Los funcionarios interinos recurren al Defensor del pueblo europeo para reclamar sus derechos
España incumple desde hace dos décadas una directiva europea contra la temporalidad de los trabajadores de las Administraciones Públicas
Bandera de la Unión Europea. | Europa Press.
Los funcionarios interinos que padecen concatenación de contratos sucesivos en el empleo público han acudido al defensor del pueblo de la Unión Europea (UE) para reclamar los derechos que les confiere la directiva europea 1999/70/CE, que España incumple desde hace más de dos décadas, y apremiar una actuación por parte de las instituciones europeas.
La ley española 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público que regula la situación de estos empleados públicos temporales, explican los afectados, sigue contraviniendo la directiva europea «porque restringe los derechos de los empleados públicos temporales, dejándoles en completa indefensión y desprotegidos, al no tener derecho ni a indemnización por cese ni a la compensación por no superar el proceso selectivo», explican desde la asociación de Empleados Públicos en Abuso (EPA).
El colectivo de empleados de las distintas Administraciones Públicas, afectados por esta situación supera los dos millones, y el 70% son mujeres, según cálculos de EPA a partir de estadísticas oficiales y comprobaciones propias, ya que no todos figuran en los registros públicos. No obstante, la cifra total no se puede conocer ya que existen una serie de plazas denominadas De Cupo, ocupadas por empleados públicos temporales que no figuran en ningún registro oficial, explica Rodríguez Fariña.
Estos más de dos millones de funcionarios afectados están oficialmente en situación de interinidad laboral, pero su realidad es que muchos trabajan de forma continuada desde hace más de dos o de tres décadas, enfrentándose reiteradamente a la incógnita sobre su permanencia o no en el puesto.
Temporalidad indefinida
La directiva europea obliga a que la situación de estos interinos se revise pasados tres años de desempeño e impide que se concatenen contratos temporales indefinidamente, atendiendo Bruselas a que la modalidad de contrato se avenga a la naturaleza de fondo de la relación laboral, que ha devenido en indefinida. El colectivo afectado tiene, de facto, carácter permanente en la nómina pública, pero sus condiciones son las de un trabajador temporal a efectos, por ejemplo, de la eventual indemnización al ser separados de su puesto.
La directiva europea sí se cumple en el sector privado, explican, pero no se está respetando en el caso de las Administraciones. Así lo ha denunciado la asociación EPA, que preside Concepción Rodríguez Fariña, a través del despacho Navas & Cusí ante Bruselas.
Rodríguez Fariña explica a THE OBJECTIVE que desde 2013 la Comisión Europea sigue enviando misivas informativas al respecto, pero la presidenta de EPA echa de menos algún pronunciamiento público que brinde una justificación al hecho de que después de casi 20 años desde la entrada en vigor de la directiva 1999/70/CE y después de diez años desde la interposición primera de queja colectiva de este grupo de trabajadores aún no se haya revertido el incumplimiento que menoscaba derechos laborales que confiere la normativa europea.
Demora en la respuesta
Al considerar la demora que en este particular se está produciendo -que deja en limbo laboral a más de dos millones de empleados interinos- relativa a la denuncia múltiples sobre el abuso de la temporalidad en el sector público español, a 26 de julio de 2021, de conformidad con el derecho de petición recogido en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso presentó, a través del citado bufete, una solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, poniendo en su conocimiento las infracciones cometidas por el Reino de España.
El contenido de la petición fue ampliado el 6 de septiembre de 2021, elevando el objeto de la solicitud a la consideración de que la reciente ley 20/2021 sigue vulnerando la directiva europea. Ambas peticiones fueron aprobadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha instado a la Comisión a abrir una investigación y a su cúpula a emitir un informe motivado pronunciándose sobre el reiterado incumplimiento de la directiva.
Por otra parte, desde la asociación se lamenta que este colectivo «no sólo encuentra una situación enquistada de uso y abuso de los contratos temporales en el sector público», sino que se percibe un abandono por parte de las organizaciones sindicales y organismos que deberían de velar y defender los derechos de los trabajadores.
Lucha por los derechos del trabajador
EPA solicita que, al amparo de la normativa europea, se ponga coto a su situación laboral «insostenible», se garanticen unos derechos equitativos en cuanto a su indemnización por cese y se brinde carta de naturaleza a su realidad de empleados indefinidos en los casos que ello proceda.
En tal sentido, se han interpuesto más de 10.000 demandas sobre el abuso de la temporalidad en el sector público español en juzgados de lo Social y lo Contencioso-Administrativo y se ha llegado a Bruselas con las peticiones del despacho Navas & Cusí que respresenta al colectivo.
Desde EPA, configurada como un sindicato europeo, para defender los derechos de los trabajadores se hace valer que su aspiración de ver cumplida la directiva europea y su lucha no es sólo una negociación «por parcelas» para defender a los empleados públicos que se encuentran en ese limbo laboral, sino para representar a todo trabajador que ve vulnerados sus derechos y en aras del cumplimento generalizado de la normativa europea.
