La patronal de electrodomésticos se une a la guerra del comercio contra el plan energético
El pequeño comercio pide ayuda al Gobierno para sufragar las inversiones extra que exige la nueva normativa y más equilibrio entre eficiencia y economía
La patronal de electrodomésticos se une a la guerra de los comerciantes contra el decreto energético del Gobierno, como han trasladado a THE OBJECTIVE desde la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), que integra a 5.500 tiendas, agrupa a 16 asociaciones autonómicas y sostiene 35.000 empleos.
En línea con las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en las que la dirigente comunitaria instó a mejorar la eficiencia energética a través de la mejora tecnológica, los comerciantes de electrodomésticos se han adherido a la propuesta de la Confederación Española de Comercio (CEC) para que se revise el Real Decreto Ley 14/2022 del 1 de agosto de modo que el plan energético de ahorro del Gobierno se ajuste a las particularidades del sector del comercio de proximidad.
El secretario general de FECE, Alfredo Gosálvez, en declaraciones a THE OBJECTIVE, lamenta que «no se nos hayan consultado estas medidas ni se nos haya invitado a una negociación en el plan, dada la importancia que tiene nuestro sector de electrodomésticos en el pequeño comercio en nuestro país».
Echa de menos Gosálvez que no se produjese una interlocución previa con el sector como sí se hace a la hora de adoptarse por parte del Gobierno otras medidas de envergadura tal como el plan energético que marca las temperaturas y condiciones físicas que las tiendas tendrán que incorporar.
Sobrecostes y más inversiones
Señala, además, que «para adecuar debidamente los umbrales de temperatura durante el desarrollo de la actividad comercial hay que tener en cuenta las características particulares del local de venta o del lugar de trabajo y del clima de la zona en la que esté ubicado».
Pide también el dirigente de FECE que «el Gobierno ayude a afrontar los gastos para la adaptación de las puertas de acceso y las revisiones extraordinarias de la eficiencia energética de los locales. «Los pequeños comercios, especialmente los rurales, no pueden realizar inversiones extras, imprevistas y en el corto plazo, como ahora se exige, porque no cuentan con los recursos y financiación de las grandes empresas y porque trabajan con márgenes muy estrechos», aduce.
A ello hay que añadir, como remarcan los representantes del sector a este diario, «el lastre que arrastran los pequeños comerciantes a raíz del aumento del coste de la energía y de la inflación», en máximos inéditos desde 1.984 (10,8%) «y el ineludible deber de pagar las nóminas puntualmente a sus empleados para poder proseguir con la actividad y generar ingresos», unido todo ello a los sobrecostes que nuevas inversiones de adaptación puedan suponer para el comercio.
En definitiva, «este esfuerzo para la eficiencia energética tiene que contar con el apoyo financiero del Estado, como se ha hecho en otros casos con la industria», zanjan los portavoces de FECE a este diario.
«También nos parece acertada la propuesta de la CEC de que las organizaciones empresariales negocien con las comunidades autónomas la implantación de las medidas concretas para cada territorio, teniendo en cuenta las circunstancias de los
sectores y la normativa laboral».
Más diálogo
Por todo ello, FECE se une a las demandas de la CEC de un mayor diálogo entre sector privado y Administraciones Públicas para mantener un equilibrio entre eficiencia y economía. No en vano, las pymes y micropymes del comercio representan la principal actividad de la economía local española, fundamental en esta etapa de recuperación.
La demanda de la patronal de electrodomésticos en pro de la eficiencia energética y en detrimento de aumentar las cargas de los pequeños empresarios está avalada por datos de los útiles más habituales en las viviendas y pymes. Una lavadora de bajo consumo puede generar un ahorro de 75 euros al año -explican-; un lavavajillas, de más de 80 euros.
La acumulación de esos ahorros en distintos aparatos puede rebajar la factura energética de familias y empresas en un 30%, según cálculos del sector que reclama un trabajo en esta dirección desde las Administraciones Públicas en vez de más trabas para la actividad cotidiana del negocio.