Los grandes despachos urgen al Gobierno a detallar ya el nuevo impuesto a los ricos
Los fiscalistas denuncian que el nuevo tributo provoca inseguridad jurídica, ataca la fiscalidad de Madrid y ahuyenta capital de España
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Europa Press
Los grandes despachos de fiscalistas y los expertos en Derecho Tributario trasladan a THE OBJECTIVE la inquietud que está generando el nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISGF). Esa nueva figura tributaria, que emana del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, ha suscitado un fuerte aumento de consultas entre los grandes despachos y asesorías fiscales. Y todos los consultados comentan a este periódico que les resulta necesario disponer ya de una esquema del impuesto para poder asesorar a sus clientes de rentas altas, dado el «revuelo» que ha causado no solo la aparición del nuevo tributo, sino la posterior revelación de que puede imponerse sobre el ejercicio 2022, maniatando la reacción de los contribuyentes potencialmente afectados.
El jurista y docente Miguel Pérez de Ayala comenta que las preguntas de los clientes suelen ser genéricas al desconocerse cómo se configurará el nuevo impuesto y la eventual dificultad de cambiar el patrimonio a otra jurisdicción fiscal al ser posible que haya que tributar por todo tu patrimonio si eres residente en España. Denuncia, además, que es un impuesto ideológico, de escasa virtualidad recaudatoria, cuya única finalidad es gravar los altos patrimonios en autonomías que tenían bonificado el Impuesto de Patrimonio (IP).
Incertidumbre para cliente y asesor
Insiste Pérez de Ayala en la inquietud y en la dificultad del asesor para responder sin conocer los extremos que fijará la norma. En este mismo sentido, el socio de Koanalabs Leopoldo Gandarias explica que «es desesperante no saber a qué atenerse», al darse la circunstancia de que los fiscalistas carecen de información sobre el borrador de la configuración del nuevo impuesto a tan solo dos meses, previsiblemente, de su entrada en vigor.
Explica Gandarias, en consonancia con el resto de entrevistados, que la fuerte subida de las consultas por el nuevo impuesto a los ‘ricos’ coexiste con una situación de total incertidumbre tanto para el cliente que pregunta como para el abogado que responde.
En este sentido se pronuncia el secretario general del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, Luis del Amo: «No conocemos este impuesto ni cómo funcionarán las deducciones y bonificaciones». Coinciden en esta experiencia los socios de Lacaci & Delgado Abogados, que refieren inseguridad jurídica e indefinición para el profesional a la hora de atender al cliente.
Coincide en este punto Emilio Pérez Pombo, del despacho Pérez Pombo, Abogados & Economistas, quien coincide en que se disparan las consultas sobre el nuevo tributo, ante las que los despachos tienen dificultad para dar concreciones debido a que carecen de las líneas maestras del texto normativo.
Impuesto similar a Patrimonio
La socia del Departamento Fiscal de Azsure Abogados, Bárbara Mambrilla, también refleja cómo los despachos están asistiendo «a ciegas» a esta subida de consultas, atisbando que el nuevo ISGF puede ser que tenga una estructura similar al Impuesto de Patrimonio pero que nadie lo sabe, ni los despachos obtienen información oficial para atender a sus clientes sobre una base cierta.
El coordinador del Grupo de Expertos en IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Pedreira, reclama también un documento normativo o un esquema para poder aconsejar sobre la toma de deicisiones a los contribuyentes afectados, y destaca otro denominador común que han resaltado absolutamente todos los fiscalistas consultados: se está creando inseguridad jurídica.
Añade Pedreira que hay temor a que el impuesto no tenga el despliegue normativo en una ley ordinaria, sino que se cuele como una disposición en cualquier otro texto normativo, sin dar tiempo a reaccionar. En este sentido el abogado y socio de Marín y Mateo Abogados, José Mateo, lamenta la dificultad que están encontrando los juristas y asesores para poder contestar a los clientes sobre sus consultas, máxime cuando parece que se aplicará sobre 2022 -cambiando las reglas de juego a mitad de la partida- y se dispone de escaso tiempo para reaccionar.
Inseguridad jurídica
Cuando hablan de «reaccionar» no se refieren los expertos en ningún caso a algún tipo de elusión fiscal ilegal, ni al fraude, sino al derecho que asiste a personas físicas y empresarios a diseñar su planificación financiero-fiscal en base a unas normas estables, y a repensar sus operaciones solitarias sobre un marco estable y no sobre la imperante inseguridad jurídica.
