Los fondos UE que sí se ejecutan solo llegan a administraciones públicas y no a empresas
Más de la mitad de las transferencias autorizadas se quedan en ministerios como Transportes y Movilidad, Educación y Formación Profesional o Trabajo
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager; durante la visita de la esta última a Madrid. | Zuma Press
Los fondos europeos están lejos de alcanzar la velocidad de crucero que promete la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aunque hay un puñado de proyectos que sí están llegando a la ciudadanía y que empiezan a impactar en sectores como la educación, la movilidad o la vivienda. El problema es que ninguno de ellos está destinado directamente a las empresas españolas dejando la gran mayoría de estos recursos autorizados en manos de la gestión de las administraciones públicas.
El Gobierno prometió hace dos años que buena parte de estos fondos estarían directamente dirigidos a las empresas españolas, pero la realidad indica que cuando se han cumplido diez meses de ejecución de este año 2022, el 70% de las transferencias y los proyectos autorizados no van directamente al tejido empresarial.
Por el contrario, se han transferido recursos a proyectos gestionados en exclusiva por las administraciones como zonas de bajas emisiones, por valor de 309 millones de euros; impulso de la formación profesional, por 434 millones de euros; o la puesta en marcha de aulas digitales e interactivas en colegios con una inversión de 285 millones, por citar algunos ejemplos.
6.347 millones de fondos
Según la última actualización de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la mayoría de las transferencias cursadas hasta la fecha se han destinado a ministerios como el de Transportes y Movilidad (1.748 millones), Educación y Formación Profesional (938 millones) y Trabajo y Economía Social (577 millones).
El último dato de la IGAE publicado indica que hasta septiembre se han autorizado transferencias por valor de 6.347 millones de euros de fondos europeos, lo que supone el 22,3% de los 28.447 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. De este montante, las tres carteras mencionadas anteriormente se llevan nada menos que el 51% de todo el dinero autorizado. Si sumamos el resto de proyectos autorizados, los fondos distribuidos para que los gestionen las administraciones públicas llegan al 70% del total adjudicado hasta la fecha.
De hecho, solo el ministerio de Transportes se lleva el 28% de todos los fondos autorizados y convirtiéndose en la cartera con mayor velocidad de ejecución. Dentro de sus proyectos emblemáticos encontramos la construcción de viviendas de alquiler social, con 500 millones de euros autorizados; la rehabilitación de edificios públicos para que sean más eficientes energéticamente, con 400 millones; la inversión en líneas de Alta Velocidad de Adif, con 377 millones; y la creación de zonas de bajas emisiones, con 309 millones.
Educación y Trabajo
El segundo ministerio con mayor volumen de pagos realizados a cuenta de los fondos europeos es el de Educación y Formación Profesional, que se lleva el 15% de todo el montante ejecutado. Dentro de esta cartera, el proyecto con mayor inversión autorizada es la formación y buen uso de las aulas digitales interactivas, con 284 millones de euros; el plan de choque de formación profesional de reskilling (trabajadores ya en activo), con 242 millones; un plan de choque para formación profesional para estudiantes, con 193 millones; y el proyecto de orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+, con 118 millones, dirigido especialmente a colegios y en manos de las autonomías.
El tercer ministerio por volumen de fondos europeos es el de Industria y Turismo, con 850 millones de euros (el 13% del total de pagos realizados), y es aquí donde encontramos los primeros programas que involucran a empresas. Su gran proyecto adjudicado es el plan de sostenibilidad turística en destinos por valor de 615 millones de euros, con inversión en ayuntamientos y autonomías. También se han aprobado 121 millones para apoyo al comercio, dentro de las que se incluyen 66 millones para la modernización de mercados municipales y áreas comerciales y 50 millones en líneas de ayuda al Fondo Tecnológico.
El cuarto ministerio al que se le ha autorizado más dinero es Trabajo y Economía Social con 577 millones, el 9% del total. De este montante, la totalidad se va a transferencias y «libramientos internos» al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A Sanidad se le han autorizado 422 millones de los que 393 millones responden al plan de renovación de tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Ingreso Mínimo Vital
Otros ministerios con importantes pagos realizados son Transición Ecológica y Reto Demográfico con 492 millones y Asuntos Económicos y Transformación Digital con 290 millones. Estos dos ministerios son los que tienen la responsabilidad de repartir el dinero entre empresas, pero su peso en el total autorizado hasta la fecha sigue siendo minoritario. Por el contrario, Cultura y Deporte se queda con 178 millones (con una subvención de 38 millones para el proyecto HAZ de RTVE), Ciencia e Innovación con 153 millones y Universidades con 125 millones.
Por su parte, y en otro tipo de planes sociales con cargo a los fondos europeos, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destina 107 millones de euros a un plan de apoyos y cuidados de larga duración, el Ministerio de Igualdad gasta 46 de sus 67 millones en la atención integral 24 horas a víctimas de violencia de género; y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dedica 108 millones al fomento del crecimiento inclusivo del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Una serie de proyectos que contrastan con el freno que se está produciendo en los Perte, los grandes proyectos vertebrados para que las empresas participasen de los fondos europeos. Los datos recopilados por este diario indican que hasta el momento solo se han repartido unos 2.500 de los 33.095 millones de euros comprometidos en los 11 proyectos que se han aprobado en el Consejo de Ministros.
Otros 7.200 millones se encuentran en convocatorias (2.100 millones sin entregar tras la adjudicación del Perte VEC), lo que todavía deja en el aire más de 23.000 millones, el 60% de todo el dinero prometido por el Gobierno en estos proyectos estratégicos. La última adjudicación del Perte del coche eléctrico, conocida hace unas semanas, fue el último jarro de agua fría para un conjunto de proyectos que, a la luz de los datos, se mantienen en una velocidad muy lenta de ejecución.
