La subida del gasto social en 2023 rebasará en 7.634 millones a la de los ingresos tributarios
El gasto social avanzaría a un ritmo 3,3 puntos porcentuales más veloz que la recaudación fiscal que lo financia
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado este martes en Consejo de Ministros por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de prosperar en las Cortes tal cual prevé el Ejecutivo, incorporará un gasto social récord de 266.719 millones de euros, cuyo montante implica un crecimiento de esta partida a mayor ritmo que el proyectado para los ingresos tributarios.
Esa cifra de gasto social supone un aumento del 11% frente al del anterior Presupuesto del Gobierno de la coalición del PSOE y Unidas Podemos, que se concretaría -según sus proyecciones- en un alza de 26.344 millones en partidas relativas a Educación, Sanidad, Dependencia y becas, entre otras.
Mientas, el Gobierno prevé que los ingresos tributarios se eleven un 7,7% el año que viene, lo que supone que pasen de 262.781 millones a 244.072 millones de euros. De este modo, la subida de los ingresos tributarios, en volumen, se concretaría en 18.710 millones.
En consecuencia, el Gobierno afronta un alza del gasto social 7.634 millones mayor a la subida de los ingresos tributarios prevista para 2023. De este modo, el gasto social avanzaría a un ritmo 3,3 puntos porcentuales más veloz que la recaudación fiscal que lo financia. Y todo ello, pese a una reforma fiscal que prevé elevar los ingresos del Fisco en 3.144 millones de euros.
Mientras, los ingresos no financieros totales (tributarios y no tributarios) según las previsiones del Gobierno subirán un 6%, en 17.442 millones, lo que ensancharía más la brecha entre el alza del gasto social y la subida de los ingresos, especialmente la brecha en términos estructurales, explica el economista Javier Santacruz a THE OBJECTIVE.
Esto sucede cuando España mantiene un montante récord de deuda pública, de 1,47 billones de euros, aunque en porcentaje de PIB se ha atemperado al 116,1%. El Gobierno, no obstante -y pese a subidas del gasto superiores a las de la recaudación- cree que podrá reconducir a medio plazo el pasivo de las Administraciones Públicas al 110% del PIB en 2025, según vaticinó este martes la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño.
Además, existe otra presión sobre las Cuentas Públicas que es el gasto en pensiones. El Gobierno se compromete a subir las pagas con el IPC medio de los doce meses comprendidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, que calcula rondará el 8,5%. Ello implica que también la partida de pensiones subirá a mayor ritmo que el total de ingresos no financieros (+6%) y que los ingresos tributarios (+7,7%), con la salvedad de que el alza de gasto en pensiones se consolida en esa partida presupuestaria.
El Presupuesto hace recaer todo el esfuerzo sobre el sector privado
Según Calviño y Montero la mejora del empleo y el récord de casi 21 millones de cotizantes que proyecta el Gobierno haría posible sufragar las pensiones sin comprometer el desequilibrio del Sistema a medio plazo. Pero expertos consultados desmienten esta teoría.
Así se pronuncia el profesor del Centro de Estudios Financieros (CEF) Juan Fernando Robles. A juicio del experto en Finanzas, a expansión del gasto y las transferencias de renta del presupuesto lo hacen inflacionista y contrario a lo indicado sobre la colaboración de la política fiscal con la política monetaria. El Presupuesto proyectado para 2023, a su juicio, hace recaer todo el esfuerzo sobre el sector privado, lo que se pagará en aumento del desempleo y pérdida de bienestar.
Por otra parte, Santacruz llama la atención sobre el hecho de que el crecimiento del gasto no financiero proyectado para 2023 (7,6%) sea superior al del PIB nominal, del 5,9% -sumatorio del alza del PIB prevista del 2,1% y el deflactor, del 3,8%-. Advierte Santacruz de que estos Presupuestos presentados el martes en Consejo de Ministros profundizan en el problema de la sostenibilidad del déficit público a largo plazo, ya que hace crecer el gasto no financiero por encima del PIB nominal en 2023, en contra de las reglas de prudencia y de las que se han aplicado en los últimos años -regla de gasto- en las Administraciones locales y regionales.