El Gobierno incluye a la banca extranjera en el impuesto al sector tras el toque del BCE

El Gobierno toma nota del dictamen emitido recientemente por el Banco Central Europeo (BCE) e incluirá a los bancos extranjeros en el nuevo impuesto al sector financiero. Así lo ha dejado registrado el Ejecutivo en una enmienda ante el Congreso de los Diputados, con la que da respuesta asimismo a una queja que venía formulando la banca española, que consideraba que este gravamen le perjudicaba a la hora de competir con otras entidades europeas.

En concreto, el nuevo gravamen incluirá «a las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras», según deja constancia el Gobierno en la enmienda, lo que afectará a firmas como BNP e ING y que permitirá al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero recaudar más de lo que había previsto inicialmente.

Según las estimaciones del Ejecutivo, sujetas ahora a revisión, el sector en su conjunto abonará en torno a 3.000 millones a las arcas públicas en 2023 y 2024 con este tributo. Atendiendo a las líneas marcadas por el Gobierno en su proposición de ley en proceso de tramitación, los bancos con unos ingresos netos por intereses más comisiones superiores a los 800 millones en 2019 deberán pagar al Estado un 4,8% de la suma de ambas partidas que cosechen por su actividad en España en 2022 y 2023.

Ahora, el tributo «se extiende a todas aquellas entidades radicadas en España que, por su tamaño, importancia económica u otras características quedan bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo, todo ello con la finalidad de no alterar la competencia en el mercado, favoreciendo la igualdad de condiciones», según recoge el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Dictamen del BCE

El BCE hizo público recientemente un dictamen muy crítico con la medida, y entre sus objeciones figuraba que «la aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria», un requisito que el Gobierno ahora ha eliminado al incluir a entidades extranjeras en el nuevo gravamen.

Asimismo, el BCE encomendaba al Gobierno a que lleve a cabo un «análisis exhaustivo» sobre las posibles consecuencias negativas para el sector bancario y le urgía a paralizar la tramitación del impuesto: «La imposición de impuestos o gravámenes ad hoc a las entidades de crédito con fines presupuestarios generales debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, al objeto de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real», advertía el informe.

«Esta recomendación -añadía el informe, que no es vinculante- es especialmente pertinente en el actual entorno económico y financiero, que presenta una gran incertidumbre, y ante la perspectiva de que las provisiones para pérdidas crediticias de las entidades de crédito aumenten debido a la acusada ralentización prevista de la actividad económica real».

Asimismo, el supervisor bancario europeo pedía al Ejecutivo que tenga en cuenta «que las entidades de crédito ya han tenido que registrar provisiones más elevadas con respecto a su exposición a empresas no financieras activas en sectores con un elevado consumo energético».