El Gobierno prevé una fuerte reducción en las ayudas al transporte y combustibles para 2023

El Gobierno tiene sobre la mesa la renovación de las ayudas a los combustibles y a los transportes para el año 2023, aunque todo parece indicar que se realizará una fuerte reducción, tanto del montante destinado a estos beneficios como en el número de beneficiarios. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el plan de los ministerios económicos pasa por una renovación selectiva con un menor impacto en las cuentas públicas, aunque se reconoce que la decisión final la tomará el presidente de Gobierno y que ésta podría ser contraria a los criterios técnicos.

Después de que en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se prorrogara para todo el próximo año la gratuidad de los trenes de media y larga distancia, solo hay dos grandes ayudas pendientes de renovación: los 20 céntimos de los combustibles y las subvenciones al transporte urbano. Un análisis que está en manos del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

La ayuda directa a los carburantes está en vigor desde el 1 de abril y la bonificación a los ayuntamientos para rebajar la factura de los autobuses y metros urbanos se ha aplicado desde el 1 de septiembre con rebajas del 50% en el precio de estos transportes, aunque un 30% está bonificado directamente por el Gobierno central.

Ayudas a la gasolina

En cuanto a los 20 céntimos, la clave estará en quiénes serán los beneficiarios a partir del 1 de enero, ya que está claro que se mantendrá el descuento el próximo año. Las razones que llevaron a aprobarlo no han variado demasiado: el coste del diésel y las gasolinas sigue en máximos y está prácticamente al mismo nivel que en mayo, cuando se decidió implementarlo. Actualmente se paga 1,9 euros por el litro de diésel y 1,7 por las gasolinas, unas cifras difícilmente asumibles sin las ayudas actualmente en vigor.

El gran problema es su coste. Según el Plan Presupuestario para el próximo ejercicio remitido a la Comisión Europea, el coste para las arcas públicas de la medida ha sido de 6.027 millones de euros considerando su vigencia de abril a diciembre. Esto supone que el coste por cada trimestre es de poco más de 2.000 millones en abonos directos a las gasolineras. Es así como la renovación se haría trimestre a trimestre para mitigar su impacto y evaluar periódicamente su utilidad.

Al interior del Gobierno se reconoce que el coste de estas ayudas es alto y que estos recursos podrían ser necesarios para otro tipo de subvenciones en 2023 si es que la guerra continúa y la situación económica continúa. Es por ello por lo que la vicepresidenta primera Nadia Calviño; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; y esta misma semana la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, apuestan por subvenciones selectivas a los sectores mas vulnerables, «lo más focalizadas posible y sobre las personas que más lo necesitan».

Transportes locales

Una situación compleja ya que hasta la fecha ha sido imposible establecer un sistema de discriminación de este descuento por renta y que además sea de pago directo en gasolineras. En el Ministerio de Hacienda se trabaja a marchas forzadas para dar con la fórmula, una operativa que no se encontró en abril y que obligó a realizar la subvención de manera lineal para todos los españoles. En esta línea, se buscan otras maneras de compensar esta bonificación y ajustarla a la renta de los que realmente lo necesiten.

En el caso de la subvención a los transportes locales, en principio el Gobierno no tiene intención de mantener el 30% de subvención al metro y a los autobuses. En este caso, no es una decisión unilateral, ya que además implica negociaciones caso a caso con las principales ciudades como Madrid y Barcelona. El caso es que en el Ejecutivo hay cierto malestar porque los alcaldes han vendido esta subvención como propia y han intentado sacar rédito político olvidando que más de la mitad de las ayudas son estatales.

En este contexto, se teme que este tipo de ayudas se utilicen electoralmente, en especial por rivales políticos que quieran debilitar a la propia coalición de Gobierno de cara a las elecciones municipales de mayo del próximo año. El análisis que se hace en los ministerios económicos es que si los ayuntamientos quieren seguir con las subvenciones, pueden perfectamente costear el 20% o subir un porcentaje para hacerlo efectivo durante el año 2023.

Decisión de Sánchez

Por otro lado, se considera que el impacto del aumento del uso del transporte público no ha sido muy elevado y que los objetivos de reducción del uso del coche particular podrían cubrirse con las ayudas al transporte de media y larga distancia en vigor hasta diciembre de 2023.

En el caso de esta subvención el coste no es tan elevado como el de los combustibles. El Ministerio de Transportes hizo público que había concedido 256,5 millones de euros en ayudas a las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales para financiar el descuento del 30%: 164 millones a las comunidades autónomas y 92,5 millones a 181 entidades locales. Un coste anual de 1.000 millones para las arcas estatales.

Hasta aquí el análisis técnico, ya que en los ministerios económicos son conscientes de que todo está sujeto a la aprobación final del Presidente de Gobierno y que éste apurará hasta el final del año para tomar una decisión sobre estas ayudas. Los análisis técnicos dicen que lo normal sería aprobar medidas selectivas de transporte y circunscribir las del transporte a la financiación local, aunque la palabra final la tiene Moncloa y la situación de los combustibles y de la inflación al final de año tendrá la última palabra. Sánchez no quiere comprometer su último año de legislatura y hasta el momento ha demostrado que no teme abrazar medidas populistas, aunque económicamente no sean aconsejables.