El Gobierno exige al inversor de Abengoa que mantenga toda la plantilla aunque sea inviable
El Ejecutivo quiere pacificar a la compañía y a los sindicatos de cara a las elecciones municipales y generales del próximo año
La ministra de Industria, Reyes Maroto, tras la reunión con Abengoa en verano para valorar posibles soluciones para la empresa. | Agencias
El Gobierno ha exigido a los gestores de Abengoa que el nuevo dueño de la compañía mantenga todo el empleo de Abenewco 1 y de sus sociedades filiales, pese a que los análisis técnicos y económicos dicen que es inviable mantenerse a flote con los más de 2.000 puestos de trabajo que tienen en la actualidad. Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, esta condición condena al fracaso el futuro de la ingeniera andaluza y no hará más que prolongar una agonía que ya se mantiene por casi una década.
Como ya informó este diario, el elegido para comprar los activos de Abenewco 1 fue Urbas, pero deberá superar un último trámite en los juzgados para quedarse con la compañía. Abengoa presentó el pasado 28 de octubre la solicitud de concurso de acreedores voluntario de las sociedades que estaban en preconcurso acompañada además por la oferta de la compañía española, que se estima en unos 200 a 300 millones de euros.
Esto significa que, a partir de ahora, se abre un proceso competitivo en sede judicial en el que la propuesta vinculante de Urbas podría tener rivales si es que se presentan otras ofertas competitivas. Sin embargo, estas nuevas ofertas se están viendo truncadas por las exigencias del Ejecutivo, que ponen en riesgo la viabilidad de la compañía.
Perímetro de Abengoa
Las fuentes consultadas por este diario sospechan que el Gobierno quiere colgarse la medalla del rescate de Abengoa sin importarle su futuro más inmediato. Indican que las motivaciones son solo políticas, y que buscan pacificar a la compañía y a los sindicatos de cara a las elecciones municipales y generales del próximo año, aunque esto suponga que la empresa termine quebrando en el mediano plazo.
Lo cierto es que el Gobierno manifestó antes del verano que su interés era salvar solo el perímetro más valioso de Abengoa. Sin embargo, con el paso de los meses y tras la foto de la ministra de Industria, Reyes Maroto, con los directivos de la compañía en julio, el Ejecutivo ha cambiado de opinión y ha optado por una solución «cortoplacista y electoralista», según las fuentes consultadas.
El caso es que las cuentas de Abenewco 1 no dan para mantener la totalidad de la plantilla. Es urgente reducir el perímetro, sanear la compañía y renegociar la deuda, si es que quiere tener una mínima posibilidad de que sea viable en el futuro. Según informó este diario, la deuda financiera de todas sus sociedades en preconcurso se sitúa en los 1.513,7 millones, con 86,1 millones adeudados a las Administraciones públicas (Hacienda y la Seguridad Social) y otros 54,4 millones en avales en riesgo inmediato de ejecución.
Entorno económico
A esto hay que sumar el entorno económico negativo con una recesión mundial a las puertas de Europa -y una evidente caída de la contratación de obras de infraestructuras-, y una nueva ley concursal con muchas lagunas y poco desarrollo que no está en sintonía con la actual ley laboral. Un cóctel que frena a cualquier interesado para presentar una propuesta solvente intentando mantener el empleo.
La oferta elegida por Abengoa y el Gobierno fue la de Urbas, entre otras cosas, porque garantiza todo el empleo en la compañía, pero además porque estaba avalada por el antiguo equipo gestor de Abenewco 1 liderado por Mario Pestaña, exasesor legal de la compañía andaluza. Histórico de la banca de inversión Pestaña, tiene buena relación con el Banco Santander, líder del pool bancario de acreedores de la empresa.
Sin embargo, la sociedad está inmersa en varios procesos judiciales. Urbas está acusada por supuestas irregularidades en la ampliación de capital del año 2015, lo que motivó la apertura de juicio oral de la Audiencia Nacional contra el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, su predecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y 12 directivos.
Por otro lado, un fondo oportunista le reclama cuatro millones como antiguo avalista de una promoción en Vera (Almería). En este sentido, una jueza ha decretado el embargo de sus cuentas, fallo que Urbas ha recurrido hasta en dos ocasiones. Por otro lado, en la lista de morosos del Ministerio de Hacienda publicada en verano de este año, la compañía entró con una deuda de 904.303,55 euros, mientras que Juan Antonio Acedo figura con una deuda cercana a los 7,5 millones.
