El sector de la vivienda advierte: se van a desperdiciar 3.400 millones de fondos UE
El importe de la subvención para rehabilitación energética es del 40% del coste de la actuación con un límite de 3.000 euros por vivienda
Edificio de viviendas en Madrid | The Objective
La patronal de la reforma y rehabilitación de viviendas, Andimac, manda un mensaje de advertencia. Considera que en España no existe una cultura de inversión en la mejora cualitativa del parque edificado y advierte del riesgo de que se desperdicien más de 3.400 millones de euros disponibles para rehabilitación energética con cargo a los fondos europeos.
El programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, incluido en la inversión 1 del componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), pretende impulsar la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrio. La distribución de los fondos Next Generation EU entre los beneficiarios finales se canalizará a través de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que repartirán los recursos en proporción al número de hogares de cada región.
En conversación con THE OBJECTIVE, el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, señala que este tipo de ayudas requieren de pedagogía, al tiempo que aboga por un «producto claro» de comunicar y un «modelo fácil» para los usuarios.
«Dividir una oportunidad en 17 unidades diferentes dificulta esta labor. Veníamos pidiendo que de forma excepcional se integraran las competencias de las comunidades autónomas en un modelo nacional que fuera más competitivo para el ámbito de la rehabilitación energética», apunta. La petición de Molinero es igual que la de la industria de la automoción con el plan de ayudas a la compra de coches eléctricos, el Moves III.
Solo para viviendas habituales y permanentes
En este sentido, y con el objetivo de que estos más de 3.000 millones no queden en el olvido, el sector aboga por la puesta en marcha de un sistema de indicadores centralizado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con «el compromiso leal de las comunidades autónomas para ofrecerlos». «La ausencia de información en un mercado que es totalmente novedoso y que está tan desvertebrado no ayudará al éxito», subraya Molinero.
Las ayudas van dirigidas principalmente a propietarios, usufructuarios y arrendatarios de viviendas. Solo se financiarán las actuaciones que se realicen en los domicilios habituales y permanentes, lo que podrá acreditarse mediante certificación o volante de empadronamiento. El importe de la subvención será del 40% del coste de la actuación con un límite de 3.000 euros por vivienda, mientras que el coste mínimo de cada actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros hogar.
El programa financiará actuaciones que consigan una reducción de al menos el 7% de la demanda energética de calefacción y refrigeración, rebajar el consumo de energía primaria no renovable un 30% o la sustitución de elementos constructivos de la fachada (envolvente térmica), como el cambio de ventanas. Para acreditar la reducción del consumo, un experto tiene que expedir un certificado energético de la vivienda o del edificio antes y después de la actuación.
Según el documento elaborado por el Ejecutivo, la vía más efectiva para alcanzar los umbrales exigidos en el marco del PRTR es actuar sobre la envolvente del edificio, colocando aislamiento tanto en fachadas como en cubiertas, y sustituir las carpinterías por otras con rotura de puente térmico para evitar que el frio ‘se cuele’ por las ventanas.
El plazo para ejecutar las obras no podrá exceder de doce meses, contando desde la fecha de concesión de la ayuda. En cualquier caso, las actuaciones objeto de financiación deberán estar finalizadas antes del día 30 de junio de 2026. «Es una oportunidad única para el país, para las empresas (en especial pymes y pequeñas) y para la ciudadanía, porque quienes tengan la visión de aprovecharlas habrán aprovechado un tren que no volverá a pasar. Y esto es totalmente cierto, por lo que no aprovechar estas ayudas será, simplemente, un fracaso como país», indica Molinero.
Asimismo, el secretario general de Andimac avisa de que otro «riesgo relevante» que presenta el plan es que las subvenciones se están valorando en base a unos índices de precios que ya no son los de 2019, año de referencia. Por tanto, incide en que haría falta una revisión en virtud de los precios actuales con la inflación disparada.
A través del programa se prevé alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026. En total, se espera ejecutar 510.000 actuaciones de rehabilitación durante todo el periodo de aplicación del PRTR, lo que implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año. En 2019 se rehabilitaron algo más de 31.100 hogares y, aunque supone un 10% más que en 2018, el objetivo del Gobierno es multiplicar la actividad por diez de aquí a 2030, llegando a las 300.000 viviendas al año.
Ayudas al autoconsumo
En la actualidad, también existen ayudas enfocadas al autoconsumo eléctrico. Estas se articulan a través de seis programas que se dirigen tanto a los diferentes sectores económicos (servicios y resto de sectores productivos) como a residencial, sector público y tercer sector. Hay dotación inicial de 660 millones de euros, ampliables hasta 1.320 millones, que se regionalizan a través de las comunidades y ciudades autónomas por todo el territorio nacional hasta 2023.
Desde el Gobierno destacan que el autoconsumo es una alternativa más ventajosa económicamente que el suministro procedente de la red, puesto que disminuye directamente el término variable de la factura eléctrica. Así, incitan a los usuarios a que consuman su propia energía a través de placas solares, sistemas eólicos o hidroeléctricos.
En la misma línea, la Unión Europea (UE) está decidida a impulsar el mercado del autoconsumo energético mediante subvenciones públicas y medidas fiscales, como con un IVA reducido a las placas solares. A finales del año pasado, la UE planteó un IVA que se sitúe entre un 0 y 5% para paneles solares de uso residencial y en edificios públicos con el fin de acelerar la transición energética y reducir las emisiones de CO2.
