El nuevo catastro eleva un 17% la tributación por compraventa de viviendas usadas

El nuevo valor de referencia catastral, que entró en vigor el 1 de enero de este año, y sobre el que ha de girar desde entonces la tributación de las compraventas de viviendas encarece estas operaciones en hasta un 17% en el caso de la segunda mano, según un informe de Marín & Mateo Abogados al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Así lo ha detectado la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), tras estudiar el impacto del cambio al nuevo valor de referencia en su primer semestre de vigencia.

Las tasaciones realizadas a partir de esta referencia están siendo más elevadas y, explican desde Marín y Mateo, «perjudiciales para los intereses y libertades de los ciudadanos».

Tributos cedidos

La subida de la tributación afecta al Impuesto de Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones y a las figuras de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cedidos a las comunidades autónomas.

Antes, al comprar una vivienda, los impuestos se abonaban en función del precio pactado, pero ahora hay que pagarlos en función de un precio estipulado por la Dirección General del Catastro, obtenido a partir de análisis de precios de todas las compraventas que se realizan ante notarios, según los datos de cada propiedad que aparezca en el Catastro.

De este modo, la vivienda objeto de transacción se valora en función de parámetros como su localización o superficie, al margen de su estado o valor real de mercado. Sucede que si el precio pactado para la operación o el valor declarado de la casa es inferior al valor de referencia, se tomará este último.

Intervención del mercado

Como explica Abel Marín, socio de Marín y Mateo Abogados, «la introducción del nuevo valor de referencia del catastro ha supuesto un paso más en la vulneración de los derechos de los ciudadanos y un ataque directo a la libertad particular y a la economía de mercado. Cada día el Estado interviene más y más en la economía», zanja el abogado.

Al ser calculados los impuestos a partir de precios de transacciones de inmuebles que vienen dadas por notarios y registradores, explican desde el despacho, «no se ajusta a los parámetros reales de mercado», y deja de ser necesario visitar la vivienda presencialmente para comprobar el estado de una reforma o los materiales empleados en la construcción del inmueble.

Invierte la carga de la prueba

Señala además el abogado que los contribuyentes ven revertida la carga de la prueba siendo ellos los que hayan de evidenciar que el valor de referencia del catastro no se corresponde con el valor real de mercado de la vivienda respectiva.

Esto preocupa más en un contexto en el que la inflación está en máximos y están subiendo los tipos de interés y el euribor, algo que históricamente ha provocado una contracción de las compraventas inmobiliarias y una caída de sus precios.

Como explica Abel Marín a este periódico, se impone una base imponible, se vulneran derechos de los contribuyentes, y la nueva situación supone la toma en consideración de unos valores distorsionadores de la realidad.

Se comunica a la cadena impositiva

Además, añade Marín, aunque esta situación afecta desde 1 de enero de este año a impuestos cedidos a las autonomías, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, finalmente se traslada a toda la cadena contributiva del afectado, a su IRPF o a Sociedades, según el caso, al haber tenido que claudicar ante una base imponible en ocasiones mayor por mero mandato legal.

El valor de referencia catastral se establece cada año aplicando unos módulos de valores medios, basados en todas las compraventas de inmuebles realizadas ante notario o inscritas en el Registro de la Propiedad, explica idealista.com. Para conocer los precios medios, hay que acceder a la web del Catastro y después a los mapas de valores urbanos, con los códigos, referencias o ubicación del inmueble que será objeto de la operación.