El acuerdo para realizar la serie sobre Pedro Sánchez podría incurrir en fraude de ley
El pacto establece el pago de una remuneración, lo que transformaría el «convenio de colaboración» en un «contrato administrativo»
El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. | Agencias
El acuerdo firmado por la Secretaría de Estado de Comunicación con las productoras Secuoya y The Pool para colaborar en la serie documental que retratará el día a día de Pedro Sánchez podría incurrir en fraude de ley. Juristas consultados por THE OBJECTIVE confirman que el proceso mediante el cual se acordaron las condiciones de colaboración presenta indicios de ser «nulo de pleno derecho por ser un negocio simulado». Una situación que también denuncia Edmundo Bal, portavoz nacional de Ciudadanos, diputado y abogado del Estado.
La publicación del pasado 10 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las condiciones del pacto indican que se ha establecido un «convenio de colaboración». En términos públicos esto supone que una entidad privada (las productoras) se interesa por realizar una actividad (la serie) y el Estado decide que tiene interés general.
Por ello, opta por facilitarles su realización cediendo los derechos de explotación de la propiedad intelectual de las instituciones públicas, funcionarios y miembros del Gobierno, incluyendo al presidente Sánchez. El convenio fue firmado entre el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, el apoderado de Secuoya Contenidos, Eduardo Escorial y el apoderado de The Pool, Alfonso Mardones.
«Contrato administrativo»
La diferencia -y es lo que advierten los juristas- es que este pacto establece una remuneración. Las productoras deben abonar un porcentaje de sus beneficios a cambio de la cesión de los derechos de explotación de propiedad intelectual, una situación que transformaría el «convenio de colaboración» en un «contrato administrativo» . «Una vez que los productores hayan recuperado su aportación, y, en consecuencia, estos hayan empezado a obtener beneficios de la explotación del documental, tendrán el deber de ceder el porcentaje descrito a continuación de los ingresos netos por ellos obtenidos como consecuencia de la explotación documental», dice el acuerdo.
Es así como se establece que las productoras deberán ceder un 20% de los ingresos netos de la explotación del documental de Pedro Sánchez durante cuatro años, el tiempo de la duración del convenio firmado. «Dichos ingresos netos son aquellos que se devenguen a favor de los productores una vez liquidado el presupuesto total de ejecución del documental y recuperada la inversión llevada a cabo para su producción por los productores».
El Gobierno ha advertido que este porcentaje se destinará a organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones o asociaciones que se decidan próximamente. En este punto, Moncloa deja claro que no hay ánimo de lucro para el Gobierno, pero sí que existe una remuneración que se deriva del acuerdo, lo que da indicios para que el pacto se convierta en un «contrato administrativo», según las fuentes consultadas.
«Barniz de legalidad»
Estamos ante una anomalía ya que se ha firmado un convenio que realmente debería haberse tramitado como «contrato administrativo». Si se hubiese tramitado como contrato administrativo, el acuerdo tendría que haber seguido todos los procedimientos de contratación pública, con la respectiva publicidad y la posibilidad de que cualquier productora española se presentara libremente al proceso, dice Bal en conversación con este diario.
Este fraude de ley se consumaría al no existir concurrencia. La ley indica que ante un contrato público debe haber varias propuestas cumpliendo con el pliego de condiciones técnicas y económicas, dentro de las que la que el Estado debe elegir la más conveniente en cuanto a servicios y precio. Nada de esto se ha producido en este convenio, lo que, a juicio de Bal, ha dado pie para que se elijan «a dedo» productoras cercanas al Gobierno.
Pero, ¿por qué el Gobierno se arriesga a que este acuerdo se impugne publicándolo en el BOE? Las fuentes consultadas indican que el equipo de Presidencia ha errado el tiro intentando «dar un barniz de legalidad» al documental de Pedro Sánchez. Sin embargo, habrían incurrido en un fraude de ley intentando hacer pasar por convenio un pacto que tiene todas las características de un contrato, dicen los abogados consultados.
Audiencias de Pedro Sánchez
¿Puede ser impugnado este convenio? Las fuentes consultadas indican que cualquier productora o empresa audiovisual que lo impugnase tendría todas las de ganar y podría obligar forzar al Gobierno a realizar una adjudicación pública del acuerdo de colaboración. El problema es que solo lo podría hacer una empresa dispuesta a presentarse a esta contratación pública y no un ciudadano cualquiera, ni un grupo político, ni asociación.
Este diario publicó el lunes que Secuoya y The Pool están teniendo serios problemas para encontrar una ventana de emisión para la serie de Pedro Sánchez después de llevar varias semanas comercializándola. A día de hoy el proyecto bautizado como Las cuatro estaciones no tiene televisión, pese a los diversos contactos que se han sostenido con televisiones privadas y plataformas en streaming.
Las fuentes consultadas indican que las cadenas no quieren arriesgarse con un producto al que no le ven rentabilidad comercial y sí muchos riesgos políticos. En el primero de los casos, en las cadenas consideran que Sánchez es un producto televisivo amortizado y así lo demostró su última aparición en La 1 con un share del 6,7% y apenas 900.000 espectadores.
El rodaje de la serie será dirigido por Curro Sánchez Varela, ganador de un Goya e hijo de Paco de Lucía, y se inspira en «la presencia en el mercado de trabajos documentales» de características similares que han tenido «una importante acogida». Comenzó a grabarse en febrero, días después de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde esa fecha las cámaras de Secuoya y The Pool han acompañado a Sánchez en eventos como su viaje a Ucrania en plena guerra o la fallida inauguración del AVE a Extremadura.
Secuoya y The Pool
Secuoya fue fundada por Raúl Berdonés, directivo que ha sido históricamente un directivo del mundo audiovisual ligado al Partido Popular (PP) y cercano a la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, aunque en el sector se reconocen sus esfuerzos en los últimos años por acercarse al PSOE y al entorno del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
La serie se realizará por Secuoya Studios, un spin off societario de Secuoya Grupo de Comunicación lanzado en enero de 2021 por Berdonés para potenciar una factoría de contenido de ficción para plataformas, productores, operadores y broadcasters de Estados Unidos, Latinoamérica y España. La productora está dirigida por James Costos, el que fuera embajador de Estados Unidos en España durante la etapa del presidente Barack Obama e icono del progresismo en nuestro país.
En cuanto a The Pool, la productora está relacionada con exsocios históricos de Globomedia. Andrés Varela -socio del grupo Prisa- participa a través de su sociedad MGVH 2000 y Écija Holdings and Investments también está representada en el consejo de administración. Esta última es propiedad de Hugo Écija, hermano de Daniel Écija.
Junto con José Miguel Contreras y Emilio Aragón, Antonio Varela y Daniel Écija fundaron en 1995 el grupo que posteriormente vendieron a la Mediapro de Jaume Roures. Los cuatro han estado vinculados ideológicamente a proyectos progresistas y en el caso de Contreras tiene una importante cercanía con Pedro Sánchez y anteriormente con José Luis Rodríguez Zapatero. Este último les concedió en 2006 una licencia de TDT para emitir en abierto de la que nació La Sexta.
