La corrupción de los ERE era sistémica y más grave que la aceptación ocasional de sobornos

«Yo me siento orgulloso de los expresidentes [Manuel] Chaves y [José Antonio] Griñán. Son personas honestas, no se han llevado un duro», proclamó durante la campaña de las autonómicas andaluzas Juan Espadas, exalcalde de Sevilla y candidato socialista.

Los principales dirigentes del PSOE han insistido en esta misma línea. «Pagan justos por pecadores», ha asegurado Pedro Sánchez. «[Ni Chaves ni Griñán] tuvieron nada que ver» con la trama, ni hubo «enriquecimiento personal».

Respecto de que no tuvieran nada que ver con la trama, no es lo que opinan los jueces. Tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo consideran que los condenados diseñaron «un procedimiento específico» para eludir los controles existentes y repartir arbitrariamente más de 600 millones de euros, parte de los cuales acabaron en empresarios afines, amigos y el sector del ocio nocturno.

En cuanto a la ausencia de enriquecimiento personal, supeditar la gravedad de una malversación a que exista apropiación desdeña la insidiosa y grave gangrena que evidencia el caso de los ERE.

Los dos tipos de corrupción

Cuando oímos la palabra corrupción, lo que generalmente nos viene a la cabeza es el soborno que el promotor ofrece al concejal para que le recalifique un terreno o le adjudique una obra. Es una manipulación de la política para obtener ventajas económicas. El catedrático de la Universidad de Maryland John Joseph Wallis explica en un artículo de 2006 que los pensadores clásicos «hablaron largo y tendido» de esta «corrupción venal», pero concluyeron que «era una secuela inevitable de la condición humana», cuyo impacto «en términos de crecimiento y bienestar era poca cosa».

La que, por el contrario, presentaba efectos profundos y duraderos era la «corrupción sistémica», que consiste en todo lo contrario: la manipulación de la economía para obtener ventajas políticas. Su objetivo es «construir una coalición que domine el gobierno», como sucedía en la España de la Restauración, donde liberales y conservadores se turnaban ordenadamente en el poder gracias a una red de caciques locales que usaba sin recato los recursos públicos para dar y quitar prebendas y orientar el voto de la población.

Hamilton contra Jefferson

Impedir esta degradación de la democracia fue una obsesión desde el mismo nacimiento de Estados Unidos. En 1790, cuando el secretario del Tesoro Alexander Hamilton llevó al Congreso la creación del Primer Banco de los Estados Unidos con el propósito de sufragar la reconstrucción mediante la emisión de bonos, Thomas Jefferson alertó de que facilitaría el secuestro del Estado por industriales y financieros. Estos eran, en efecto, quienes estaban en disposición de conceder préstamos y, en su condición de acreedores, obligarían a alinear la dirección de la república con sus intereses, en perjuicio de los agricultores, que constituían la columna vertebral de la nación.

Los representantes de Virginia también denunciaron que la propuesta de Hamilton guardaba «una llamativa similitud con el mecanismo que se había introducido en Inglaterra» y que había otorgado a Su Graciosa Majestad una influencia que permeaba todo el sistema y acallaba cualquier oposición. Tanto los tenedores de la deuda como quienes se habían enriquecido gracias a una concesión real tenían el mayor interés en preservar el statu quo y se habían organizado en un partido que controlaba la Cámara de los Comunes.

«Usted emita bonos y déjeme hacer»

Hamilton sacó adelante de todos modos su proyecto y, gracias a la liquidez que proporcionó la venta de bonos, Estados Unidos experimentó un rápido auge. En las décadas siguientes se excavaron canales, se tendieron vías férreas y se levantaron puentes y, aunque la bonanza alcanzó a la mayoría de los ciudadanos, no tardó en comprobarse que, tal y como Jefferson había advertido, el nivel de apalancamiento se acomodaba más a los intereses de los banqueros y su insaciable sed de rentabilidad que a la prudencia que debe presidir el buen gobierno de la república.

Muchos estados estaban tan apalancados que en 1837, cuando el Banco de Inglaterra subió los tipos, se encontraron en serias dificultades para afrontar los pagos. «Sufrieron», cuenta Wallis, «una crisis de la deuda similar a las de Rusia, Asia y Latinoamérica en la década de 1990», y en 1842 «ocho de ellos y el territorio de Florida se declaraban en quiebra».

En la mayoría de los casos, las comisiones parlamentarias encargadas de depurar responsabilidades no encontraron nada punible. Los gobernadores habían actuado dentro de la ley, pero la falta de transparencia y controles los había dejado solos ante unos lobistas que les habían hecho un razonamiento imbatible. «Usted quiere lo mejor para sus administrados, ¿no? Pues emita bonos y déjeme hacer».

Para impedir que algo así volviera a repetirse, el Congreso acordó que en lo sucesivo nadie se beneficiase de una concesión pública si no era mediante una ley debatida con luz y taquígrafos.

«Están ustedes en ello…»

Las redes clientelares son una amenaza permanente en cualquier democracia y, para evitar que se materialicen, hay que suprimir las zonas opacas y la discrecionalidad y ser implacables con quienes las amparan y facilitan (como Chaves y Griñán han hecho, según el Supremo).

No se trata únicamente de justicia, sino de eficiencia. Un país puede sobreponerse al daño que inflige la aparición ocasional de algún político golfo, pero jamás saldrá del atraso si las oportunidades de negocio se asignan en función de la amistad, la cercanía ideológica o los vínculos de parentesco.

«Estados Unidos dio el gran salto a partir de 1840», me contó Wallis cuando lo entrevisté en 2017 para Actualidad Económica. «Inglaterra lo consiguió más o menos por la misma época, pero Francia no lo hizo hasta 1880 y Alemania debió esperar al final de la Segunda Guerra Mundial».

«¿Y España?», aproveché para preguntarle.

Esbozó una sonrisa ambigua y desvió unos instantes la mirada.

«Bueno», respondió al fin, «están ustedes en ello…»