioridades en las que se centra la actividad divulgativa de la Administración General del Estado para el presente año, un 42,68% del importe total previsto se destina a la difusión de mensajes sobre derechos y deberes de los ciudadanos, y un 27% se centra en la prioridad de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, y el cuidado de su entorno.
El Ministerio de Igualdad fue una de las carteras más favorecidas por el reparto que hizo el Gobierno del Plan de Publicidad de 2022. El documento indica que la cartera dirigida por Irene Montero tendrá un presupuesto de 19,6 millones, lo que supone el segundo mayor gasto anual de todos los ministerios, solo superado por los 36,3 millones de Asuntos Económicos. A ello hay que sumar otros 10 millones aprobados en esta contratación anticipada.
La Ley de publicidad institucional indica que la ejecución de las campañas está en manos de los organismos a los que le son adjudicadas y advierte de que, pese a que el plan está elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Comunicación de Presidencia del Gobierno, éste solo se dedica a la "planificación, asistencia técnica, evaluación y coordinación de las actividades de publicidad y comunicación".
