The Objective
Publicidad
Economía

Repsol reclama por carta a Bruselas un cambio en su impuesto: «Resultaría confiscatorio»

Propone que para considerar lo que son beneficios extraordinarios se tome como referencia un periodo de cinco años que no incluya los de la pandemia

Repsol reclama por carta a Bruselas un cambio en su impuesto: «Resultaría confiscatorio»

Repsol se ha quejado por carta a la Comisión Europea (CE) sobre la «tasa solidaria» que se les impondrá a las empresas de petróleo, gas y carbón. Bruselas considera que se están beneficiando de los desorbitados precios de la energía y les impondrá una «contribución» del 33% sobre los ganancias que obtengan a partir de este año y que se sitúen un 20% por encima de la media de los tres últimos años fiscales o después de enero de 2019. 

En este sentido, la mayor petrolera española considera que para determinar cuáles son los beneficios excesivos que se han generado el ejercicio actual a causa de la invasión rusa, «no se deben comparar con los obtenidos en los años de la crisis covid-19 (2020 y 2021)». Alega en la misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que durante estos años las empresas de refino europeas sufrieron «importantes pérdidas y caídas extraordinarias de resultados».

Repsol registró unas pérdidas de más de 7.000 millones de euros entre 2019 y 2020, frente a unas ganancias de 2.499 millones en 2021. En el primer semestre de este año, la mayor petrolera del país se ha anotado unas ganancias neta de 2.539 millones de euros, su mejor resultado semestral tras superar los 2.117 millones del mismo periodo de 2008. Los analistas del Banco Sabadell estiman un impacto de 1.082 millones de euros por la «tasa solidaria».

Por su parte, el margen de refino de Repsol se incrementó en 3,4 veces en el segundo trimestre del año frente al primero, pasando de 6,8 dólares por barril a 23,3 dólares, según cifras facilitadas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pinche en la imagen para leer el documento completo.

«Establecer como término comparativo la media de los años 2019 a 2021 implica considerar como ejercicios con un nivel ordinario de beneficios a dos de los tres peores años de la historia del refino europeo y mundial a consecuencia de la crisis de la covid-19. La comparativa con períodos donde existió un resultado mínimo o negativo es tanto como hacer que la práctica totalidad del resultado del año 2022 se considere beneficio extraordinario y se someta al gravamen extraordinario», argumenta la empresa presidida por Antonio Brufau.

En este sentido, propone que para hacer la comparativa se tome un período de cinco años que no incluya los ejericios de la pandemia, es decir, que el cómputo se haga desde 2015 hasta 2019. También opina que ganar un 20% más en comparación con la media de los tres años anteriores no es un beneficio excesivo o extraordinario. «Hay que elevar ese buffer», apunta en la misiva.

«Considerar como beneficios excesivos (surplus) todos los que supongan un incremento del 20% resulta injustificado y desproporcionado. Hay que tener en cuenta el contexto inflacionario en 2022 y, desde luego, una referencia tan baja no es coherente con la evolución de los beneficios que han experimentado en los últimos años muchos sectores respecto de los que no se propone una contribución de solidaridad», añade.

Repsol plantea que se eleve al 35% el aumento de beneficios que se consideran no excesivos y que, por consiguiente, no se gravarán. La petrolera, que también ha cargado contra el impuesto energético que plantea el Gobierno español, señala que las empresas europeas ya están gravadas con el Impuesto sobre Sociedades, «con unos tipos relativamente elevados en comparativa internacional (en España el 25%)». «Añadir a la industria del refino un gravamen del 33%, supone alcanzar una carga fiscal nunca vista en el pasado y que, conforme a algunas Constituciones europeas, resultaría confiscatoria», manifiesta en el documento.

Asimismo, destaca que este «inusitadamente alto gravamen» impediría sector del refino continuar con su proceso de transformación para adaptarse a las exigencias de la transición energética y de la descarbonización de la economía, «poniendo en riesgo los actuales niveles de empleo».

En la última década se han cerrado 24 refinerías en la Unión Europea (UE), lo que supone más del 10% de la capacidad del continente, principalmente por el entorno de poca rentabilidad que ha existido en el sector en Europa, mientras que el consumo de gasolina, diésel y queroseno ha aumentado un 1,3%. Un estudio de Freemarket pone de manifiesto que la consecuencia del shock de oferta y de que Europa «no haya hecho los deberes en refino» hace que los precios de referencia mundiales hayan aumentado significativamente.

Inversiones deducibles

Por su parte, en el territorio nacional, los operadores del sistema de refino (Repsol, Cepsa y BP) han invertido más de 7.000 millones de euros y han aumentado su capacidad un 16% desde 2009. Repsol aboga así por una segmentación de tipos de gravamen, de tal manera que el tipo del 33% se reserve a la actividad de extracción de hidrocarburos y al refino se le aplique un 10%. También sugiere que las inversiones realizadas en el año o comprometidas para los tres siguientes sean deducibles en la base de este gravamen.

La compañía que dirige Josu Jon Imaz pide a Bruselas que aclare si el nuevo impuesto aplicará o no a los establecimientos permanentes de compañías europeas que estén situados fuera del territorio de la UE. «Esta situación es habitual que se dé en las actividades de extracción de hidrocarburos y es claro que, en ese caso, la potestad de gravar los beneficios (incluso mediante windfall profits taxes) corresponde al Estado donde se desarrolla la actividad y cuyos recursos naturales se explotan», sentencia en el documento de posición (position paper).

España. En un principio, el impuesto a las grandes energéticas planteado por el Gobierno, que ya ha sido avalado en el Congreso de los Diputados, planteaba un tipo del 1,2% sobre las ventas totales de las empresas del sector que facturen más de 1.000 millones de euros al año. La compañías tendrían que abonarlo, de manera obligatoria, entre el 1 de enero de 2023 y de 2024. Sin embargo, tras conocerse la «tasa solidaria» que impondrá la Comisión, el Ejecutivo ha dicho que el nuevo gravamen «se ajustará» a la figura que se adopte finalmente en Europa.

Envía el primer comentario
También te puede interesar
Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D