El reparto del impuesto a grandes fortunas supondría 10 euros al mes para las rentas bajas

El impuesto temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas que ha creado el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, nace asociado a una recaudación prevista de 1.500 millones anuales entre contribuyentes con riqueza neta superior a los tres millones de euros.

Según el presidente de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, en declaraciones a THE OBJECTIVE, la evidencia empírica demuestra que las figuras que gravan los altos patrimonios tienen un escaso poder redistributivo y, en tal sentido, la consultora ha elaborado un informe al que ha tenido acceso este periódico, según el cual el reparto de la recaudación total prevista con la nueva figura -de redistribuirse en su totalidad sobre las rentas inferiores a 21.000 euros anuales de renta, supondría un montante de prácticamente 10 euros por persona física al mes, concretamente 9,9 euros.

Si además de repartirse la recaudación total estimada del nuevo gravamen de Solidaridad de las Grandes Fortunas se asignara a las rentas inferiores a los 21.000 euros anuales la suma de esa recaudación con la derivada del alza impositiva a la rentas de capital, según el modelo elaborado por la consultora, cada contribuyente de ese tramo tocaría a 11,3 euros al mes.

Bajo poder redistributivo

En caso de repartirse la recaudación total, en otro supuesto del estudio de Freemarket, sobre las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, las cifras mensuales que corresponderían a cada contribuyente de este tramo más bajo de renta sería de 12,3 euros con la redistribución del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas y de 14 euros al mes si se les asignase a estas rentas la reanudación de grandes fortunas y la sobretributación de rentas de capital.

Ello, explica el informe, sin tener en cuenta los gastos burocráticos y de gestión que suelen tener un impacto significativo en la recaudación neta del impuesto, explica el estudio de Freemarket, que recuerda que impuestos similares se han retirado en otros países en el pasado por los altos costes que acarreaban y reducían la potencia recaudadora neta del impuesto.

El modelo numérico demuestra, a juicio de Bernaldo de Quirós, que los segmentos más vulnerables de la población no experimentarían una mejora sustancial de su posición financiera, que perjudica a los más ricos sin beneficiar a las rentas más exiguas, generando además un poderoso incentivo para la fuga de capital financiero y humano.

Huida de capitales y deslocalización

Ello porque no sólo ahuyenta a fortunas a países como Portugal, Andorra o Grecia, sino porque alienta las deslocalizaciones de empleo. Los afectados por este gravamen, rentas de elevada movilidad fiscal, explica el informe «no asistirán impasibles a una progresiva apropiación de sus ahorros, y -como se han constatado con figuras tributarias similares- se desplazan a entornos fiscales en los que existe una imposición más favorable al capital.

Así ocurrió en Francia con el Impuesto de Solidaridad de las Fortunas (2002) introducido por Françoise Hollande y eliminado por el Gobierno de Emmanuel Macron, que provocó -explica Bernaldo de Quirós- una masiva salida de capitales y de personas, unida a pérdida de empleo y una caída neta de los ingresos fiscales.

Según Freemarket, el paquete de medidas fiscales planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez «no reduce la fiscalidad que recae sobre las clases medias, penaliza a las rentas altas sin efecto positivo sobre la distribución de la renta y castiga el crecimiento de la economía en el medio y largo plazo».

De hecho, según el modelo de Freemarket, un impuesto como el de Solidaridad español puede tener una incidencia negativa en el PIB de entre 0,5 y 2,5 puntos, y de entre 1,25 y 5,85 puntos sobre el stock de capital, «al gravar de nuevo activos que ya lo han sido».

Medida contraria a la tendencia dominante

Por otra parte, el estudio de Freemarket explica que esta figura arbitrada por el Gobierno de coalición es contraria a la tendencia dominante en el grueso de las economías desarrolladas, que han eliminado la fiscalidad sobre la riqueza en las últimas décadas, amén de invadir -en el caso español- competencias autonómicas, con el objetivo de armonizar la tributación de la riqueza de manera irregular tras el plante de varias autonomías al Impuesto de Patrimonio. «Se trata de impedir que las comunidades autónomas puedan emplear las facultades que les otorga la ley para suprimir la tributación patrimonial», concluye el presidente de la consultora.

Añade el estudio Un Paquete Fiscal Injusto, Insolidario y Lesivo para la Economía que la mitad de las grandes potencias económicas del mundo agrupadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nunca han tenido un gravamen a la riqueza neta y que 13 países lo abolieron en las últimas tres décadas.

Sobre los países que mantienen tributos a las grandes fortunas -Suiza, Luxemburgo y Noruega- el informe hace una serie de precisiones. Básicamente, el bajo tipo impositivo con el que se gravan los capitales y la incidencia de este tipo de rentas en el conjunto del país.

Tipos impositivos inferiores

En el análisis tributario comparado se constata, desgrana el informe, que los países que mantienen la fiscalidad sobre el patrimonio en sentido literal tienen una tributación muy inferior a la que incluye el Impuesto de Solidaridad de la Grandes Fortunas español, que oscila entre el 1,75% y el 3,5% frente a tipos del 0,85% en Noruega, del 0,5% en Luxemburgo y del 0,24% al 3,39% en Suiza. Todos estos países, además, tienen una tributación de las rentas de capital inferior a la española, añade Freemarket.

Sí que hay gravámenes no a grandes fortunas como tal, sino de manifestaciones de superior riqueza en Francia, Italia y Países Bajos, pero los impuestos sobre el patrimonio se han suprimido en Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Suecia y Finlandia, en la mayoría de los casos al constatarse por parte de los Gobiernos la salida de capitales correlativa a su vigencia y su «injusto impacto sobre las empresas, amén de los incentivos para la evasión fiscal».

Contra el principio de igualdad tributaria

Por otra parte, el informe cuestiona la constitucionalidad de la redefinición el marco tributario del Gobierno. En concreto, se refiere en este punto al aumento de la fiscalidad sobre las rentas del capital, que escalan a tributaciones del 27% (para el tramo entre 200.000 y 300.000 euros) y al 28% por encima de los 300.000 euros. En este punto, el estudio considera que se conculca el principio de igualdad tributaria, al tener por objeto a un grupo específico de contribuyentes.

Aduce en este punto que la progresividad de los tributos ha de integrarse en un marco general, y no aplicarse de manera diferencial a los contribuyentes. En concreto, el gravamen de Solidaridad afectará previsiblemente a 23.000 contribuyentes y el alza de la tributación de las rentas de capital a 17.814, según cálculos de Freemarket a partir de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).