El presidente del los técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado, explica que una cosa son las consultas que se produzcan a despachos y otra la toma de decisiones, que esta conducta siempre se produce ante nuevas medidas, y que determinados contribuyentes y sus asesores están a la espera de conocer cómo se va a actuar respecto del patrimonio empresarial, concretamente en el caso de la empresa familiar.
Uno de los efectos clave del futuro impuesto es su eventual impacto sobre la salida de capital de España, la disminución del ahorro o la necesidad de hacer o deshacer posiciones solitarias sobre la indefinición de su futuro desarrollo normativo. En este punto, los socios de Lacaci & Delgado Abogados, Carlos Lacaci y Adriana Delgado, relatan a THE OBJECTIVE que no sólo existe el riesgo de que grandes patrimonios españoles se replanteen un cambio de domicilio fiscal.
Comentan desde Lacaci & Delgado Abogados que están teniendo consultas de personas de países iberoamericanos -como Perú y Colombia-, decididas a venir a España, que están deteniendo sus decisiones ante la inseguridad jurídica que aprecian y que puede acabar haciendo que fijen su destino en nuestro vecino Portugal o en otra economía de la Unión Europea.
Ataque a la Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía
También refieren todos los consultados, sin excepción, el «ataque» que consideran supone el nuevo tributo principalmente a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que -debido a la bonificación del Impuesto sobre Patrimonio- va a verse como una de las más afectadas por posibles cambios de rumbo de las altas rentas. Madrid es, junto a Galicia y Andalucía, una de las tres autonomías más afectadas por el nuevo tributo, el cual los asesores consultados consideran una suerte de castigo a la comunidades autónomas que lo tienen bonificado, especialmente la madrileña por el mayor arraigo en la bonificación y por tener un tejido productivo más numeroso.
En este sentido el socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, explica que la nueva medida tributaria «es un error, porque es evidente que no sólo pueden salir capitales de España, sino que la medida desanima a los inversores y a la atracción de otros capitales, máxime cuando cerca de nosotros hay países con otra consideración fiscal que ofrecen vías alternativas.
Fiscalidad favorable de Madrid
Además, y a la espera del nuevo tributo, Navas ensalza el modelo fiscal que ha logrado implantar la Comunidad de Madrid, posible gracias a tres factores: que la rebaja fiscal se ve acompañada de una merma de gasto público, que atrae a más contribuyentes de otros territorios naciones, y que la región tiene una menor economía sumergida al ser mucho menor la presión fiscal que soportan sus residentes.
De hecho, Navas recalca la bondad fiscal de Madrid que ahora trata de contrarrestar el nuevo impuesto, una fiscalidad favorable que procede tanto de los impuestos directos como de los indirectos.
«Nos encontramos un IRPF donde el tipo máximo es inferior al del resto de territorios nacionales, un Impuesto de Patrimonio bonificado al 99% y un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el que las herencias de padres o hijos están bonificadas también en un 99%».
Asimismo, concluye Navas, Madrid goza de uno de los menores tipos de todo el país en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se sitúa en el 6% de manera general, lo cual supone un ahorro -por ejemplo- respecto a Cataluña, que tiene un tipo aplicable del 10%.
Desde Azsure, Bárbara Mambrilla hace además algunas precisiones sobre la propaganda del tributo, denominado de forma popular «el impuesto a los ricos». Explica la socia del Departamento Fiscal del despacho que es muy importante encuadrar a quiénes serán sujeto pasivo de este impuesto: profesionales altamente cualificados y empresarios que crean compañías prósperas y generan empleo.
Incógnitas sobre las deducciones y bonificaciones
Tanto Gandarias como Lacaci y Mambrilla destacan la inseguridad jurídica que crea la incertidumbre sobre el nuevo tributo y, además, la litigiosad en la que puede desembocar su dudosa confección.
Todos los fiscalistas consultados indican que mientras no se sepa qué deducciones o bonificaciones llevará la nueva figura, o si se mantendrá el tope del 60% de tributación entre Renta y tributación patrimonial, como venía pasando con el IP y el IRPF, la toma de decisiones es imposible para el contribuyente y su asesor. Además, la nueva figura incurre en riesgo de ser confiscatoria en caso de no mantenerse el límite conjunto.
Por otra parte, advierten de la «retroactividad impropia», en palabras de Gandarias, si finalmente se hace girar el tributo sobre 2022 pasado octubre, ya que ha cercenado la posibilidad de replanificación fiscal de los agentes y, además, impide el cambio de residencia fiscal que marca el plazo de residir al menos la mitad más uno de los días del año a efectos del domicilio fiscal.
